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En el marco de la primera sesión ordinaria del año de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que tuvo como eje central el tratamiento del proyecto de emergencia económica, finalmente devuelto al Poder Ejecutivo, también se realizó el sorteo para definir la integración de la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora de la Legislatura provincial.
Según pudo saber La Opinión Austral, ambos cuerpos quedaron conformados por doce diputados cada uno, quienes tendrán la responsabilidad institucional de intervenir en los eventuales procesos de juicio político contra funcionarios provinciales, tal como establece el marco constitucional y reglamentario de la provincia.
De esta manera, la Sala Acusadora quedó integrada por los siguientes legisladores:
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Luis Carlos Daniel Alegría.
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Claudia Fabiana Barrientos.
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Eloy Dante Echazú.
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Carlos Alberto Godoy.
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Santiago Jara.
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Fabiola Carolina Loreiro.
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Alfredo Fernando Martínez Alfaro.
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María Agostina Mora Doldan.
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Segundo Pedro Muñoz.
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Karina Alejandra Nieto.
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Cristian Eduardo Ojeda
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Segundo Abelardo Santana.
En tanto, la Sala Juzgadora quedó conformada por:
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Santiago Aberastain Zubimendi.
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José Ramón Bodlovic.
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Mario Piero Boffi.
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Luis Alberto Gallardo.
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María Rocío García.
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Adriana Isabel Nieto López.
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Daniel Román Peralta.
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Fernando Oscar Pérez.
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Elba Lorena Ponce.
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José Luis Quiroga.
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Carlos Alcides Santi.
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Claudia Patricia Urrutia.
¿Para qué sirven la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora?
En la estructura institucional de la Cámara de Diputados de Santa Cruz, ambas salas cumplen un rol fundamental en el procedimiento de juicio político, mecanismo previsto para investigar y eventualmente sancionar a determinados funcionarios públicos.
La Sala Acusadora es la encargada de analizar las denuncias o pedidos de juicio político y, en caso de encontrar fundamentos, formular la acusación formal contra el funcionario involucrado. Es decir, cumple un rol similar al de un fiscal dentro del proceso legislativo.
Por su parte, la Sala Juzgadora actúa como el órgano que evalúa la acusación y decide el resultado del proceso. En esa instancia se analizan las pruebas, los argumentos de la acusación y la defensa del funcionario, para luego determinar si corresponde o no aplicar sanciones, que pueden llegar hasta la destitución del cargo.
Este sistema busca garantizar un procedimiento institucional con separación de funciones dentro de la propia Legislatura, evitando que el mismo cuerpo que acusa sea el que finalmente dicte la resolución del caso.
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