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El ministro de Economía de Santa Cruz, Ezequiel Verbes, analizó la situación financiera de la provincia en diálogo con LU12 AM680. Detalló el impacto de los proyectos enviados a la Legislatura, la discusión con los municipios por las deudas previsionales y las alternativas para garantizar el funcionamiento del Estado.
Al inicio abordó el proyecto de Ley de Financiamiento Estratégico. “Venimos explicando los alcances y los motivos que justifican la posibilidad de que Santa Cruz tome una decisión, porque lo contrario es condenarla a la pobreza. La provincia puede salir adelante si genera recursos propios“, aseguró.
Advirtió por el escenario nacional: “El contexto nacional no es bueno y la mirada del Gobierno nacional ha cambiado con respecto a las provincias”, señaló y consideró que Provincia debe recalcular su estrategia. “Tenemos que buscar la manera de tomar decisiones y dar soluciones definitivas en cuestiones estratégicas de empleo y de vivienda. Todos los proyectos previstos están en la Cámara de Diputados”, añadió.
“No es un proyecto de ley menor ni una cuestión de corto plazo. Se trata de soluciones definitivas, de obras que van a quedar por décadas y que van a generar empleo, recursos y la posibilidad de que se instalen empresas con energía a un costo razonable“, argumentó.
Para graficar el impacto de las falencias en infraestructura, recordó que “en Gobernador Gregores una minera se retiró por este motivo. Si se lograse concluir el Interconectado Nacional que llega a esa localidad, el yacimiento Manantial Espejo estaría en condiciones de seguir operando”, ejemplificó.
Asimismo, reconoció que estos debates técnicos requieren una mayor cercanía con la comunidad. “Es una discusión que conlleva mucha información y por eso la idea es acercarnos a los vecinos en las localidades y a los concejales. Las intendencias están al tanto, pero el vecino de Piedra Buena necesita un mayor grado de información a la que normalmente circula”, puntualizó.
Fallo de la Corte y deudas municipales
Al ser consultado sobre lo señalado por los intedentes de la oposición que el gobierno quiere que apoyen la Ley de Financiamienjto Estratégico a cambio de no quitar recursos de la coparticipación, respondió: “Son dos temas distintos. Se trata de una ley vigente que se había detenido hace un par de años por un amparo presentado por la Municipalidad de Río Gallegos. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó que ese amparo no es válido, que no tiene sustento y que la ley está plenamente vigente”, explico.
“Esa discusión tiene que ver con que los municipios no realizan los aportes a las cajas, afectando tanto a las retenciones del personal, que se les descuentan del sueldo a los empleados, como a las contribuciones patronales”, completó.
Si bien se mostró comprensivo con la crisis actual, remarcó el destino prioritario de esos fondos. “Somos conscientes de que la situación es muy complicada. Lo venimos planteando de manera transparente desde el armado del presupuesto del año pasado. Ahora, más allá de que los recursos no alcancen, la realidad es que la deuda está vigente y que esa plata es de los jubilados. Esa es la discusión”, enfatizó.
Bajo esa premisa se convocó a las reuniones de trabajo con los jefes comunales durante las últimas jornadas. “Convocamos justamente para escuchar qué alternativas tienen. Existe un gran nivel de desinformación, ya que los municipios no publican datos sobre lo que recaudan, lo que gastan ni lo que pagan en sueldos”, reprochó.
En ese punto, diferenció la política informativa del Ejecutivo de Santa Cruz. “La provincia dio un salto en transparencia desde 2024 para que los datos sean públicos. Para tomar decisiones correctas necesitamos información, porque de lo contrario se trabaja sobre un mal diagnóstico. Nos estamos sentando a escucharlos para que surjan distintas propuestas”, agregó.
Debate de la Coparticipación
Respecto a si la provincia ya definió avanzar con los descuentos a los municipios deudores de ambas caja, aclaró que la prioridad actual es el consenso. Sin embargo, diferenció los tiempos del déficit previsional de las urgencias de la obra social estatal.
“La decisión de Provincia es convocar a cada uno de los intendentes para escuchar alternativas. Una cuestión es analizar cómo financiar el déficit presupuestado de 338.000 millones de pesos de la Caja de Previsión para pagar las jubilaciones. Pero el tema de la Caja de Servicios Sociales tiene otra complejidad mucho más grave, que está ligada a las derivaciones de pacientes y al pago de la deuda sanitaria“, detalló.
La salud, desde su óptica, requiere soluciones inmediatas. “Cuando hay que comprar un medicamento que cuesta 100 millones de pesos, hay que hacerlo de inmediato. No hay tiempo para ponerse a discutir de política. Les planteamos analizar las ideas propuestas por ambas partes para empezar a solucionar esto de forma urgente. No podemos seguir mirando para otro lado”, enfatizó.
Esa misma urgencia es la que vuelve inviable abrir la discusión para modificar la Ley de Coparticipación Provincial en el contexto actual. “Discutir la ley de coparticipación con la misma cantidad o menores recursos es imposible. Es un debate histórico que nunca se profundiza. El 95% de la inversión que hace el Estado en seguridad, salud y educación se destina a gastos salariales. Es una situación similar a cuando la Nación transfirió las escuelas a las provincias hace años”, comparó.
Alterar el reparto primario sin expandir los ingresos globales carece de sentido práctico. “Es una discusión que puede llevar años y requiere el acuerdo de todas las partes. Mientras tanto, las jubilaciones del mes que viene y los medicamentos de cada día se tienen que pagar hoy. Si no se incrementa la masa coparticipable, es una discusión de pobreza porque todos van a recibir menos. Se podrá rediscutir seriamente cuando existan mayores recursos”, argumentó.
Proyectos legislativos y financiamiento
Ante este panorama, vinculó la posibilidad de aliviar las cuentas locales a los proyectos económicos trabados en la Cámara de Diputados. “El Poder Ejecutivo envió iniciativas a la Legislatura que todavía no fueron tratadas. Mandamos una ley de emergencia que ni siquiera tomó estado parlamentario porque le mintieron a la gente. También presentamos el proyecto de financiamiento estratégico, que contempla un esquema a 10 años con cuatro de gracia e inyectaría cerca de 900.000 millones de pesos de inversión en Santa Cruz”, repasó.
Desde su área insisten en que los beneficios de la toma de crédito están respaldados por las garantías provinciales. “Inyectar semejante cantidad de recursos a través de obras generará más ingresos, menos gastos operativos y empleo inmediato en las localidades. Negarse a discutir una alternativa de financiamiento a largo plazo, con bajo costo y teniendo los recursos garantizados, es un error. Resuelve la discusión de fondo“, remarcó.
Gabinete de Javier Milei
Finalmente, evaluó el nuevo escenario nacional y el impacto que podría tener el desembarco de Diego Santilli en la Jefatura de Gabinete de la Nación para destrabar programas de asistencia. Aclaró que, más allá de las expectativas, Santa Cruz ya avanza de manera autónoma en el mercado financiero.
“Estamos gestionando distintos tipos de asistencia y herramientas financieras en pesos, dado que la Cámara de Diputados todavía no aprobó la Ley de Financiamiento Estratégico. Como ese proyecto es para inversiones y también debemos cubrir el déficit presupuestario actual, buscamos alternativas inmediatas con el Gobierno Nacional, entidades financieras y organismos multilaterales, siempre dentro del marco legal”, concluyó.
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