“Siempre que se ajusta el Estado, el impacto es mayor para nosotras”

LOA.- El presidente anunció que se viene la reforma judicial, y en ese contexto se la va a dotar de perspectiva de género ¿Cómo va a darse ese proceso?

E. G. A.- Más allá de la convocatoria que se va a estar haciendo al Consejo para asesorar en la reforma, que va a estar presentándose en lo inmediato y trabajaremos en ese marco, pensar una reforma judicial con perspectiva de género tiene varios componentes. El primero, vinculado al acceso a un cargo de toma de decisión respecto a las mujeres. Hoy las mujeres tienen dificultades para acceder a cargos de mayor jerarquía. Si bien son mayoría las trabajadoras judiciales, a medida que vas accediendo a los cargos de toma de decisión, magistrados, magistradas, fiscales, ni hablar de esos cargos en términos de las Cámaras de Apelación y de los superiores tribunales, vas viendo cómo se empiezan a reducir y ampliar las brechas en términos de géneros.
Eso por un lado, por otro lado tiene que ver con la posibilidad de, efectivamente, incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de la administración de Justicia, la posibilidad de que se capaciten como primera medida. La capacitación igual está incluida en todas las provincias gracias a la Ley Micaela, pero además, pensamos una capacitación específica, situada, que permita la incorporación en todos los ámbitos de la administración de Justicia, en relación a la perspectiva de género.
También es necesario, en general, en todos los poderes judiciales, la creación o jerarquizar las Áreas de Género, que permitan pensar una política de género para adentro del Poder Judicial. En general, muchos de los poderes judiciales han incorporado oficinas de este estilo, otros aun no lo han hecho. Por ejemplo, la Oficina de la Mujer que hoy depende de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es el área del poder judicial que establece la política de género para el Poder Judicial.
Después, claramente otro de los puntos que para nosotras es central es establecer dependencias judiciales, sobre todo Fiscalías, que trabajen con la especialización en materia de género. Cada Poder Judicial tiene su propia organización, y podrá variar en cada uno de los lugares, pero sabemos, y está totalmente probado que cuando existen órganos especializados de investigación, facilita claramente esos procesos y, sobre todo, la no revictimización de aquellas personas que son las que se encuentran en situaciones de violencia o víctimas de estos hechos.
Y también implica trabajar en poder verificar todos los obstáculos que genera la propia administración de Justicia, a los fines de generar el acceso a la Justicia, para estos casos. Un ejemplo de buena práctica, es la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), que genera que en un mismo lugar, una dependencia del Poder Judicial pueda llevar adelante por ejemplo, la denuncia, la escucha, hacerle los primeros estudios. Eso está claro que facilita el acceso a la Justicia.
Después, claramente hay que trabajar muy fuertemente para modificar los estándares probatorios, porque ciertos hechos vinculados a las violencias por motivos de género no pueden ser tramitados en términos de las exigencias de los estándares de prueba, como si se tratara de cualquier otro delito. ¿Por qué? Porque tienen características particulares, no es lo mismo un robo que una violación, y además porque en general, cuando tenemos operadores y operadoras que no tienen perspectiva de género, lo que suelen hacer es re victimizar, correr el eje y trabajar en función de la investigación del hecho, haciendo un corrimiento de las responsabilidades hacia la víctima.

LOA. – ¿Cómo es que llegan a las provincias los programas del Ministerio?

E. G. A. – Los programas varían porque hay programas de todo tipo y color. Tenemos algunos programas que están vinculados, el más importante que va a estar saliendo por decreto, y el expediente está moviéndose, es “Acompañar”, que nosotras lo gestionamos junto con la ANSeS, y la idea es que firmemos convenios con las provincias primero, y después con los municipios, para articular un ingreso para las personas que, estando en riesgo por esas violencias, requieran el ingreso a este programa.
Después hay algunos, por ejemplo uno que va a salir en breve que es “Generar”, justamente para fortalecer las áreas de géneros provinciales o municipales. Entonces, ahí se trabajará con la provincia que lo solicite, o con el municipio que lo solicite.
El programa “Articular” es para la sociedad civil, para proyectos concretos. Es a partir de una solicitud, con ciertas características que tiene que tener el proyecto que se presente. Son proyectos vinculados a las áreas estratégicas con las que está trabajando el Ministerio y en función de eso es directo con las organizaciones de la sociedad civil. Ahí hay, desde ayuda urgente para familiares o círculo íntimo de víctimas, inclusive de travesticidio, con la posibilidad de hacer una transferencia económica, de $20 mil. No es muy grande, pero para inmediatamente sucedido este terrible hecho, el Estado Nacional acompañe con esa transferencia de dinero, que es para gastos que todos sabemos que en esas situaciones ocurren. Y con la posibilidad de hacer algún acompañamiento en ese primer momento, tanto de asesoramiento legal o psicológico, siempre que las provincias o los municipios no estén cumpliendo ya esa función, ese rol de asistir.
Los programas varían porque están dirigidos a poblaciones diferentes, pero de todas formas entendemos que vamos a estar firmando en lo inmediato convenios con las provincias para poder trabajar la mayoría de estos programas.

LOA.- Por primera vez en la historia un presidente habló de políticas de cuidados. Cómo es que el Estado puede intervenir en el mediano o largo plazo y que hoy parece utópico?

E. G. A. – Es increíble porque es algo que desde que la humanidad vive socialmente, bajo una organización social, todas las personas en algún momento de nuestra vida fuimos cuidadas por alguien. Todas, y seguramente muchas vamos a volver a serlo. En algunos momentos de forma transitoria, por alguna situación particular, y algunas serán cuidadas también en algún momento futuro. Sin embargo, la invisibilización que hay de estas tareas, sumadas a las tareas que sostienen la gestión de la vida familiar, a pesar de las enormes diversidades que hay de familias hoy por hoy en el mundo, no sólo en nuestro país, porque una de cada cuatro familias en el mundo es la familia tipo, así que hoy tenemos una enorme diversidad, la gestión de la vida familiar, sea como sea esa familia también forma parte de esas tareas.
Cuando hablamos de políticas de cuidado, que eso es lo novedoso, porque las tareas siempre estuvieron ahí, invisibilizadas, naturalizadas en roles que están estereotipados, de si efectivamente son tareas que las teníamos hacer las mujeres o cuerpos feminizados, tareas que las hacíamos por amor, que no existía un registro sobre el tiempo, la energía y sobre todo, defenderlo como un trabajo, porque cuando uno terceriza ese trabajo, lo terceriza mediante un pago, pero cuando uno lo lleva adelante, no lo ve como un trabajo.
Hay una parte fundamental de esto que estamos hablando que es pensar hacia dónde queremos ir. Y eso te diría que es como el eje que hemos empezado con esta gestión. Empezó a ser una política pública y como toda política pública, como la de vivienda, de obra pública, nosotras sabemos hacia dónde queremos ir.
Creemos que hay que pensar políticas públicas que vayan hacia una doble distribución más equitativa de las tareas o de los trabajos del cuidado.
Por un lado, las tareas de cuidado estuvieron y están muy centralizadas en el ámbito familiar, sin corresponsabilidad del Estado, del sector privado y de la comunidad más aun, cuando cada vez las unidades familiares son más pequeñas. Entonces, cada vez cuesta más sostener esa carga de trabajo dentro de la propia familia. No era lo mismo cuando se vivía con los abuelos y cuando había algo más comunitario, esto cada vez sucede menos.
Y por otro lado, una distribución más equitativa en razón de los géneros, es decir, romper con esos estereotipos que somos nosotras en quienes deben recaer esa tareas. Entonces, con ese objetivo, con esa claridad es que nosotras comenzamos a llevar adelante una serie de políticas que, algunas están pensadas más al mediano plazo.
Ni hablar que todas las transformaciones culturales que tenemos que llevar adelante para seguir transformando esta injusta organización del cuidado, pero también hay que poner en valor qué es lo que hay en términos estatales en todo el país, cuáles son los servicios que hay en términos comunitarios, dónde hay por ejemplo, que eso es parte del mapa del cuidado que está llevando adelante el Ministerio: salas de tres años, cómo están distribuidas en el país, jardines maternales, cómo están distribuidos en el país, espacios de cuidados para los adultos mayores.
Ni hablar cuando pensamos en servicios de asistencia o acompañamiento del cuidado a personas con discapacidad. Todo eso hay que relevarlo y una vez que esta relevado, hay que pensar cuáles son esas transformaciones necesarias.
Algunas requieren muchos recursos, otras requieren reformas normativas, muchas requieren visibilizar el tema y son transformaciones culturales, para eso nosotras creamos la Primera Mesa Interministerial de Cuidados, que intervienen once áreas, entre ministerios y agencias estatales, para poder pensar una hoja de ruta para llevar adelante estas transformaciones que no se hacen de un día para el otro.
Es, te diría, de las cuestiones que nos atraviesan a cualquier casa, porque uno puede entender que alguna de las políticas vinculadas a género están más alejadas de la realidad de una persona o de otra. No en todas las casas hay diferentes situaciones de violencia, aunque estemos todas atravesadas por los patrones culturales del patriarcado, pero respecto de las tareas de cuidado, no hay ninguna que no se vea atravesada por eso.
Tenemos que trabajar fuertemente. Hoy en Argentina el promedio de horas que usamos las mujeres en las tareas de cuidado son seis en relación a dos de los varones. Desde llevar a los chicos a la escuela, desde hacer las compras, desde cocinar, limpiar, cuidar a los adultos mayores. Y cuanto menos recursos se tengan, esas seis horas se amplían a ocho, y sucede a la inversa, cuando nos vamos hacia los segmentos que tienen más recursos, se reducen a tres. Sin embargo, siempre es inequitativa esta distribución. Hay que trabajar mucho para que recaigan menos, sobre todo el cuidado de las personas.
No importa la edad, o si se trata de una persona con discapacidad o no, hay que tratar de que eso recaiga más en términos del sector privado y del Estado, y hay que trabajar muy fuertemente para que haya una mejor distribución en términos de tareas.

LOA.- Existen varios observatorios de femicidios en el país, y muchas veces Santa Cruz figura con más muertas a manos de la violencia machistas de las que en verdad tuvo. ¿Cómo trabajan con la información de estos espacios?

E. G. A. – Los únicos datos oficiales que son los que nosotras trabajamos son los del Registro de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el único registro que trabaja con fuentes directas en todo el país. Fuentes directas son las causas. Todas las causas donde haya una muerte violenta. No necesariamente con una condena, porque vos podés tener, por ejemplo, un caso donde un agresor mata a su pareja y después se suicida, y vos no vas a tener una condena, pero sí un femicidio. Pongo el ejemplo de los suicidios porque es bastante habitual, cuando uno empieza a ver este fenómeno, que suceda esto.
Se trabaja en relación a estos hechos porque hay una causa aunque se haya suicidado o muerto el agresor. Todo lo que hay después, son observatorios de la sociedad civil, algunos de la Defensoría del Pueblo, pero son de medios.
Hay muchos hechos que no llegan a los medios, sobre todo los travesticidios, y por otro lado hay muchos hechos que inicialmente pueden parecer como femicidio, y que a partir de investigación se da cuenta de que efectivamente no lo es. Por eso nosotros trabajamos con los datos oficiales del registro de la Corte, que tiene una particularidad, y es que como se trabaja en base a causas judiciales, no los tenes con cortes mensuales, sino con cortes a más largo plazo.
Nosotros ahora estamos esta semana que viene presentando el primer programa interministerial de abordaje a las violencias extremas, como los femicidios, los travesticidios, los transfemicidios, junto al Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Seguridad. Entendemos que, más allá de la importancia que tiene cuantificar el fenómeno de estos hechos, porque además nosotras después trabajamos según provincias, hacemos los análisis en los últimos años y se mantienen o no se mantienen por arriba de la media en cada uno de los lugares, tenemos que poder trabajar con más datos vinculados a información cualitativa y no cuantitativa de los femicidios.
Por ejemplo, sabemos que el 25 por ciento de los hechos de femicidios y travesticidios se comete con arma, entonces sabemos que tenemos que darnos una política muy fuerte vinculada al uso de las armas, digo esto porque es uno de los ejemplos.
Más allá de la cantidad, entender cómo se produce el fenómeno nos permite, sobre todo, poder trabajar para reducirlo. En eso estamos.

LOA. – El Gobierno lleva adelante la negociación de la deuda con los acreedores, ¿por qué es un factor importante para las mujeres lo que se está discutiendo ahora en la Argentina?

E. G. A.- Claro que tiene un impacto en la vida de todos, de todas de todes. Lo cierto es que cuanto menos recursos tenga el Estado, menos va a sostener algunas políticas, sobre todo para sostener a aquellas que están vinculadas también a la asistencia social, que en este momento es absolutamente central . Hay que pensar que la IFE llega a nueve millones de argentinos y argentinas y en su mayoría son mujeres. Lo que hay que entender es que los compromisos que podamos asumir son aquellos que necesariamente nos permitan poder reactivar la economía, una economía que viene de cuatro años arrasada absolutamente, y por otro lado, que entender que toda posibilidad del acceso al mercado laboral o el acceso al mercado laboral en condiciones de formalidad, que no sea informal o precario, siempre es más difícil para las mujeres y las diversidades que para los varones.
Por eso los ajustes, los recortes en términos de políticas públicas y asistencia social, tienen un impacto mucho más grande en las mujeres, por eso hablamos siempre de la feminización de la pobreza. Siempre que se ajusta el Estado, el impacto es desigual, teniendo un impacto mayor para aquellas que somos más prescindibles, o tenemos menos posibilidades. Porque tenemos más obstáculos para acceder al mercado laboral, para acceder a los créditos, para acceder al sistema de producción, entonces somos las más castigadas entre los castigados.