La pandemia por el coronavirus y la extensión de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, desnudaron una situación que suele estar silenciada: la explotación y la trata laboral, sobre todo en el ámbito rural. Así lo indican las estadísticas de la Línea 145 del Programa de Asistencia a las Víctimas durante los primeros 60 días de la cuarentena, analizadas por la Procuraduría contra la Trata de Personas y la Explotación Laboral (Protex). También los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, revelados a través de un Pedido de Acceso a la Información Pública.

 

Las denuncias realizadas ante la Línea 145, entre el 20 de marzo y el 19 de mayo, fueron 186, un 50 por ciento menos que las registradas en el mismo período del año pasado.

 

Este tipo de denuncias son concretadas no solamente por las potenciales víctimas de un delito de explotación, sino por cualquier testigo de las mismas. Por ende, al haber una menor circulación a raíz de la cuarentena por el coronavirus, hubo menos llamadas según el análisis realizado por la Protex.

 

Pero más allá de esa reducción circunstancial en la cantidad de denuncias, lo que hubo fue un cambio de tendencia al aumentar exponencialmente los casos vinculados a la explotación laboral. Y esto también tiene una explicación: las restricciones económicas recaen, en primera y última instancia, en los cuerpos de los trabajadores.

 

Del total de denuncias recibidas por la Línea 145 durante marzo mayo de 2019, sólo el 9 por ciento estuvo vinculado a casos de explotación laboral; este año saltaron al 20 por ciento.

 

Es decir más del doble.

 

“Con respecto a las denuncias de trata de personas con fines de explotación laboral, se recibieron en total 37 denuncias (contando ampliaciones). De ese número, 18 fueron por situaciones de explotación laboral en campos en las provincias de San Juan, Neuquén, Río Negro, Mendoza, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba”, puede leerse en el informe de la Protex al que accedió La Opinión Austral.

 

De las 18 denuncias relacionadas con situaciones de explotación en campos, 7 fueron judicializadas a través de una fuerza de seguridad “por razones de urgencia y emergencia a partir de lo cual tomó intervención la Justicia Federal”.

 

Las restantes fueron judicializadas por la Protex.

Dos casos

Uno de los casos emblemáticos donde interviene actualmente la Procuraduría a cargo de Marcelo Colombo está vinculado a la situación de 18 hacheros chaqueños que estaban trabajando en la Estancia “Cabaña Curacó”, ubicada en General Acha, propiedad de la familia Trappa, dueños de Vía Bariloche.

 

La Fiscalía Federal de La Pampa investiga un posible caso de trata de personas; los peones fueron sacados del campo de manera intempestiva durante la madrugada del 23 de mayo y transportados dentro de un camión hacia Cipolletti para luego viajar a Buenos Aires. Otro grupo viajó en la caja de una camioneta, durante la madrugada.

 

“Viajamos en camioneta, descubierta, así nomás. A las 9 de la noche nos dijeron vamos y llegamos como a las 5 de la mañana. Hace tres años que voy (a Cabaña Curacó) y es la primera vez que nos sacan así”, narró el hachero M.A.R en un artículo publicado por Agencia Cadena del Sur y En Estos Días. Nunca les pagaron con recibo de sueldo. De baño tenían cuatro palos, una lona y un balde.

 

De Cipolletti fueron llevados a Buenos Aires y alojados, posiblemente, en uno de los depósitos en Retiro.
Ya interviene el área de Rescate de Víctimas junto a la Protex. Este periodista intentó comunicarse con la empresa, pero no hubo respuesta.

 

El otro caso tiene que ver con cosecheros misioneros, de la ciudad de Andresito, que quedaron varados en Cinco Saltos, en el campo de la empresa Valle Manzano SA.

 

“Salimos con una mano adelante y otra atrás. Yo no sé leer ni escribir; me pagan 8.000 pesos en el mes y salgo contento. Si tenemos que desocupar acá, ¿adónde vamos a ir? De la plata ya no tenemos más nada”, sostuvo C.A.S., un cosechero de 27 años que cuando logre regresar a Andresito irá a tarefear al monte misionero.

 

Su patrón, Miguel Ferré, los dejó a su suerte.

 

“Estamos a dos kilómetros del pueblo; les dije que se fueran caminando. Si el tema es volver, que se vayan caminando al pueblo y ahí vean. Hace como 15 días que están”, se desentendió de toda responsabilidad en un diálogo con este cronista.

 

Lxs cosecheros estaban sin leña, en una casilla precaria, sin agua caliente ni comida. El lunes por la noche, la Protex logró gestionarles un hotel a pagar por el Ministerio de Justicia de la Nación– para sacarlos de las condiciones paupérrimas en las que estaban y puedan regresar a Misiones.

Información Pública

A partir de un pedido de Acceso a la Información Pública realizado por este periodista, el Ministerio de Trabajo de la Nación informó que entre 2016 y junio de 2018 hubo 27 denuncias por casos de explotación laboral en el sector rural, con 285 potenciales víctimas.

 

A partir de junio de 2018, los inspectores comenzaron a regirse por el “Acta de Constatación de Indicios de Explotación Laboral (ACTA/IEL)” implementada a través de la Resolución 230/18.

 

Desde junio de 2018 hasta abril de 2020 se elaboraron 53 Actas IEL, de las cuales el 80 por ciento correspondieron al sector rural, seguidas por comercio (13,0) y otras (7,5).

 

En relación a la cantidad de víctimas, el 88 por ciento de los damnificados se desempeñaban en ámbito agropecuario. Es decir 421 trabajadores sobre un total de 478 víctimas.

 

Hacia el interior del sector, la mayor cantidad de denuncias ocurrieron en el área forestal (24), seguidas por agricultura (9), cría de ganado (6) y lechería (3).

 

“Desde la instrumentación de la Res.230/18 en junio de 2018 hasta el mes de abril de 2020 inclusive, se han realizado un total de 53 denuncias penales, la mayor cantidad de ellas se localizan en la provincia de Corrientes con 24 denuncias, seguida por la provincia de Buenos Aires con 10 denuncias, Santa Cruz con 7 denuncias, San Luis y Mendoza con 4 denuncias cada una y, cierran La Pampa, Chaco, Tucumán y la Ciudad de Buenos Aires con 1 denuncia cada una”, respondió la Cartera laboral ante el Pedido de Acceso a la Información Pública solicitado por este periodista.

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