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Convocada por el vicegobernador Fabián Leguizamón, este jueves tuvo lugar una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, con el objetivo de debatir los pliegos de las cuatro ternas enviadas por el Poder Ejecutivo para la ampliación de miembros – de cinco a nueve vocales- del Tribunal Superior de Justicia.

Respecto a la sesión que, a pesar de la medida de la jueza Marcela Quintana, se desarrolló, el concejal de Río Gallegos y exdiputado, Martín Chávez manifestó a La Opinión Austral: “Son momentos donde hay que actuar con cautela, este es un hecho de suma gravedad institucional, están violando el reglamento interno del funcionamiento de la propia Cámara, intentando llevar al recinto proyectos sin los correspondientes despachos de comisiones, tanto la constitución como el reglamento interno no están siendo respetados”.

El edil sostuvo que “este tema no forma parte de la ciudadanía, las necesidades de nuestra provincia pasan por la inflación, por la demanda de trabajo, por las gravísimas falencias que hay en el sistema educativo, escuelas que tienen en funcionamiento sólo dos aulas, por las terribles carencias que tiene el sistema sanitario de salud pública, está viciada la legitimidad y ahora también la legalidad porque se está violando el proceso de designación, siendo que hay una causa con orden judicial”.

En este marco, Chávez llamó “a la reflexión, a la cautela y al pleno respeto de las órdenes judiciales”.

Cabe mencionar que una vez finalizada la sesión, en entrevista exclusiva con este medio, el vicegobernador Fabián Leguizamón afirmó que  “la notificación de la jueza Marcela Quintana recién nos llegó a la Cámara después de la sesión”.

Por otra parte, Chávez fue consultado sobre lo que fue la designación de Fernando Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia, contra la que la Asociación de Abogados de Río Gallegos y otros profesionales del foro presentaron una acción de amparo en septiembre de 2022 que finalmente fue rechazada este mes.

Los cinco jueces del TSJ de Santa Cruz: Reneé Guadalupe Fernández, María De Los Ángeles Mercau, Daniel Mauricio Mariani, Paula Ludueña y Fernando Basanta.

“En su momento tuve la orden de mis compañeros de trabajar como miembro informante, hoy no hay miembro informante porque no hay despacho de comisión, eso es una irregularidad y una ilegalidad”, apuntó Chávez, quien en aquél entonces era diputado.

La acción de amparo planteaba la posible inconstitucionalidad de la designación de Basanta, señalando cuestiones vinculadas al juez natural, la idoneidad y la prohibición de arbitrariedad, según lo previsto por la Constitución Nacional.

Este mes, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz rechazó el amparo contra la designación de Fernando Basanta como vocal del Tribunal.

El ejercicio de la abogacía no refiere a la matriculación, uno puede llevar adelante la abogacía a través de la actividad académica, la actividad científica, siendo asesor en un ente público, en una empresa privada, incluso en un organismo internacional y eso es el ejercicio de la abogacía, al cual se refiere la Constitución Nacional y así lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, manifestó.

En este marco, Chávez marcó que “desde las filas del peronismo, estamos acostumbrados a la persecución, hemos sufrido el peor agravio, hemos tenido en la historia desaparecidos, asesinados, hoy en democracia no existen esas cosas, pero sí existe la persecución judicial y este es un sistema que tiene la persecución personal por motivos políticos, pensemos el claro ejemplo de la mayor dirigente a nivel nacional que hoy se encuentra detenida ilegal e injustamente para no poder participar de las elecciones y es lo que se busca en Santa Cruz”.

“Hoy el partido gobernante a nivel provincial persigue a las personas a nivel personal, en sus trabajos y en redes sociales. A nivel personal, he sufrido distintos tipos de persecución“, señaló.

“El partido gobernante a nivel provincial persigue a las personas a nivel personal, en sus trabajos y en redes sociales”.

Concluyendo, subrayó que “si lo que queremos es garantizar el acceso a la justicia, tenemos localidades como Gobernador Gregores, Los Antiguos o Perito Moreno, que no cuentan con tribunales de primera instancia. Ante los miles de despidos que hay en el petróleo, los que se producen en la pesca, no tenemos justicia especializada en materia de trabajo, pensemos en los miles de hechos que se dan en violencia doméstica, por qué no podemos tener una justicia especializada o potenciar la OVD, esas serían verdaderas decisiones que podrían avanzar en una mejora en la calidad de servicio de justicia”.

“Todos los argumentos que se esgrimieron, como el aumento demográfico que tiene Santa Cruz, pensemos que ni la provincia de Buenos Aires, que es la más numerosa, tiene nueve miembros, la Corte Suprema de Justicia que tramita cientos de miles de causas está funcionando con tres sujetos… si tres personas pueden atender el vértice de la justicia del sistema jurídico nacional ¿por qué en Santa Cruz vamos a poner nueve’. Los sueldos de estos cuatro jueces equivalen a 280 salarios de docentes o 180 salarios de médicos y medicas para nuestra provincia“, expuso.

Es una decisión carente de sentido común y que tiende a proteger a las personas que se encuentran procesadas en búsqueda de impunidad y además de persecución personal por motivos políticos”, cerró Chávez.

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