El 2020 no fue un año sencillo para nadie. Mucho menos para las personas privadas de su libertad, que el poco contacto que tenían con el exterior les fue denegado por la emergencia sanitaria.

 

En el marco de la pandemia, y entendiendo que las prisiones podrían ser focos de infección debido a posibles “superpoblaciones”, el decreto de necesidad y urgencia firmado por Alberto Fernández dispuso que los detenidos pierdan el beneficio de las visitas.

 

 

A partir de algunas flexibilizaciones, tanto el Servicio Penitenciario Federal, como los servicios provinciales, luego de meses de encierro, comenzaron a habilitar algunas visitas de las personas privadas de su libertad con sus seres queridos.

 

De igual manera, esas visitas están lejos de ser las que eran en la época pre pandemia. Ya no se permiten abrazos ni besos. Los protocolos -al menos en Santa Cruz– establecen que sólo una persona visite a su allegado detenido con una distancia de dos metros.

 

Esas visitas están lejos de ser las que eran en la época pre pandemia

 

La situación en la Unidad 15 de Río Gallegos en el marco de la pandemia no fue fácil. Tal como lo informó La Opinión Austral, cuando el brote de coronavirus comenzó en nuestra ciudad capital, las personas privadas de su libertad en la cárcel federal no quedaron exentas.

 

En septiembre, se llegaron a registrar 30 contagios, es decir, la mitad de los internos. “En realidad nos contagiamos todos, pero sólo hisoparon a la mitad”, llegaron a denunciar los detenidos en esa oportunidad.

 

En realidad nos contagiamos todos, pero sólo hisoparon a la mitad

 

 

Por fortuna, no hubo que registrar fallecimientos de privados de su libertad. “Aunque muchos quedaron con algunas secuelas respiratorias que no fueron atendidas”, aseguró Ramón Solari, referente de los detenidos en la cárcel ubicada en la avenida Kirchner.

 

muchos quedaron con algunas secuelas respiratorias que no fueron atendidas

 

Luego que todos transitaran el virus, solicitaron que les permitan donar plasma. Esto se dio en consonancia al fallecimiento de Favio Guantay, un hombre que en su momento estuvo preso en la Unidad 15, compañero de varios internos, que había hecho una carrera universitaria en el INSET.

 

Hoy, con la apertura de nuevas actividades, y entendiendo que todos los presos superaron el COVID, realizaron la presentación formal de un hábeas corpus a la Justicia, para volver a tener visitas conyugales a un año desde que comenzó la pandemia.

 

La Opinión Austral obtuvo una copia de la nota y te cuenta detalles de la misma. Fue firmada por cincuenta de los sesenta detenidos en la Unidad 15 y elevada al Juzgado Federal de Río Gallegos.

La nota presentada el pasado 23 de marzo, da cuenta de la denuncia de los privados de su libertad. La misma asevera que “la Administración Carcelaria decide -de facto- y elige no otorgar las visitas íntimas por sólo capricho, agravando las condiciones de detención”.

 

El pedido de las visitas corresponde a la consolidación familiar. De esta manera, los detenidos afirman que eso beneficiaría en la eventual reinserción en la sociedad.
Asimismo, el hábeas corpus contempla que “el director de la Unidad 15 sostiene que son medidas temporales o transitorias”. Para los detenidos, una medida de esas características no puede superar el año de duración.

 

el director de la Unidad 15 sostiene que son medidas temporales o transitorias

 

“No se explica cómo argumentan que la esposa del preso puede o va a contagiar convirtiéndola en una especie de rata o bicho portador de todos los males. Olvidan sencillamente que durante la cuarentena estricta, fueron los agentes quienes ingresaron el virus y contagiaron a todos los presos”, marca otro segmento de la nota.

 

El hábeas corpus solicita además que se dicte la medida cautelar para que comiencen las visitas hasta tanto se resuelva. Esto en base a los derechos y garantías que -según los presos- están siendo vulnerados.

Por otro lado, el último punto contempla la creación de una mesa de diálogo entre privados de su libertad con otros actores: como representantes de la Procuraduría de Nación, defensores y del Ministerio Público Fiscal.

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