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En una nueva edición del AmCham Summit, uno de los foros de negocios más importantes del país, con una agenda enfocada en cómo transformar la estabilización en crecimiento sostenido, que se lleva a cabo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, disertó en un panel titulado “La institucionalidad como pilar del desarrollo”.
“Los aspectos jurídicos son tan relevantes como los económicos”
Durante el evento, que este 2026 lleva el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, Rosatti destacó: “Quiero agradecer profundamente esta invitación. No es la primera vez que tengo la oportunidad de hablar ante este auditorio y me parece realmente muy importante que no solamente se hable de economía, sino del derecho vinculado a la economía“.
Asimismo, estimó que “los aspectos jurídicos son tan relevantes como los económicos para generar desarrollo y, fundamentalmente, intercambios exitosos”, y añadió: “Cuando uno habla de derecho vinculado a los intercambios económicos internacionales, inmediatamente en lo que está pensando es en la seguridad jurídica que todos defienden, pero que no todos entienden de la misma manera”.
El titular de la CSJN sostuvo que “cuando nosotros decimos seguridad jurídica, queremos decir seguridad para el inversor, seguridad para quien recibe la inversión. Es decir, si no es para todos, no es segura. Y esto termina repercutiendo en cualquier proyecto de inversión. Por eso es muy importante que se incorporen estos temas a los debates económicos”.
En ese sentido, explicó: “La seguridad jurídica se integra con dos componentes. Hay un componente normativo, que tiene que ver con las regulaciones, las desregulaciones, el tipo de cambio, los criterios tarifarios, la política impositiva y también con criterios institucionales. Hay un componente institucional que es muy importante y que se vincula con el funcionamiento regular del sistema republicano, la división de poderes y la independencia del Poder Judicial“.
Afirmó que este último “está presente en ambos componentes de la seguridad jurídica, en el institucional y en el regulatorio, porque es el que interpreta las regulaciones o la falta de ellas, el que debe decidir sobre constitucionalidad o institucionalidad. Y en el vértice del Poder Judicial está, como todos sabemos, la Corte Suprema de Justicia”.
Y agregó: “La Corte Argentina analiza no solamente las cuestiones vinculadas a las garantías constitucionales y la violación de derechos fundamentales, sino que muchas veces es la encargada de resolver cuestiones de competencia, a diferencia de la Constitución federal norteamericana, que lógicamente corresponde a un país federal. La Corte Argentina, históricamente, resulta mucho más intervencionista en lo que refiere a dirimir conflictos entre municipio, provincia y nación”.
Rosatti hizo hincapié en el acatamiento obligatorio de las decisiones del máximo tribunal: “Porque una cosa es que la Corte se expida sobre cómo debe ser interpretada una cláusula y otra cosa es que después esa interpretación obligue a los tribunales inferiores. Y otra muy distinta es que deba resolver infinidad de causas similares”.
“La seguridad jurídica tiene que ser para todos”
Sostuvo que “esto es muy importante para darle previsibilidad a una inversión. El acatamiento obligatorio de las decisiones de la Corte no está prohibido en la Constitución de ninguna manera y es doctrina del máximo tribunal que se deben seguir sus decisiones, salvo que existan nuevos elementos o fundamentos. Esto es clave“.
En esa línea, planteó: “¿Por qué? Porque una inversión se puede concretar o malograr no solamente por la interpretación de un tratado bilateral de inversiones, sino también por una cláusula provincial medioambiental, por una tasa municipal o por una ley que ponga en juego qué jurisdicción o qué tribunal debe intervenir en caso de conflicto“.
Para el magistrado, “este tipo de cuestiones deben ser resueltas finalmente por la Corte y su decisión debe ser de obligatorio acatamiento para todos los tribunales inferiores. Así, todos sabemos a qué atenernos. Entonces hay seguridad para el inversor y para quien recibe la inversión. Insisto, la seguridad jurídica tiene que ser para todos, no para unos sí y para otros no, porque entonces no es segura“.
En el cierre de su alocución, manifestó: “Hace muchos años la Organización de Naciones Unidas comenzó a medir la fortaleza de las naciones no solamente por el crecimiento económico, sino también por otros factores: la salud y la educación, que tienen sus indicadores. Yo agregaría la calidad institucional… la certeza en las decisiones, la independencia del Poder Judicial y el acatamiento obligatorio de los fallos de la Corte”.
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