Aníbal Fernández realizó una denuncia penal en el Juzgado Federal de Río Gallegos en contra de los extrabajadores de YCRT que llevaron adelante medidas de fuerza en el yacimiento de Río Turbio, amenazando a las autoridades.
Según indica el documento al que accedió en exclusiva La Opinión Austral, tres personas ingresaron el 22 de junio pasado a las 10:30 de la mañana, “sin autorización al edificio central de la empresa y se encadenaron, señalando que no se iban a retirar hasta que el interventor se hiciera presente en el lugar”.
La denuncia señaló que formarían parte de un grupo conocido como “los 79”, se trata de extrabajadores que quedaron cesanteados al inicio de la gestión de Omar Zeidán, interventor de la minera estatal en el gobierno de Cambiemos.
FOTO: JANINA RAMOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.
Ante lo sucedido, la Gerencia de Recursos Humanos requirió la presencia de Gendarmería Nacional –Escuadrón 43- que dialogó con los manifestantes y los persuadió de abandonar el reclamo.
Aníbal Fernández en su encuentro con Alicia Kirchner
Seguidamente, la minera estatal generó una mesa de diálogo y se les explicó que la pretensión de ser reincorporados era “irrealizable” debido a que los tres encadenados fueron cesanteados varios años atrás. A cambio, les recomendaron “los canales ordinarios de solicitud laboral”.
Los manifestantes cortaron la complementaria 20, interrumpiendo el ingreso a Turbio. FOTO: JANINA RAMOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.
Según consta en la denuncia, “los ocupantes comenzaron a violentarse y entre insultos –junto a los restantes manifestantes- comenzaron a incendiar el ingreso de la administración y playa de estacionamiento”. Esa jornada, el edificio de YCRT debió ser evacuado y las tareas laborales interrumpidas.
Pero el reclamo no fue abandonado. Se trasladaron hacia el ingreso de Río Turbio y se apostaron en la ruta complementaria 20. Desde la semana pasada, los manifestantes cortaban media calzada generando una serie de inconvenientes a los trabajadores de Yacimientos Carboníferos, pero ayer avanzaron en el corte total del camino, liberándolo cada diez minutos.
Atentado
Pero los acontecimientos se agravaron. Así, el 24 de junio pasado, el gerente de Administración de Recursos Humanos -Facundo Grigüella– fue “víctima de un atentado contra su integridad mientras se encontraba en una de las casas de servicios”.
Algunas de las ventanas rotas en la casa de YCRT. FOTO: JANINA RAMOS / LA OPINIÓN AUSTRAL.
La Intervención de YCRT denunció que uno de los vidrios de la vivienda fue “impactado y destruido por uno o varios proyectiles de un arma de aire comprimido”. La vivienda quedó custodiada.
En este punto, Aníbal Fernández aseguró que el día previo funcionarios de la empresa estatal “prestaron declaración ante Gendarmería Nacional” por la ocupación ya descripta.
Seguridad
La denuncia judicial de Aníbal Fernández apunta –a prima facie– las figuras de “coacciones calificadas”; “compulsión física laboral en perjuicio de la libertad de trabajo”; “usurpación”; “daño calificado”, e “incendio”, todos reprimidos por el Código Penal de la Nación.
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Las imputaciones realizadas abarcan a los autores y a todos aquellos que durante el curso de la investigación sean determinados como co-autores, cómplices, instigadores o encubridores.
Asimismo, YCRT solicitó a la Justicia que “ordene las medidas de seguridad –con la urgencia que el caso amerita- que considere pertinente” buscando evitar que sea dañado el patrimonio público y poniendo en riesgo a empleados y funcionarios de la empresa.
El exjefe de Gabinete de la Nación observó que es su deber de su función “impedir” que sea dañada “la inversión pública” que permite “el funcionamiento del yacimiento” prevaleciendo el “servicio público esencial que presta el yacimiento” ante las conductas de “personas que pretenden imponer por la fuerza sus ilegítimas pretensiones”.
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Aclaró que “ni pretendo, ni necesito, ningún tipo de custodia”, al tiempo que ratificó que “seguirá trabajando normalmente” sin necesitar “colaboración judicial alguna” para dar cumplimiento a sus deberes como interventor. La misión es poner a producir la compañía para agregar valor al carbón santacruceño y producir energía para ser inyectada al Interconectado Nacional en beneficio del país.
En esta línea, señaló que “los amedrentamientos protagonizados por las personas indeterminadas que denuncio no tienen entidad para apartarme en un ápice del cumplimiento de los deberes que tengo a cargo como interventor de YCRT”.
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