Cómo está la investigación por la estafa de las casas del IPV en Comodoro Rivadavia

Cerca de 600 familias que tenían el sueño de la casa propia fueron estafadas en la localidad de Comodoro Rivadavia por un grupo de mujeres liderado por la hermana de un político. Vanesa Fita, junto a otras cómplices, está en el ojo de la tormenta y es investigada por promesas falsas y en cobro de alrededor de 100 mil pesos por familia. El caso tomó repercusión hace un poco más de un año y la Justicia continúa trabajando para esclarecer el fraude y determinar las responsabilidades.

A principios de febrero del corriente año se llevó a cabo la audiencia de apertura de investigación por la estafa relacionada con el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV). Cinco mujeres (Fita, Lucía Miranda, Gisela Mansilla, María Curán y Camila Páez) están siendo investigadas por fraude. El engaño salió a la luz en febrero del 2024, cuando comenzaron a recibirse denuncias de personas damnificadad. La estafa consitía en la entrega de dinero con la promesa de acceder a una casa del IPV.

En este sentido, el fiscal Martín Cárcamo dialogó con Actualidad 2.0 y dio a conocer que hubo un importante avance con las pericias telefónicas, cuyos resultados se están terminando de evaluar. Se logró recuperar más de cinco gigabytes de información, incluyendo chats de WhatsApp, transferencias y mensajes vinculados a la maniobra. “Lo que no queda duda es que hubo una participación para mantener vigente la maniobra defraudatoria”, dijo el fiscal.

Asimismo, el fiscal dio a conocer que  las defensas de las coimputadas argumentan que no tuvieron beneficio económico en la maniobra. Cárcamo le restó importancia a ese planteo y aseguró que no es suficiente para desestimar la acusación. “Aunque no haya un beneficio económico importante, la posición de la defensa es insuficiente para derribar la acusación, aun cuando en un principio hubieran revestido el carácter de víctimas de la maniobra”, dijo.

Finalmente, Cárcamo insistió en que “No hay dudas de que colaboraron para mantener vigente el fraude y esto se verifica en las pericias, por la disposición para actuar como intermediarias y captar nuevos interesados”. “La estafa, que afecta a 590 personas, está valuada en más de 59 millones de pesos, partiendo de que la denuncia sostiene que cobraban 100.000 pesos a cada interesado en ser inscriptos en los falsos planes de vivienda”, cerró diciendo el fiscal de la causa conocida como causa “IPV 3”.