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Los gobiernos provinciales y el nacional de Javier Milei siguen sin llegar a un acuerdo para que los distritos reciban mayores fondos a los que perciben en la actualidad, en un contexto en el que empieza a crecer la tensión por las demandas crecientes en las provincias.
Según trascendió, luego de una reunión encabezada por el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, los mandatarios expresaron su malestar por la falta de acuerdo y advirtieron que impulsarán un paquete de leyes para garantizar el cobro de los fondos que la Nación les adeuda. Pero la fallida negociación dejó –además– en evidencia la distancia entre las provincias y el Ejecutivo nacional en torno a la coparticipación de impuestos y el manejo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).


Otro punto que los gobernadores pusieron en la mesa es la paralización de obra pública. Excepto algunas menores que realizan los gobiernos locales y muy pocos municipios con algo de caja, no hay obras realizadas con fondos nacionales. En ese sentido, se quejan que el superávit que muestra como logro el gobierno de La Libertad Avanza, se realiza a costas de la “motosierra” aplicada en las provincias.
Más allá del proyecto de ley para la redistribución de fondos en el que trabajan los 23 gobernadores más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Congreso amagan con convertir en ley un proyecto que propone un aumento del 7,2% en jubilaciones, incremento del bono y restitución de la moratoria previsional.
A los gobernadores los une el espanto. No hay plata. No es que todas las provincias estén en quiebra o sin poder cumplir con sus obligaciones. Hay distritos más ordenados que otros, mejores adaptados a la realidad del gobierno de Javier Milei. Por el momento, este último se muestra inquebrantable. De hecho, sus funcionarios de Hacienda rechazaron el proyecto que habían elaborado los gobernadores.
Esa iniciativa se la trasladaron a los funcionarios nacionales la semana pasada en el Consejo Federal de Inversiones. Allí aclararon que buscaban garantizar la distribución equitativa de los recursos coparticipables. Y se refirieron al proyecto de ley que propone eliminar los fondos fiduciarios alimentados con el Impuesto a los Combustibles Líquidos y redistribuir esos recursos.
“Se pudo avanzar en algunos temas y en otros se seguirá dialogando”, había dicho en esa oportunidad el vicegobernador Fabián Leguizamón a La Opinión Austral. “Fue importante la posibilidad de hablar con representantes de Nación” y remarcó que los puntos planteados “van a beneficiar a las provincias, en distinta medida“.
Uno de ellos sería, tras la desaparición de Fondos Fiduciarios vinculados al transporte y la energía, “darle mecanismos a los gobernadores que permitan utilizar ese dinero en las demandas de sus provincias”, puso de ejemplo el vicegobernador. Respecto del reparto de ATN y el proyecto que girarán las provincias al Congreso, “se dispone que un porcentaje se distribuya equitativamente entre las provincias”, dijo Leguizamón.
El que recibió esa propuesta de los gobernadores fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos. “No la podemos aceptar”, señaló el funcionario unas horas más tarde, lo que acrecentó la tensión con los mandatarios provinciales. Y si bien dijo que “estamos dispuestos a discutir“, con los mandatarios, advirtió que “si no hay acuerdo, el tema se debatirá en el Congreso”, remarcando que “no vamos a hipotecar el orden fiscal por presiones políticas”, advirtió.
¿Cómo sigue la negociación? Por lo pronto, las provincias están hablando entre ellas, afinando la parte técnica de las propuestas que ya presentaron o alguna nueva que pueden llegar a presentar como alternativa. Lo que todas tienen en claro es que el tema no puede dilatarse más tiempo y que en los próximos días tiene que haber novedades.
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