La disputa por la jubilación de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz incorporó una nueva arista vinculada directamente con el futuro de la Caja de Previsión Social. Fernando Tanarro, abogado de Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández, sostuvo que la decisión previsional no solo es cuestionable desde el punto de vista constitucional, sino que también podría generar un efecto contrario al supuesto objetivo de fortalecer las cuentas del organismo.
En declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, el ex fiscal de Estado de Santa Cruz durante la gestión de Alicia Kirchner, fue contundente al analizar el impacto económico que tendría la salida de las tres magistradas y planteó una advertencia de mayor alcance: “Hay una intención clara que es la de entregar la Caja a Nación”.
El planteo de Tanarro se produjo luego de la reunión que las tres vocales mantuvieron con representantes de la Caja de Previsión Social. En paralelo, las magistradas rechazaron formalmente las jubilaciones a través de cartas documento ante el Correo Argentino en la que intimaron al organismo a dejar sin efecto los acuerdos del directorio en un plazo de 24 horas.
La presentación de Ludueña, obtenida en exclusiva por La Opinión Austral, sostiene que la decisión es “inoponible, improcedente, ilegal e inconstitucional” y que contradice la garantía de inamovilidad establecida por el artículo 128 de la Constitución provincial.
Tanarro apuntó al impacto sobre la Caja de Previsión Social
La discusión previsional no quedó limitada a la situación particular de las tres vocales. Durante el diálogo con La Opinión Austral, Tanarro fue consultado sobre si la salida de las magistradas podía representar una herramienta para mejorar las finanzas de la Caja de Previsión Social. “Es al revés. Esta es la forma de generar un mayor déficit en la Caja y viene con una intención clara que es la de entregar la Caja a Nación”.
“Esto lo venimos diciendo ya hace mucho”, sostuvo el abogado. Para Tanarro, el mecanismo utilizado genera una contradicción con cualquier intento de fortalecer financieramente el organismo previsional, porque la jubilación de las vocales abre simultáneamente la necesidad de cubrir las vacantes que eventualmente se produzcan en el Tribunal Superior de Justicia.
“Si yo jubilo compulsivamente, tengo que generar tres sueldos por acá y tres sueldos más por allá”Fernando Tanarro, abogado de las vocales del TSJ
El argumento económico del abogado se centra en el efecto que tendría la jubilación de las tres vocales sobre la estructura del Poder Judicial.
Tanarro explicó que, si las magistradas dejan sus cargos como consecuencia de la jubilación, será necesario designar reemplazantes para completar la integración del máximo tribunal provincial. “Esto, en vez de financiar la Caja, desfinancia, porque no hay que olvidarse que si yo jubilo compulsivamente, además tengo que generar tres sueldos por acá y tres sueldos más por allá”, sostuvo.
La explicación apunta a mostrar que el reconocimiento de nuevas jubilaciones no elimina las erogaciones vinculadas con los cargos que quedan vacantes, sino que puede generar simultáneamente obligaciones previsionales y nuevos costos salariales para el Estado.
“Esta jubilación compulsiva es absolutamente inconstitucional”Fernando Tanarro, abogado de las vocales del TSJ
Tanarro sintetizó su argumento de una manera directa: “Es una forma desfinanciar claramente la Caja y si yo lo hago compulsivamente a quienes no tienen interés en jubilarse, obviamente hay muchos cargos que los tengo que volver a cubrir, o sea, con lo cual genero un jubilado y genero un activo”.
La advertencia sobre el futuro del sistema previsional
La afirmación de Tanarro sobre una eventual entrega de la Caja de Previsión Social a Nación constituye uno de los planteos políticos más fuertes que coincide con la postura que manifestó el vocal por los activos de la Caja de Previsión Social, Cristián Sánchez, en declaraciones exclusivas a La Opinión Austral, el viernes pasado al confirmar que e directorio habái avanzado (sin su consentimiento y el de su par Viviana Carabajal) en las jubilaciones a través del decreto 608/24.
“Es una forma clarita de desfinanciar la Caja en una intención que yo vengo diciendo hace mucho, que es la de entregar la Caja”, afirmó.
Su interpretación es que una decisión de estas características no necesariamente contribuye a sanear el organismo. Por el contrario, sostiene que puede profundizar el desequilibrio entre los recursos disponibles y las obligaciones que debe afrontar el sistema.
El eje constitucional
El planteo económico de Tanarro se suma al cuestionamiento jurídico que la defensa realiza contra la jubilación de Paula Ludueña, Alicia Mercau y Reneé Fernández.
El abogado sostiene que la decisión de la Caja de Previsión Social a través del decreto 608/24, es incompatible con la Constitución provincial, específicamente con el artículo 128, que establece garantías para los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
“Esta jubilación compulsiva es absolutamente inconstitucional”, afirmó durante el móvil de La Opinión Austral.
Tanarro explicó que la Constitución establece un mecanismo específico para la remoción de los jueces del máximo tribunal.
“Hay un artículo de la Constitución que es muy clarito, que es el 128, que establece que los jueces no pueden ser, los jueces del Tribunal Superior no pueden ser removidos, sino a través de un juicio político”, sostuvo.
En consecuencia, cuestionó que una resolución previsional y un decreto puedan producir un efecto equivalente al desplazamiento de las magistradas.
“Por eso este tipo de jubilación a través de una directiva de la Caja y de un decreto violenta arbitrariamente la Constitución y no puede ser sostenida bajo ningún punto de vista”, afirmó.
Qué debería hacer la Caja, según la defensa
El planteo de Tanarro tiene un pedido concreto: “Para evitar llegar a judicializar toda esta situación tienen que retrotraer la resolución, dejarla sin efecto”, afirmó.
El abogado diferenció además esta discusión de la cuestión de fondo relacionada con el decreto 608/2024, que ya se encuentra judicializada. “El decreto ha sido judicializado y continuado por los canales de su judicialización”, explicó.
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