Paula Ernestina Ludueña Campos rompió el silencio público después de que se conociera que la Caja de Previsión Social de Santa Cruz (CPS) otorgó las jubilaciones de las vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Reneé Fernández, Alicia de los Ángeles Mercau y a ella misma.
La magistrada, que no suele realizar declaraciones públicas ni brindar entrevistas a medios de comunicación, utilizó sus redes sociales para cuestionar la decisión y dejar en claro que ninguna de las tres había presentado su renuncia.
“Gracias a todos por los mensajes, pero NO, ninguna de las tres renunció, solo iniciamos los trámites. Es una jubilación compulsiva, luego de tantos juicios políticos fallidos llegaron a esto”, publicó Ludueña este sábado a la tarde .
La definición agrega un nuevo capítulo a una disputa institucional que atraviesa al Poder Judicial de Santa Cruz y que tiene, ahora, como uno de sus ejes al Decreto 608/24, la norma impulsada por el gobernador Claudio Vidal que modificó el procedimiento para quienes reúnen las condiciones para acceder a una jubilación dentro del sistema previsional provincial.
La Caja de Previsión Social aprobó el viernes 14 de agosto las primeras 27 jubilaciones alcanzadas por ese decreto, durante una reunión extraordinaria de Directorio. Entre ellas se encuentran cinco integrantes del Poder Judicial y las tres vocales del máximo tribunal, pudo saber La Opinión Austral.
La medida generó cuestionamientos del vocal por los trabajadores activos, Cristian Sánchez, quien participó de la reunión y luego dialogó en exclusiva con La Opinión Austral.
“Ninguna de las tres renunció”
Paula Ludueña, vocal del TSJ de Santa Cruz
La publicación de Ludueña tiene particular relevancia por tratarse de una magistrada que habitualmente mantiene un perfil público bajo y que no suele realizar manifestaciones ante los medios, más allá de algunas cuestiones institucionales y apariciones públicas en actos protocolares.
Su mensaje fue difundido luego de que La Opinión Austral informara en tapa y con detalles exclusivos la decisión de la Caja de Previsión Social de otorgar los beneficios jubilatorios a las tres vocales del Tribunal Superior. “Ninguna de las tres renunció, solo iniciamos los trámites”, afirmó Ludueña.
La reacción coincide con la interpretación que hizo el vocal por los activos, Cristian Sánchez, durante la entrevista realizada minutos después de la reunión extraordinaria del organismo previsional. “Con este decreto lo que hace es directamente es jubilarte de manera forzosa”.
La controversia, sin embargo, tiene otra interpretación. Desde la Caja de Previsión Social indicaron a La Opinión Austral que las personas alcanzadas por las resoluciones habían iniciado los trámites y completado la documentación correspondiente. “Todas estas personas iniciaron el trámite, llenaron un formulario que reviste como declaración jurada”, explicaron desde el organismo.
Juicios políticos fallidos
La referencia de Ludueña a los “juicios políticos fallidos” se produce en un contexto de enfrentamiento institucional entre el Poder Ejecutivo y distintos integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
El antecedente más reciente ocurrió el jueves 13 de agosto de 2026, cuando la Sala Acusadora de la Legislatura de Santa Cruz rechazó el pedido de juicio político contra cuatro integrantes del máximo tribunal: Reneé Fernández, Alicia Mercau, Paula Ludueña Campos y Fernando Basanta.
La votación, secreta, terminó con nueve votos negativos, dos positivos y una abstención. Un día después el directorio de la Caja de Previsión Social aprobó las 27 jubilaciones, con los votos del presidente del organismo Pablo Pérez y los vocales Harold Bark y Paola Carrillo. El vocal por los activos, Cristian Sánchez y la vocal por los pasivos, Viviana Carabajal, se levantaron de la reunión en disidencia.
Los anteriores pedidos de juicio político fueron a Reneé Guadalupe Fernández y, el que más avanzó, a Fernando Basanta, que fue rechazado.
El primer pedido de juicio político
El conflicto entre Ludueña y el Poder Ejecutivo, de todos modos, tiene antecedentes anteriores. En marzo de 2024, el gobernador Claudio Vidal presentó ante la Legislatura un pedido de juicio político contra Paula Ludueña Campos, quien por entonces era presidenta del Tribunal Superior de Justicia.
La presentación cuestionaba su actuación en expedientes relacionados con pedidos de jury contra funcionarios judiciales de Caleta Olivia.
Entre los principales argumentos planteados por el Ejecutivo se encontraba la demora de más de cinco años para dar trámite a uno de esos expedientes.
El pedido también señalaba que en otra causa el trámite habría avanzado hasta que el magistrado involucrado se jubiló, circunstancia que, según la acusación, habría dejado sin efecto práctico el proceso.
Vidal sostuvo entonces que existían elementos para considerar un presunto mal desempeño y otras causales vinculadas con el ejercicio de la función judicial.
La presentación generó una fuerte reacción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Santa Cruz, que cuestionó el avance del Ejecutivo sobre una integrante del máximo tribunal.
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