La crisis pesquera llegó al seno de la Cámara de Diputados de la Nación

La industria pesquera de Argentina atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Referentes del sector, cámaras empresariales y sindicatos coincidieron en la necesidad de instaurar un “diálogo sincero” y abierto entre las partes para buscar soluciones concretas que permitan sortear la grave crisis que afecta a la actividad y salvaguardar miles de empleos en el litoral marítimo.

Previamente a este encuentro en la Cámara de Diputados, la audiencia de conciliación citada por la Secretaría de Trabajo para dar inicio a las negociaciones entre el sector congelador tangonero y los gremios: SOMU, SIMAPE y SICONARA, fracasó. Estos últimos se negaron a sentarse a la misa, aunque pidieron ser escuchados en la reunión de Comisión de Industria de la Cámara Baja, dónde ya habían sido convocadas las Cámaras empresariales, para analizar no sólo la situación del sector langostinero congelador, sino también el fresquero de altura y costero de Mar del Plata, y el impacto que esto tiene en las plantas de procesamiento.

Por los gremios participaron Raúl Durdos por el SOMU y Mariano Vilar por SICONARA, en tanto que por las Cámaras estuvieron, entre otros, Eduardo Boiero, presidente de la Cámara de Armadores Pesqueros y Congeladores de la República Argentina (CAPECA); Agustín de la Fuente, de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP) y Darío Baroli, de Continental Armadores de Pesca S.A (CONARPESA).

Situación de emergencia en la pesca 

Durante la reunión de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados, presidida por Ana Clara Romero (Pro-Chubut), los representantes del sector expusieron la realidad que enfrentan. En el encuentro estuvieron presentes las senadoras Edith Terenzi (Chubut) y Natalia Gadano, además de la diputada nacional Ana María Ianni (Santa Cruz).

El primero en exponer fue Eduardo Boiero, titular de CAPECA. Afirmó: “La situación de la industria es similar a la que atraviesa el resto de las industrias del país. La microempresa necesita reordenarse y afrontar números que muestran que varias pesquerías, no solo langostinos, están en dificultades”.

El dirigente agregó que “esto genera conflictos y situaciones incómodas, pero no hay otra salida que sentarnos a dialogar y reorganizar lo que no funciona”. Boiero destacó que, aunque han presentado números de manera informal a gremios y al Ministerio de Trabajo, aún aguardan un “diálogo constructivo” para definir un camino conjunto.

Por su parte, Agustín de la Fuente, de CAPIP, resaltó: “Nuestro sector genera más de USD 2 mil millones en divisas y emplea a más de 60 mil personas, tanto directa como indirectamente. Sin embargo, vivimos en un contexto donde las economías regionales dependen mucho del puerto y la actividad pesquera”.

El representante enfatizó que “no somos formadores de precios internacionales; nuestra matriz es exportadora y el mercado interno tiene un consumo mínimo”. Además, advirtió que “el tipo de cambio y las tasas en cada municipio impactan en nuestra competitividad. Si no nos ordenamos, enfrentaremos consecuencias graves”.

Reclamos y propuestas para salir de la crisis

Darío Baroli, de Conarpesa, explicó que “el precio del langostino se redujo de USD 12,000 la tonelada en 2005 a apenas USD 5,500 en la actualidad, una caída significativa”. “No somos formadores de precios, vienen de afuera. Lo que buscamos es ajustar el valor de venta a las liquidaciones que estamos pagando”, expresó.

Baroli alertó que “el costo de las tripulaciones representa el 60% del precio de venta, cuando anteriormente era el 35%. La situación es insostenible y necesitamos discutir números reales para encontrar soluciones”. Además, advirtió que “si no logramos un acuerdo, la próxima campaña podría significar 18 meses sin trabajo para muchas familias”.

Sebastián Agliano, presidente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera de Mar del Plata, describió la situación como “bastante caótica”: “Nos estamos fundiendo trabajando. Los insumos están dolarizados y no hay beneficios ni bajas en las importaciones. La estructura financiera de muchas empresas está en riesgo”.

El dirigente advirtió que “si seguimos así, en poco tiempo todos estaremos en la calle, con barcos atados y quiebras en marcha”. “La pesca en Argentina es vista como una mala palabra, fuimos castigados desde la Ley Bases y ahora somos la oveja negra de la industria”, lamentó.

El sector pide cambios y mayor apoyo

Mariano González, de CAFREXPORT y UDIPA, resaltó que “a pesar de la caída de precios internacionales, el sector ha mantenido los acuerdos salariales respecto a la inflación y el tipo de cambio”. Sin embargo, señaló que “la rentabilidad es muy baja y la estructura de costos no permite seguir trabajando en estas condiciones”.

El subsecretario de Pesca de Chubut, Diego Brandán, afirmó: “El problema no se resolverá sin diálogo y consenso entre las partes”.

En la misma línea, Mariano Vilar, del Sindicato de Conductores Navales, expresó: “El aumento en los costos, derechos de extracción y combustible están impactando directamente en la actividad”.

Raúl Durdos, Secretario General del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, remarcó: “La actividad genera divisas y puestos de trabajo, pero el país legisla de espaldas al mar. Necesitamos una ley de fomento que permita corregir los desequilibrios y proteger a los trabajadores”.

Un llamado urgente a la acción

Los protagonistas coincidieron en que la única salida viable es el diálogo y la revisión de los convenios colectivos, así como una actualización de las condiciones laborales y de costos en el sector. “Si no actuamos ahora, la crisis podría desembocar en un colapso total con consecuencias sociales y económicas irreparables”, advirtió Agliano.

El sector pesquero argentino, vital para la economía nacional, pide urgentemente que las autoridades y gremios establezcan un marco de trabajo conjunto para revertir la situación. La esperanza está en que el diálogo sincero y la voluntad de acuerdos sean las herramientas que permitan salvar la industria y proteger las miles de familias que dependen de ella.