Escándalo en Chubut: la fiscal Gamarra tras la pista de los responsables del intento de bloqueo del inicio de clases

El escándalo en Chubut que tiene en el epicentro al gremialista de Educación, José Severiche, que denunció ante la justicia que recibió una oferta de “coima” para llevar adelante un conflicto para que no inicien las clases en la provincia sigue generando grandes repercusiones.

Por estas horas la justicia avanza en la investigación para dar con los responsables, mientras que ministros y secretarios del Gobierno de Chubut reclaman que se clarifique lo expresado por Severiche.

En este escenario, el referente de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACh) Raúl Cereseto dialogó con La Opinión Austral y “despegó” de las versiones que lo indicaban a como uno de los responsables.

El intento de boicotear el inicio del ciclo lectivo como parte de una propuesta llevada a la Justicia involucra a Gonzalo Carpintero Patterson, un cuestionado ex funcionario provincial que fuera juzgado por corrupción.

Éste habría convocado al gremialista en las oficinas de la Pesquera “Hemos Triunfado” para proponer un “quilombo” que impida el normal comienzo de clases antes del 23 de febrero.

El entramado parece exponer las diferencias que existirían entre el Gobierno Provincial que lidera Ignacio Torres con los máximos referentes de la Pesca en Chubut, nucleados en la Flota Amarilla.

Los empresarios que en principio, quedaron al margen de la investigación judicial, plantean la existencia de una “operación mediática” que apunta a desprestigiarlos.

“No estoy en el caso y por eso, nunca entendí por qué tanto ensañamiento en intentar involucrarme a un tema en el que no estoy. Y como no estoy en el caso nunca entendí por qué se insiste”, reconoció Raúl Cereseto, consultado por La Opinión Austral.

Negó todo tipo de vinculación con el episodio denunciado y consideró “descabellado” que se intente manipular al sector pesquero con cualquier manejo en perjuicio de la educación, “Desde la Cámara de Flota Amarilla de Chubut, con Gustavo González (Presidente de la entidad) y otros integrantes, nos acercamos hace años a distintas escuelas y a instituciones educativas, siempre gratis, para dar charlas y promover la pesca entre los jóvenes. ¿Cómo vamos a tener nosotros algún interés en algo relacionado con los maestros?. Nos parece un absurdo pero tan grande que ni siquiera sentimos que tenemos que hacer un descargo del tema”, remarcó.

“Evidentemente hay otro problema de fondo que hace que quieran desviar la atención y que nosotros desconocemos. Tampoco tenemos diferencias o discusiones con la Provincia, no es que estamos peleados. Tuvimos dos grandes diferencias y lo pueden googlear. Nos hemos manifestado en contra de algunas decisiones políticas pero de manera institucional, con mucho respeto. Dijimos por ejemplo que no estamos de acuerdo con el otorgamiento de nuevos permisos. No compartimos un abrupto incremento del canon en un momento donde el sector pesquero – es de público conocimiento – está en una crisis”.

Se mostró sorprendido por las repercusiones que tuvo el caso, del que La Opinión Austral viene cubriendo desde su inicio, y las múltiples expresiones que se difundieron desde intendentes hasta ministros y secretarios provinciales de Chubut. “No hay mucho más para decir. Y no tenemos mucho más para contestar porque no entendemos la situación”, argumentó.

Desvinculado

Por otro lado, el empresario pesquero destacó la tarea de la fiscal Julieta Gamarra, quien desde la Unidad especializada en Delitos contra la Administración Pública lo desvinculó del caso.

“El señor Cereseto no está involucrado en esto, no tiene absolutamente nada que ver y no está siendo investigado”, “los allanamientos tampoco fueron dirigidos a él, Si en las oficinas donde trabaja pero nada relacionado con él”, aclaró la fiscal interviniente en diálogo con LU20 Radio Chubut.

En primera instancia, un jueza de Trelew se declaró incompetente en el hecho que derivó en primera instancia en el secuestro del celular de Gonzalo Carpintero al ser interceptado en cercanías del club Huracán (Trelew) y el posterior allanamiento de la oficina mencionada en la denuncia donde se secuestró el teléfono del presunto tercero interviniente. La eventual imputación sería cohecho o coacción.

Denuncia

La Opinión Austral accedió al contenido de la denuncia formulada por José Severiche, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, seccional Trelew ante el fiscal general de Rawson, Lucas Papini.

“Me presento ante usted a fin de denunciar un hecho que podría configurar delito penal extremo a este último, que dejo liberado a vuestro saber y entender”, expuso el dirigente la pasada semana.

“Quien suscribe, ostenta el cargo sindical antes informado, como consecuencia de un antecedente, si bien no suficiente, sí necesario. Soy empleado público, por ende, funcionario público en los términos establecidos en el artículo 77 del Código Penal”.

Agregó que declaró haber recibido un llamado telefónico de Ricardo Traversini. “Me dijo que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería tener una reunión conmigo en su empresa, sin indicar los motivos. Como conozco a Carpintero, me acerqué a las oficinas de la calle Cacique Chiquichano, 1515 de Trelew”.

“Llego, saludo a Traversini y me hace pasar a la oficina de Gonzalo (Carpintero) y nos quedamos los tres. Carpintero me dice que necesita que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero. Me aclaró que tenían que generar el conflicto antes del 23, si no, no servía”.

“Me agregó –continuó la denuncia de Severiche- que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia mencionando a Maderna, Cardozo y Leila Lloyd – Jones”.

“Finalizó la charla diciéndome que si yo hacía eso iba a tener una retribución económica. Me dijo exactamente, después hacemos paritarias. Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos. Apenas he escuchado la propuesta me di cuenta de que lo que me proponía no estaba bien y podía ser un delito. Por eso denuncio ante usted, quedando a disposición para ampliar mis dichos a su requerimiento”, declaró.

Deuda y “animosidad”

“CAFACH tampoco tiene deuda. Los 1.200 millones de pesos corresponden al canon de extracción de diciembre que entiendo, tiene vencimiento a fines de febrero y que para mí, está pago. Ellos hablan de toda la flota cuando CAFACH tiene 40 de los 100 barcos que operan. Por eso creemos que está mal direccionado y malintencionando porque es toda la flota la que devenga esa supuesta deuda. De todos modos, eso es de diciembre con vencimiento a fin de semana. Salvo que estén hablando de enero que aún no venció. La noticia intenta demostrar que no se paga hace años y eso no es así”, dijo Raúl Cereseto en respuesta al titular de la Agencia de Recaudación del Chubut, Pablo Asnaghi. El funcionario expuso una deuda por parte de la Flota Amarilla en concepto de canon pesquero, equivalente al 2% por cada kilo durante los tres primeros meses del año y habló de “animosidad” frente al gobierno de Ignacio Torres.

Qué dijo el Gabinete provincial

Luego de que el Gobierno de Chubut decidiera accionar como querellante en la causa por el presunto ofrecimiento de dinero para impedir el comienzo clases previsto para el próximo 23 de febrero, el ministro de Educación, José Luis Punta, consideró que el área es la “principal bandera” de la gestión y puso en valor la conducta del gremialista que denunció este accionar.

“Se la agarran con la educación y en este momento porque la educación es ordenadora de la sociedad, y eso atenta contra cada uno de nosotros. No podemos ser ingenuos y pensar que es una sola persona la que quiere atentar contra el inicio de clases. Con total sinceridad, creo que hay muchos intereses que tienen que ver con lo social y lo económico detrás de esto”, expresó el titular de la cartera educativa, remarcando que la decisión de que la provincia se convierta en querellante implica “defender a la educación de todos”.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano de Chubut, Florencia Papaiani, alentó la hipótesis respecto a los autores intelectuales de esta maniobra. “Espero que la Justicia realmente vaya hasta las últimas consecuencias, porque no podemos creer todos los chubutenses que es sólo una persona en una reunión solicitando esto, sino que hay actores intelectuales atrás”, dijo a través de Diario El Chubut. Y atribuyó el intento desestabilizador a personas “enojadas con algunas medidas que toma el Gobierno”.

Mientras tanto, el secretario de Pesca del Chubut, Andrés Arbeletche, fue mucho más allá. “Esto es aberrante, no hay justificación alguna para que alguien haga este tipo de actividades. Ahora, más allá de que todavía no están comprobados los hechos, si esto está vinculado con gente del sector de la pesca, es aún peor, porque estamos hablando de uno de los sectores que más ganancias da, que más rentabilidad da, un sector que, por supuesto, defiendo siempre y está más que justificado que ganen dinero, pero que, además de que les va muy bien con un recurso del Estado” había expresado el funcionario del área en diálogo con LU20 Radio Chubut.

Mientras algunos niegan, otros miran para otro lado y se realizan todo tipo de elucubraciones, la fiscal Gamarra avanza en determinar quién o quiénes están detrás del intento de bloquear el inicio de clases.

¿Quién le pidió al ex funcionario Carpintero para que le hagan la oferta al sindicalista?

¿Hasta dónde puede llegar el escándalo que mantiene en vilo a la política chubutense?

¿Un conflicto no saldado con la pesca puede desencadenar otro “revuelo” mayor?

Mientras la justicia trata de determinar las responsabilidades, muchos anhelan que esta causa quede desestimada. ¿Será posible? Hasta ahora, sigue en pie el comienzo de clases el lunes próximo.