La Cámara de Diputados de la Nación realizará este miércoles una sesión especial con un temario de siete puntos y un debate que podría extenderse hasta la madrugada del jueves. La convocatoria está prevista para las 12, con el oficialismo confiado en reunir el quórum y sostener los acuerdos con sus aliados, mientras los bloques opositores buscarán modificar el resultado de las votaciones en los proyectos de mayor impacto social.
Entre los principales temas figuran la inviolabilidad de la propiedad privada, la reforma del régimen de discapacidad, el endeudamiento familiar, la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y la incorporación del vandalismo rural al Código Penal. También se tratará la transferencia de inmuebles a la provincia del Chaco.
La sesión llega después de que el encuentro parlamentario previsto para el jueves 15 de octubre fracasara por falta de quórum. En aquella oportunidad, uno de los principales puntos de conflicto había sido el tratamiento del DNU 70/23, que finalmente quedó fuera de la agenda de esta jornada.
La estrategia del oficialismo consiste en asegurar el inicio de la sesión y defender sus dictámenes de mayoría. La oposición, por su parte, buscará mantener el número de legisladores presentes hasta el final para discutir sus propuestas sobre discapacidad y alivio financiero, ubicadas en el tramo final del temario.
Una diputada de Unión por la Patria resumió la estrategia opositora ante la Agencia Noticias Argentinas: “Ellos tienen que garantizar el quórum y nosotros el debate”.
Inviolabilidad de la Propiedad Privada: qué cambios se debatirán
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada abrirá la sesión. La iniciativa llega a la Cámara baja con media sanción del Senado y contempla modificaciones al régimen de expropiaciones, desalojos y regularización dominial, además de cambios vinculados con la ocupación temporaria de inmuebles.
Uno de los puntos centrales será la restitución de la vigencia de la Ley de Tierras Rurales 26.737, que había sido derogada mediante el artículo 154 del DNU 70/23. La norma establece límites a la titularidad extranjera de tierras rurales y fija restricciones para la adquisición de determinados territorios.
El debate legislativo incorpora, de esta manera, una discusión sobre el alcance de la propiedad privada y las facultades del Estado para intervenir sobre los inmuebles por razones de utilidad pública.
En materia de expropiaciones, el proyecto establece condiciones para determinar las indemnizaciones y contempla un límite del 30% por lucro cesante cuando este se encuentre debidamente acreditado. El objetivo declarado es modificar los criterios de compensación y precisar los procedimientos aplicables.
En cuanto a los desalojos, la iniciativa habilita mecanismos judiciales más rápidos para recuperar inmuebles ocupados sin autorización. Si el propietario acredita documentalmente su derecho sobre el bien y solicita la restitución, el juez podrá disponer su entrega y requerir la devolución dentro de las 72 horas, según las condiciones previstas en el texto.
Para los casos de desalojo vinculados con deudas de alquiler, se establece un plazo de al menos diez días desde la notificación para regularizar los pagos antes de iniciar la acción judicial correspondiente.
El proyecto también contempla un protocolo de vulnerabilidad para situaciones en las que residan menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en condiciones de desamparo. En esos casos, se prevé la intervención del Ministerio Público Tutelar y la búsqueda de una alternativa habitacional transitoria.
Otro capítulo modifica el régimen de regularización dominial conocido como Ley Pierri, con el propósito de facilitar el acceso a la escritura de una vivienda única a quienes puedan demostrar diez años de posesión pacífica.
Además, se incorpora la figura de la ocupación temporánea anormal, que permitiría disponer del uso de un inmueble durante 90 días, prorrogables por única vez, ante circunstancias graves y verificables de necesidad pública, como emergencias sanitarias o desastres naturales.
La iniciativa había atravesado modificaciones durante su tratamiento en el Senado, donde quedaron afuera otros capítulos de la propuesta original, entre ellos los relacionados con la Ley de Manejo del Fuego y el Registro de Barrios Populares.
Si obtiene la aprobación de Diputados, el proyecto deberá regresar a la Cámara alta para continuar su trámite legislativo.
Discapacidad: el oficialismo busca aprobar una ley permanente
La reforma del sistema de discapacidad será uno de los puntos centrales de la jornada. La Libertad Avanza y sus aliados acordaron una propuesta que mantiene buena parte de las prestaciones y los derechos contemplados en la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero elimina el carácter transitorio de esa declaración.
El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca establecer un marco normativo de aplicación permanente. La iniciativa fue negociada con bloques dialoguistas, entre ellos representantes de Argentina Federal y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).
El acuerdo incorpora planteos de distintos sectores para sostener prestaciones, garantizar la cobertura sanitaria y establecer mecanismos de actualización de los aranceles. Sin embargo, mantiene diferencias con la propuesta opositora, que pretende prorrogar la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Uno de los aspectos contemplados en el texto oficialista es la compatibilidad entre la pensión no contributiva por discapacidad y una actividad laboral formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. También se mantiene el valor de la prestación en el 70% del haber mínimo jubilatorio.
La iniciativa incorpora el principio de nomenclador único para las prestaciones y prevé la actualización periódica de los aranceles según el índice de movilidad jubilatoria. Asimismo, contempla la cobertura del programa federal Incluir Salud para las personas con discapacidad alcanzadas por el régimen.
En materia presupuestaria, el texto establece que la asignación destinada al área de Salud no podrá ser inferior, en términos reales, a la del ejercicio fiscal anterior. También prevé auditorías periódicas con cruces de información de organismos como la ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS) y el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
A pedido de los aliados, se incorporó una cláusula transitoria que exige un cronograma para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar ese mecanismo dentro de un plazo máximo de 30 días, de acuerdo con el texto informado.
Las negociaciones también incluyeron reclamos para garantizar la cobertura de salud de las personas que no tienen obra social y para precisar los requisitos de acceso a las pensiones. Otro punto de discusión es el financiamiento de las prestaciones y la regularización de las deudas con los prestadores.
La oposición insiste con prorrogar la emergencia
Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y otros bloques opositores buscarán imponer un dictamen alternativo que extiende la emergencia por un año más.
La propuesta pretende reforzar las obligaciones del Estado nacional para resolver solicitudes de pensiones, actualizar los valores de las prestaciones y cancelar las deudas con instituciones, profesionales y transportistas.
Según los argumentos opositores, la declaración de emergencia permitiría exigir respuestas más rápidas ante los reclamos pendientes. Entre las cifras planteadas en el debate legislativo se mencionan 324.303 solicitudes de pensión sin resolver.
También cuestionan que el proyecto oficialista mantenga diferenciadas las pensiones por invalidez laboral y por discapacidad, y advierten sobre los requisitos de acceso y la posibilidad de suspender beneficios mediante cruces de datos.
Otro de los puntos de desacuerdo es el financiamiento. La oposición sostiene que la iniciativa no garantiza de manera suficiente el pago de las compensaciones atrasadas ni resuelve el atraso arancelario de los prestadores, que ubica en el 30,67%.
El oficialismo, en cambio, sostiene que su propuesta conserva los principales componentes del sistema, pero los incorpora a una norma permanente y elimina la declaración de emergencia.
La votación dependerá de los acuerdos alcanzados durante las negociaciones y de la capacidad de cada sector para reunir los respaldos necesarios en el recinto.
Morosidad y endeudamiento familiar: dos proyectos en disputa
El tratamiento del endeudamiento familiar aparece como uno de los puntos con mayor incertidumbre política. El oficialismo y sus aliados impulsan una iniciativa centrada en la transparencia de las operaciones crediticias, la educación financiera y la prevención del fraude digital. La oposición propone un régimen de emergencia y refinanciación para personas con deudas en mora.
El dictamen de mayoría, respaldado por La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical, se denomina Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores.
El proyecto establece pautas para mejorar la información que reciben los usuarios al contratar créditos, con especial atención a las condiciones de las operaciones de corto plazo. También contempla mecanismos de precancelación, acceso al historial de obligaciones y consulta gratuita del perfil de riesgo dentro de las entidades bancarias y las plataformas de crédito.
La propuesta busca que los consumidores puedan conocer las condiciones de financiamiento, comparar alternativas y disponer de información detallada sobre sus compromisos económicos. Sin embargo, no establece topes generales a las tasas de interés ni crea un régimen obligatorio de refinanciación para los deudores críticos.
La oposición plantea un esquema diferente mediante un proyecto de regularización y alivio financiero, impulsado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica.
La iniciativa declara la emergencia por 180 días y propone un régimen de refinanciación de al menos 12 cuotas para personas con más de 60 días de mora y deudas que no superen el equivalente a dos canastas básicas totales para un hogar tipo 2. Según los valores citados en el debate, ese límite se ubica en $3.265.010.
El proyecto fija, además, que la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos de la persona que adhiera al régimen. La solicitud deberá tramitarse ante el acreedor y, si no se admite la gestión, se prevé la intervención del Banco Central.
Entre las medidas propuestas figuran la condonación total de los intereses punitorios, límites a los intereses compensatorios y condiciones para moderar el costo financiero de la deuda. También incorpora disposiciones sobre portabilidad financiera, cobranzas abusivas y educación financiera.
Las diferencias entre ambos dictámenes exceden el alcance de la información que deben brindar las entidades. Mientras el oficialismo busca mejorar la transparencia sin intervenir sobre los contratos existentes ni restringir la oferta de crédito, la oposición propone medidas directas para aliviar el peso de las cuotas y facilitar la regularización de deudas.
El debate podría extenderse hasta la última parte de la sesión y convertirse en uno de los principales focos de negociación entre los bloques. La posibilidad de que se pierda el quórum durante ese tramo es uno de los escenarios que siguen de cerca los legisladores.
Trazabilidad de medicamentos de alto riesgo: controles desde la producción hasta el paciente
Otro de los proyectos previstos para la sesión propone crear un Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud, con especial atención a los medicamentos de alto riesgo.
La iniciativa, impulsada principalmente por la diputada de La Libertad Avanza Silvana Giudici, reúne aportes de legisladores de distintos espacios y cuenta con un dictamen de consenso.
El proyecto se vincula con la crisis sanitaria del fentanilo contaminado registrada en 2025, que provocó muertes y afectó a decenas de pacientes. El caso derivó en una investigación parlamentaria y en recomendaciones para fortalecer los mecanismos de control sobre los medicamentos críticos.
La propuesta establece la trazabilidad obligatoria de determinados fármacos inyectables y sus materias primas. El sistema permitirá registrar digitalmente las distintas etapas de la cadena, desde la importación y producción hasta el almacenamiento, la distribución y la administración en establecimientos de salud.
El objetivo es reconstruir el recorrido de cada medicamento, identificar su lote de origen y determinar su destino. De esta manera, se busca mejorar la capacidad de respuesta ante sospechas de contaminación, errores de fabricación o eventos adversos graves.
El texto también prevé la notificación inmediata de incidentes que puedan comprometer la salud pública, incluidos brotes infecciosos intrahospitalarios y reacciones adversas graves asociadas con medicamentos de alto riesgo.
Ante una sospecha de contaminación o un evento crítico, se activaría un protocolo que obliga a notificar a las autoridades nacionales y provinciales y a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). La propuesta establece un plazo de hasta 24 horas para esas comunicaciones.
El sistema funcionaría bajo la órbita de la ANMAT y permitiría emitir alertas nacionales y disponer el bloqueo preventivo de lotes sospechosos en un plazo máximo de seis horas.
Además, contempla sanciones por incumplimientos graves, como la falsificación u omisión de datos de trazabilidad o la falta de inmovilización de productos cuestionados. Entre las medidas previstas figuran multas, suspensiones, clausuras y decomisos.
La iniciativa busca establecer un mecanismo federal de control, con participación de las distintas jurisdicciones a través del Consejo Federal de Salud (COFESA).
Vandalismo rural: buscan incorporar nuevas penas al Código Penal
La agenda legislativa también incluye un proyecto para incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal. La iniciativa fue impulsada por el diputado del PRO Martín Ardohain y cuenta con el respaldo de La Libertad Avanza, la UCR, Provincias Unidas y bloques provinciales.
El texto apunta a sancionar tanto el ingreso no autorizado a establecimientos agropecuarios como los daños contra instalaciones, bienes y productos vinculados con la actividad productiva.
Para los casos de ingreso a un establecimiento rural, terreno o dependencia contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluir a terceros, se propone una pena de prisión de un mes a un año.
Las sanciones serían más elevadas cuando las acciones afecten el ciclo productivo, las materias primas, la infraestructura agropecuaria o los cultivos. En esos casos, el proyecto establece penas de dos a ocho años de prisión y multas de hasta 12 veces el valor del daño.
La iniciativa contempla daños a cereales y oleaginosas tanto antes de la cosecha como después de su recolección, cuando se encuentren almacenados en parvas, gavillas, bolsas, silobolsas, tolvas u otros espacios destinados a su conservación.
El debate tendrá, sin embargo, una propuesta alternativa. El diputado de Unión por la Patria Ramiro Gutiérrez encabeza un dictamen que cuestiona el alcance de las sanciones previstas en el texto principal y plantea diferencias sobre las penas.
La discusión estará centrada en la definición de las conductas que deben considerarse vandalismo rural y en la proporcionalidad de las sanciones penales frente a los daños ocasionados.
El proyecto forma parte de los temas impulsados por los bloques dialoguistas y se debatirá después de la iniciativa sobre trazabilidad de medicamentos.
Transferencia de inmuebles al Chaco y el cierre de la agenda
El temario incluye también la transferencia de inmuebles a la provincia del Chaco. La iniciativa forma parte de los siete asuntos que se discutirán en la sesión especial.
El orden previsto para la jornada ubica al proyecto de propiedad privada en el inicio, seguido por la trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el vandalismo rural. Luego se abordarán otros asuntos del temario y, hacia el tramo final, los proyectos de discapacidad y endeudamiento familiar.
La ubicación de estos dos últimos debates tiene relevancia política porque ambos cuentan con dictámenes contrapuestos y concentran diferencias entre el oficialismo y la oposición.
La Libertad Avanza buscará sostener sus propuestas con el apoyo de sus aliados parlamentarios. La oposición intentará reunir los votos para imponer sus propios textos y mantener el quórum durante una sesión que podría superar las veinte horas.
El resultado de las votaciones dependerá de los acuerdos alcanzados durante el debate y de la capacidad de los bloques para sostener su presencia en el recinto hasta el tratamiento de los temas más controvertidos.
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