Huelgas: Santa Cruz y el tercer Juicio por la Verdad en Argentina

El genocidio de alrededor de mil quinientos trabajadores rurales cometido en nuestra provincia fue el hecho más grave en nuestro país, antes de la dictadura cívico-militar de 1976.

La denuncia que, en noviembre de 2021, presentó el Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaria de Derechos Humanos y de la Fiscalía de Estado, para que los fusilamientos de los huelguistas sean declarados delitos de lesa humanidad sostiene, además, que el Juicio por la Verdad es una forma de ponerle un freno “a la negación sistemática e ideológica de la verdad y de la realidad” de lo que pasó.

Que el Estado reconozca sus crímenes de tortura, fusilamiento y desaparición forzada de los obreros, que protestaron por mejores condiciones laborales, es una forma de combatir el negacionismo histórico que intentó mostrar lo que pasó como un proceso de orden frente a fracciones violentas a las que caracterizó como extranjeros anarquistas y vinculados al sindicalismo izquierdista.

Pero, ¿acaso los latifundistas y estancieros eran argentinos? No, la Sociedad Rural, la Liga del Comercio y la Industria de Río Gallegos y la Liga Patriótica Argentina, un grupo parapolicial que tres años antes había cometido en Buenos Aires el único linchamiento de judíos registrado en Latinoamérica, lograron que el Ejercito interviniera cuando el Gobierno británico reclamó la protección de los bienes de los súbditos de la Corona en Santa Cruz, gobernada durante ese período por Edelmiro Correa Falcón y luego por Ángel Yza. La historia de los pioneros es una verdad incómoda.

El negacionismo se cristalizó cuando luego del secuestro, desaparición, fusilamiento y caza de los trabajadores, en enero del año 1922, estas instituciones y periódicos como El Nacional, La Unión y la revista Argentina Austral, entre otros, homenajearon a los comandantes del Ejército por haber pacificado el territorio.

La reversión de los hechos, que comenzaron con las protestas contra lo que hoy conocemos como trata de personas con fines de explotación laboral, fue avalada por el Congreso, al que recién en el marco de la causa iniciada por el Gobierno provincial, más de cien años después, se le podría solicitar que entregara las versiones taquigráficas de aquellos días, en los que apenas algunos diputados socialistas hablaban de un plan de muerte organizado por el Estado.

El Juicio por la Verdad cuya investigación lleva adelante el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, tiene sólo tres experiencias previas en nuestro país, con las desapariciones en la dictadura cívico-militar y el genocidio Napalpí y se da en un contexto en el que comienzan a ponerse en tensión asuntos que creíamos saldados.

“Polémica“, “Estela de Carlotto cruzó a Victoria Villarroel“, titularon algunos portales para hablar de lo que pasó este lunes, cuando la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza organizó un acto en homenaje a quienes participaron del plan sistemático de exterminio y robo de bebés durante el proceso. La madre de Laura, una hija detenida desaparecida y asesinada a los 23 años, y abuela de un nieto recuperado recién 37 años más tarde; la suegra de un santacruceño no se defendió porque la llamaron “personaje siniestro”. Por el contrario, hizo un llamado a advertir que se quiere un retroceso de la democracia. Repudian los gremios, las organizaciones sociales, el peronismo, los partidos políticos y hasta el papa Francisco, que el miércoles saludó al nieto 133 para que el mundo vea dónde debe pararse la Iglesia frente a la avanzadas negacioncita.

No viene de un repollo. El negacionismo con los crímenes de lesa humanidad que nuestro país juzgó, por los que sigue condenando a genocidas, y que dice que los desaparecidos no fueron 30 mil- el número es un enunciado político- aparece como el ejemplo más evidente en nuestra historia. El negacionismo se construye, tal como sucedió con el intento de magnicidio de Cristina Fernández. Que “estuvo armado“, “circo“, que la pistola no le voló la cabeza porque “no tenía balas“ y no porque en realidad había cinco y ninguna salió de la recámara, que “se la veía muy relajada saludando a la gente“, que “C5N publicó el video antes“ de las 21:37, que Sabag Montiel gatilló, entre otras aseveraciones, que circularon durante los días siguientes al primero de septiembre de 2022, fueron algunas de las teorías que se tejieron para negar que quisieron asesinar a la líder del peronismo. Por si acaso, ya días antes del atentado, el diputado del PRO, Gerardo Milman, había presentado un proyecto que alertaba sobre un posible ataque para “victimizar“ a la vicepresidenta. La presentación se hizo el mismo día que se lo escuchó decir en el café Casa Blanca: “Cuando la maten voy a estar en la costa“. Quisieron contarla como no era.

Hay muchos ejemplos en la historia reciente de cómo la negación de un hecho deriva en verdaderos movimientos que, en definitiva, suelen ser avalados o impulsados por dirigencias políticas que enarbolan ideas de libertad.

El 28 de febrero de 1998 la prestigiosa revista científica The Lancet publicó un artículo que decía que la vacuna triple viral (sarampión, paperas y rubéola) provocaba autismo. La noticia generó conmoción mundial y los índices de vacunación cayeron drásticamente en Estados Unidos e Inglaterra, de donde era oriundo Andrew Wakerfield, autor de la investigación.

La comunidad científica destrozó el artículo por su falsedad y The Lancet no sólo lo retiró de su sitio, sino que pidió disculpas. Wakerfield perdió su licencia médica y debió abandonar el país, pero el movimiento antivacunas vio esto como un intento de silenciar a alguien por decir la verdad. Refugiado en Estados Unidos, el médico promovía la “cura del autismo” y entre sus prácticas estaba, por ejemplo, la solución de dióxido de cloro vía oral. Pasaron los años y la llegada de la pandemia revitalizó a los seguidores de este médico, que encabezó una cruzada mundial para advertir que el Covid–19 fue creado en laboratorios y hasta logró que lo recibiera y apoyara públicamente Donald Trump. En paralelo, las curas caseras se promocionaban por redes y en Argentina, Viviana Canosa empinaba una botella en el horario central.

Cuando esta semana hablamos de esto en Distancia de Rescate, el programa que hacemos en LU12 AM 680, recomendé el documental “La conspiración antivacunas“ y la respuesta vino de un oyente, quien mandó a la radio un link que tenía el título “Niña de tres años muere luego de ser vacunada“. La fuente era TikTok.

El negacionismo se resiste al consenso, ese que dimos por hecho que existía en la Argentina sobre el calendario de vacunación o sobre el pacto democrático después de lo que padecimos en dictadura. Dicho esto, tampoco está claro si el fuerte del voto de La Libertad Avanza tenga adherencia a este retroceso.

El negacionismo, que también rechaza que hubo campos de concentración nazis porque fueron una invención judía o que exista tal cosa como el calentamiento global, es un delito en varios países, entre ellos Francia, el primero en tipificarlo en 1990.

Silvia Saldivia Melipil es científica del Conicet e investiga el genocidio en la Patagonia en “Las huelgas santacruceñas de 1920 y 1921 en la literatura del sur de mediados del siglo XX y principios del siglo XXI“. Para ella, “se puede hablar de negacionismo en las huelgas en varios niveles. El Estado no reconoció su exceso en la masacre producida, ni los derechos a reclamar que tenían los obreros, ni luego la posibilidad de los familiares a saber qué pasó con los huelguistas. También puede hablarse de negacionismo cuando no se incorpora la presencia de las personas originarias en este hecho como partícipes. El relato historiográfico no las incluyó. Incluso los chilotes fueron descriptos como personas incapaces de liderar esas luchas. Hay que entender que detrás de los apelativos chilotes también están los williche y que detrás de la palabra obreros se invisibiliza que hubo gente de pueblos originarios. En ese sentido, se niega la existencia de las personas indígenas como parte de este territorio y como trabajadores del campo”.

Para la investigadora riogalleguense, quien además integra Pueblos Originarios, es necesario que el Juicio por la Verdad incluya “los testimonios de los familiares que han expresado su necesidad de saber qué pasó y también de las comunidades originarias en Santa Cruz y de las autoridades espirituales y personas del pueblo Williche, porque son las que pueden dar cuenta también de estos hechos y de su participación. Si no se hiciera esto último, se produciría nuevamente un negacionismo“.

Para cuando Raphael Lemkin ideó el termino “genocidio“, en 1944, el sur del continente ya había sufrido dos. Primero con los Tehuelches y, después, los trabajadores reducidos a semiesclavitud.

El silencio del Estado nacional sobre los crímenes de lesa humanidad en Santa Cruz, aquel nunca tuvo una comisión investigadora en la Cámara de Diputados de la Nación, como sucedió en el juicio a las Juntas, que tuvo a la Conadep. Hoy el fiscal Colla investiga esto junto a su equipo de seis personas, que además llevan otras causas como el hundimiento del submarino Ara San Juan.

Como con la dictadura, el número de víctimas de desaparición forzada y muertes no está establecido fehacientemente y al igual que los 30 mil detenidos desaparecidos, para los huelguistas se utiliza la cifra 1.500 porque no se probó que todas las personas desaparecidas estén relacionadas a un fusilamiento.

En mayo de 2014, el Archivo Nacional de la Memoria y la UNPA acordaron ubicar las tumbas colectivas, pero no pudieron entrar a todos los cañadones de los muertos. Todavía hoy, existen herederos de quienes se asentaron en esos latifundios, que se niegan a permitir el paso para el rastreo de los huesos. Es el caso de la familia Cimadevilla en zona norte, donde se cree que dieron muerte a José Font (“Facón Grande”) junto a un grupo de peones, entre los que estaba el trabajador de la esquila, Alejo López, abuelo de Mercedes Carrizo, la primera persona que declaró en la causa. Su madre, Aurora López, murió en 2019 sin poder hacer duelo. Hoy, con el caso de López, hay otras siete familias querellantes en el expediente.

Los Juicios por la Verdad son una herramienta contra el negacionismo que reivindica un hecho con impacto colectivo, mediante la comprobación de datos y testimonios, aun cuando los actores materiales de esos crímenes no puedan ser acusados. Se trata de una figura que pensaron las madres y las abuelas de plaza de Mayo, cuando en la Argentina imperaban los indultos y leyes de punto final para los genocidas. Fue una forma de conseguir que el Estado reconociera lo que hizo y pidiera perdón.

Eso pasó con el genocidio de Napalpí, cuyo fallo se conoció el año pasado para admitir que en 1924, después de los fusilamientos en el sur, en Guará, acribillaron a las comunidades Moqoit y Qom por reclamar mejores condiciones laborales en las cosechas en el territorio nacional chaqueño.

“La dimensión colectiva del derecho a la verdad no sólo busca preservar la memoria histórica sobre el pasado violento“, se dijo en la denuncia de la provincia, de la que participaron la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación y por la cual el Ministerio Publico Fiscal solicitó la apertura de archivos militares de la época.

Así, la posibilidad del Juicio por la Verdad, una que admita y repare, avanza mientras asistimos a nuevas formas de explicar lo que pasó en la historia argentina, pero con la potencia de las nuevas derechas y, por lo tanto, siempre a contrapelo de la memoria democrática.