La disputa por la jubilación de tres vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz sumó un nuevo capítulo formal este martes tal como lo anticipó La Opinión Austral. Las juezas Paula Ludueña, Alicia de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández intimaron a la Caja de Previsión Social (CPS) a dejar sin efecto las decisiones mediante las cuales el organismo previsional dispuso sus jubilaciones.
La Opinión Austral accedió de manera exclusiva a una de las cartas documento presentadas ante el Correo Argentino. Se trata de la enviada por la doctora Paula Ludueña a la Caja de Previsión Social, en la que la vocal del máximo tribunal provincial rechazó formalmente el acuerdo previsional y cuestionó su legalidad y constitucionalidad.
La presentación está vinculada con el expediente de su trámite jubilatorio que se inició tiempo atrás cuando lo solicitó y el Acuerdo fechado el 14 de agosto de 2026, y encuadrado en el decreto provincial 608/2024, firmado por el presidente de la Caja de Previsión Social Pablo Pérez y los vocales por el Ejecutivo Harold Bark y Paola Carrillo.
En el documento, Ludueña deja asentado que nunca manifestó su voluntad de acceder al beneficio jubilatorio y reclamó que la decisión sea dejada sin efecto en un plazo de 24 horas. En caso contrario, anticipó que iniciará las acciones legales correspondientes.
La carta documento de Paula Ludueña
La intimación fue realizada mediante una carta documento presentada ante el Correo Argentino y dirigida a la Caja de Previsión Social. Allí, la vocal del Tribunal Superior de Justicia identifica el expediente y el acuerdo mediante el cual se le concedió la jubilación ordinaria.
El documento señala que se le concedió la jubilación ordinaria contra su voluntad de acogerse a la fecha a dicho beneficio. Allí mismo rechazó el “Acuerdo y su notificación por inoponible, improcedente, ilegal e inconstitucional, en atención a la inamovilidad que marca el artículo 128 de la Constitución provincial”.
En el cierre de la presentación, Ludueña exige que tanto el acuerdo como la notificación sean dejados sin efecto: “Caso contrario me reservo el derecho de iniciar las acciones legales correspondientes”, expresa la carta documento. La presentación lleva la firma de Paula Ludueña en su carácter de vocal del Tribunal Superior de Justicia.
El artículo 128, en el centro del planteo
El principal argumento constitucional de la presentación está relacionado con la inamovilidad de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
La carta documento sostiene que la jubilación dispuesta por la Caja de Previsión Social resulta incompatible con la garantía establecida por el artículo 128 de la Constitución de Santa Cruz.
El abogado Fernando Tanarro, representante legal de las tres vocales, habló en exclusiva con La Opinión Austral luego de la reunión que las magistradas mantuvieron con representantes de la Caja.
Tanarro fue categórico al cuestionar la medida y sostuvo que la jubilación compulsiva no puede ser utilizada como mecanismo para producir la salida de integrantes del máximo tribunal provincial. “Esta jubilación compulsiva es absolutamente inconstitucional”, afirmó el abogado.
Durante el móvil de La Opinión Austral, el ex fiscal de Estado de Santa Cruz durante la gestión de Alicia Kirchner, explicó que el planteo de la defensa se sostiene en el artículo 128 de la Constitución provincial.
“Hay un artículo de la Constitución que es muy clarito, que es el 128, que establece que los jueces no pueden ser, los jueces del Tribunal Superior no pueden ser removidos, sino a través de un juicio político”, sostuvo.
Para Tanarro, la utilización de una decisión administrativa de la Caja y de un decreto para producir la jubilación de las vocales constituye una vulneración de esa garantía constitucional.
“Por eso este tipo de jubilación a través de una directiva de la Caja y de un decreto violenta arbitrariamente la Constitución y no puede ser sostenida bajo ningún punto de vista”, afirmó.
Las tres vocales rechazaron la medida
La presentación de Ludueña no constituye una posición conjunta del Tribunal Superior de Justicia, sino una intimación individual realizada por una de las tres magistradas alcanzadas por la decisión de la Caja. Según explicó Tanarro, las tres vocales realizaron comunicaciones individuales para rechazar la jubilación compulsiva y las notificaron a la Caja de Previsión Social. “Son comunicaciones individuales de las tres vocales rechazando esta jubilación compulsiva. Hemos comunicado a la Caja y también lo vamos a comunicar al Tribunal Superior”, explicó.
De esta manera, Paula Ludueña, Alicia Mercau y Reneé Fernández dejaron formalmente asentado su rechazo a la decisión previsional.
La estrategia legal apunta ahora a que el organismo previsional revierta sus propios actos antes de que el conflicto avance hacia nuevas instancias judiciales.
El pedido tiene un plazo de 24 horas
Uno de los puntos centrales de la carta documento obtenida por La Opinión Austral es el plazo otorgado a la Caja de Previsión Social.
Ludueña exige que el acuerdo y la notificación sean dejados sin efecto en un plazo de 24 horas. En caso de no obtener una respuesta favorable, dejó expresamente planteada la posibilidad de iniciar acciones legales.
El emplazamiento coloca ahora a la Caja de Previsión Social ante la necesidad de responder a una presentación formal de una integrante del máximo tribunal provincial.
“Tienen que retrotraer la resolución, dejarla sin efecto”Fernando Tanarro, abogado de las tres vocales del TSJ
Luego del encuentro de las tres vocales con los representantes de la Caja de Previsión Social, Tanarro sostuvo que el camino para evitar una nueva judicialización del conflicto es que el organismo deje sin efecto la decisión.
“Para evitar llegar a judicializar toda esta situación tienen que retrotraer la resolución, dejarla sin efecto”, sostuvo.
El abogado explicó que el reclamo realizado ante la CPS tiene como objetivo inmediato revertir la situación previsional de las tres vocales. “Lo que nosotros acá estamos reclamando expresamente en este momento es que se retrotraiga la situación de las tres vocales del Tribunal Superior”, afirmó.
La defensa, por ahora, aguarda la respuesta del organismo previsional. “Hemos hecho unas comunicaciones y esperaremos la respuesta. A partir de la respuesta que tengamos, vamos a ver cómo seguimos”, explicó Tanarro.
También indicó que existen plazos establecidos para definir los próximos pasos y estimó que durante esta semana podría conocerse cómo continuará el conflicto.
Por otro lado, resta saber qué reacción tendrá el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Gabriel Contreras, y los restantes miembros de la cúpula del Poder Judicial, quienes representan la máxima autoridad del organismo como “empleador”, que es quien tiene que responder de manera oficial a la Caja de Previsión Social. Consultado sobre ese aspecto Tanarro dijo que “la idea es comunicarle al presidente porque es quien este tiene la el manejo administrativo del Tribunal Superior“.
El decreto 608 de Claudio Vidal y la discusión de fondo
La jubilación de las tres vocales está encuadrada en el decreto provincial 608/2024, una norma firmada por el gobernador Claudio Vidal, que también forma parte de la discusión judicial.
Tanarro confirmó que la cuestión vinculada con el decreto ya fue judicializada y que continúa por los canales correspondientes. En paralelo, el representante legal sostuvo que la situación concreta de las tres vocales requiere una respuesta específica de la Caja de Previsión Social.
La defensa considera que la decisión previsional no puede avanzar mientras las magistradas rechazan expresamente su voluntad de jubilarse y plantean que la medida afecta la garantía constitucional de inamovilidad.
La estabilidad de la Caja de Previsión Social
El conflicto también abrió una discusión sobre la situación financiera de la Caja de Previsión Social y el impacto que tendría la salida de las tres vocales del Tribunal Superior.
Tanarro rechazó que la medida pueda contribuir al saneamiento del organismo previsional. “Esta es la forma de generar un mayor déficit en la Caja”, afirmó.
El abogado explicó que la eventual jubilación de las tres magistradas no implicaría solamente el reconocimiento de nuevos beneficios previsionales, sino también la necesidad de cubrir los cargos que quedarían vacantes. “Si yo jubilo compulsivamente, además tengo tres jueces, tengo que designar otros tres. Es decir, que tengo que generar tres sueldos por acá y tres sueldos más por allá”, sostuvo.
Tanarro vinculó esta situación con su interpretación sobre el futuro del sistema previsional santacruceño y sostuvo que existe una intención de avanzar hacia una transferencia de la Caja. “Viene con una intención clara que es la de entregar la Caja a Nación”, afirmó.
Las próximas horas serán clave
Con la carta documento presentada por Paula Ludueña, el conflicto suma ahora una intimación formal y un plazo concreto para que la Caja de Previsión Social responda. La presentación no solo rechaza el Acuerdo sino que también cuestiona su legalidad y constitucionalidad y vincula directamente la situación con la garantía de inamovilidad prevista por la Constitución de Santa Cruz.
Mientras tanto, la representación legal de las tres magistradas mantiene abierta la vía judicial como alternativa ante una eventual negativa de la Caja a retrotraer la medida. “Si hay que recurrir a la Justicia, recurriremos a la Justicia”, afirmó Tanarro.
Pero además, resta conocer si el TSJ responderá formalmente a la CPS los acuerdos de jubilaciones de 10 expedientes, incluidos los de las vocales. El decreto 608, cuestionado, otorga hasta 180 días hábiles de prórroga. Esta notificación podría acelerar que se resuelva la cuestión de fondo: si una decisión previsional puede producir el cese de integrantes del Tribunal Superior de Justicia cuando las magistradas sostienen que la Constitución provincial garantiza su inamovilidad.
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