El Gobierno y las provincias atraviesan otro frente de tormentas como consecuencias del freno a las transferencias a las cajas jubilatorias especiales.
La próxima reunión entre funcionarios nacionales y gobernadores, prevista para el 4 de abril, llega así con un nuevo foco de tensión.
Desde la asunción de Milei esas transferencias no se realizan y venían siendo reclamadas.
La decisión derivará en nuevas presentaciones judiciales, como lo anticipó el Gobierno de Santa Fe. Ya hay distritos que en otras oportunidades llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
En el caso del titular de la Caja de Previsión Social de Santa Cruz, el titular Marcial Cané habló con radio LU12 AM680 y adelantó que el miércoles se firmará la presentación conjunta de las 13 provincias. “Soy optimista de que podamos revertir esta situación”, afirmó el funcionario de Claudio Vidal, aunque consideró que Javier Milei “es mas duro que rasguñar un vidrio”.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno a provincias de distintos signos políticos: Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
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Hasta diciembre pasado, estas provincias venían recibiendo las partidas sin actualizar, incumpliendo la ley.
Desde enero, la Casa Rosada no les giró ni un peso más, ni siquiera a valores históricos, con lo cual hay deuda acumulada respaldada por una ley.
Los mandatarios de las jurisdicciones afectadas están dispuestos a ir a la Justicia por el tema, como ya adelantó Santa Fe.
Las partidas para las cajas no transferidas están previstas por presupuesto nacional desde el gobierno de Mauricio Macri, cuando se alcanzó un acuerdo entre Nación y provincias.
Desde 2023, se estableció que se actualizarían en función de la movilidad jubilatoria, lo que nunca se cumplió.
El miércoles, por el DNU publicado en el Boletín Oficial, se eliminaron varios artículos de la Ley de Presupuesto (27.701) de 2023, prorrogada para este año, y cayó también este esquema.
Desde que asumió Milei, se cortaron estas transferencias. No solo no se realizaban actualizadas, sino que directamente no se hacían. El impacto es fuerte para las finanzas provinciales: lo que no pone la Nación lo deben aportar los tesoros provinciales.
El pago de la deuda acumulada por falta de actualización era un punto que, en el inicio de la gestión libertaria, los gobernadores pidieron resolver como forma de descomprimir tensiones, pero no fue aceptado.
Cuando el cordobés Osvaldo Giordano estuvo a cargo de Anses por 75 días planteó usar una parte de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) para cancelar esa deuda con los sistemas previsionales en manos de provincias: eran US$ 5.600 millones. Pero la propuesta no fue aceptada.
En la gestión de Macri se acordó que aquellas provincias que no transfirieron los regímenes previsionales a la Nación recibirían los mismos recursos que le costaría al sistema central si los tuviera bajo su órbita.
De esta manera, dejó de exigirse la “armonización” que había sido un punto de conflicto durante la gestión de Cristina Kirchner.
Como en todo sistema previsional, sin importar la órbita en que esté, para que el rojo no crezca, debería haber más empleados públicos, lo cual es un contrasentido.
Si los gobiernos provinciales son más eficientes, hay más brecha entre aportantes y pasivos. Si no median reformas previsionales, el gasto jubilatorio será creciente.
Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la relación entre aportantes y beneficios es de 3 a 1 en la Patagonia; de 4 a 1 en Misiones, y menos de dos por cada prestación en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Formosa.
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