La jueza María Alvarez confía en ser restituida

El abogado de la jueza de Familia de Caleta Olivia, apartada de su cargo por un tribunal de enjuiciamiento, señaló sospechas de “maniobras políticas”.

Alvarez aclaró su rol en la causa y, en su defensa, dijo que Zari la recusó. El 14 pasado fue la audiencia del “jury” y esperan la sentencia, “que tiene que devolver a la doctora a su cargo”, señaló.

El caso conmocionó a la comunidad de Caleta Olivia,
quizás por el tono altisonante de la acusación que pesa sobre tres juezas de la
ciudad y un defensor oficial. La imputación alarmó: “presunta adopción
irregular”, señaló.

Sin embargo, según expresó el abogado de la jueza de Familia
María del Rosario Alvarez, el doctor Guillermo Iglesias, no sólo no estaría
probada, sino que se trata de “una mentira muy grave”, y trajo a colación que
nunca se entregó a la bebé y que, por el contrario, su representada ordenó que
fuera puesta a resguardo, en el “pequeño Hogar, y bajo la responsabilidad de la
autoridad de aplicación de la ley N° 3.062 (niños, niñas y adolescentes)”.

En pasado 14 del corriente, en una sala del Superior
Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, en la ciudad de Río Gallegos, se
desarrolló la audiencia del jury de enjuiciamiento. El tribunal está compuesto
por el representante de la Legislatura, el diputado doctor José Blassiotto, la
abogada de la matrícula doctora Florencia Moreira, y la titular del STJ la
doctora Reneé Fernández.

Para Iglesias, se trata de un tribunal “politizado”,
principalmente por procedencia del primero y la última, aunque apeló a que
“tomarán la decisión correcta”.

El letrado consideró que, en relación a los intereses
de la defensa, la audiencia “fue extraordinaria porque se pudo probar que la
doctora Alvarez ha tenido un desempeño excelente”. Sobre el caso puntual,
refirió que, desde el Ministerio Público Fiscal, fue “mal enfocado”, y que, de
cara a la opinión pública, “alguien, por algún interés non santo, dejó entrever que la doctora Alvarez le entregó una
criatura a la doctora Angélica Zari. Lo cual es absolutamente mentira”, dijo, y
arriesgó que habría “una mano política” en el asunto.

Seguidamente describió aspectos del proceso, en el que
la mujer gestante expresó su decisión de entregar en adopción al bebé por
nacer, y sobre las actuaciones que la jueza ordenó, previo a tomar la feria y
ser subrogada en su cargo. En tal sentido hizo mención al primer proveído que,
según precisó, habría sido tomado “parcialmente” en cuenta por la Fiscalía.

En el documento, la doctora ordenó medidas procesales,
librando oficios y dando intervención a múltiples actores, en rigor, actuantes:
al Centro de Salud donde nacería la bebé, al profesional médico que atendía a
la mujer gestante, a la autoridad de aplicación de la Ley 3.062, y al Gabinete
Médico Social y Profesional para designarle una profesional en Psicología a la
embarazada.

En este sentido, Iglesias aseveró que -el proveído?
sería una prueba “irrefutable” de la acción “oportuna” de la magistrada, y que
daría por tierra con los principales puntos de la acusación en su contra. La
misma, vale recordar, hace hincapié en la presunta falta de conocimiento del
derecho y la potencial organización con otras magistradas para viabilizar una
adopción irregular.

Finalmente, vale destacar sobre el último punto que,
en la contestación de la acusación en su contra, la defensa transcribió todas
las actuaciones firmadas por Alvarez. Entre ellas, está el pedido de recusación
de la magistrada, solicitado por la representación legal de la doctora Angélica
Zari; situación que, según la defensa, también demostraría la inexistencia de
una asociación entre ambas.