¿Qué harán el Fiscal de Estado y la Defensora del Pueblo con el pedido de impugnación del acuerdo entre YPF y el Gobierno de Chubut?

El debate por el acuerdo firmado entre la Provincia de Chubut e YPF para la cesión de áreas petroleras y la reparación de pasivos ambientales tiene un nuevo capítulo judicial.

Un grupo de nueve ciudadanos, entre ellos el constitucionalista José Raúl Heredia, presentó un recurso administrativo ante la Fiscalía de Estado, encabezada por Andrés Meiszner, para que revise la legalidad del convenio aprobado por la Legislatura y, en caso de considerarlo procedente, promueva su declaración de nulidad e inconstitucionalidad.

También se hizo idéntica presentación en la Defensoría del Pueblo de Chubut, a cargo de la Dra. Claudia Bard. Solicitan “impedir que impere en Chubut un acuerdo ilegítimo como el que se ha suscripto por el gobernador con YPF SA y que se ha sancionado en la Legislatura”.

La Opinión Austral accedió a las dos presentaciones que pusieron en alerta a varios de los protagonistas, los que están a favor y en contra del acuerdo.

“Le concedemos a la Provincia una instancia más para que se autocorrija de un desvío de poder. Esa es la finalidad de esta presentación. La Fiscalía de Estado tiene el deber constitucional de controlar la legalidad de los actos administrativos y creemos que debe intervenir”, afirmó el doctor Heredia durante una entrevista con el programa “Actualidad 2.0” (Radio del Mar, de Comodoro Rivadavia), conducido por el periodista Raúl Figueroa, quien también adelantó en ADN Sur el pedido de impugnación.

El planteo fue presentado como una acción ciudadana y no en representación de partidos políticos, municipios u organizaciones ambientales.

Además de Heredia, entre los firmantes figuran el exjuez y exfiscal Alfredo Pérez Galimberti; los abogados Eduardo Gastón Acevedo, Agustín T. Cifre Puig, Marco Rojas Castro, Alejandro Fernández Vecino y Eduardo Raúl Hualpa; además de Estrella Gerez, y la concejala de Esquel Evangelina Flavia Chamorro, quienes respaldaron la presentación.

Qué se firmó

El acuerdo entre YPF y la provincia de Chubut se concretó a fines de junio de 2026 y fue ratificado por la Legislatura provincial a principios de julio pasado.

Establece la salida de la petrolera de seis áreas maduras en la cuenca del Golfo San Jorge, cediendo 3.000 pozos inactivos y su responsabilidad sobre los pasivos ambientales.

A cambio, la operadora entregará una compensación económica de USD 25 millones. Además, se transfirieron a la provincia tierras e inmuebles valuados en más de USD 60 millones, además de 100 vehículos.

La Opinión Austral ya había expuesto el tema cuando el gobernador Torres destacó y celebró el acuerdo: “Sin intermediarios: los bienes de YPF son para los comodorenses“, dijo. Agregó que “van a llegar a quienes realmente les corresponden. Lo vamos a garantizar por ley”.

Por su parte, el intendente Othar Macharashvili había denunciado que fue una firma “entre gallos y medianoches” y amplió: “La carta documento que enviamos es una declaración política para preservar la institucionalidad y los trámites que veníamos haciendo con YPF en función de su retirada de la cuenca del Golfo San Jorge y de todos los bienes que tenían que ser traspasados al municipio, como estaba previsto en convenios y acuerdos anteriores”.

“Última oportunidad” para la Provincia

El constitucionalista Heredia explicó que la legislación administrativa prevé mecanismos para que el propio Estado revise sus decisiones antes de que intervenga la Justicia. “Lo que hacemos es darle una oportunidad para que la administración se autocorrija. Después el fiscal sabrá qué hacer. Nosotros entendemos que debe promover la inconstitucionalidad de la ley y la nulidad del acuerdo”, sostuvo. No obstante, reconoció que las expectativas sobre una respuesta favorable son limitadas.

“No tenemos muchas esperanzas, pero creemos que hay que agotar todas las vías legales que la Constitución y las leyes ponen a disposición de los ciudadanos”, manifestó.

“No renunciar a derechos de la comunidad”

El núcleo del cuestionamiento apunta a que el acuerdo implicaría una renuncia a derechos ambientales que, según Heredia, son de orden público y, por lo tanto, indisponibles para cualquier gobierno. “No se puede renunciar, como hace la Provincia, a derechos que pertenecen a toda la comunidad. El daño ambiental afecta a los habitantes y esa renuncia no puede hacerse mediante un contrato“, explicó.

Según indicó, el propio convenio constituye una prueba de la existencia del pasivo ambiental porque establece una compensación económica destinada a su reparación. “Las partes reconocen que hay daño. Eso ya no es materia de discusión. Lo que cuestionamos es que ese daño se cuantifica de una manera absolutamente arbitraria y sin ningún respaldo científico”, señaló.

Para Heredia, cualquier reparación debería sustentarse en estudios técnicos independientes que determinen la verdadera magnitud del impacto ambiental acumulado durante más de un siglo de explotación petrolera.

En ese sentido, recordó que las normas ambientales nacionales, la Constitución Nacional, la Constitución de Chubut y los tratados internacionales establecen con claridad que quien contamina tiene el deber de recomponer el ambiente.

Autonomía municipal y “contrabando legislativo”

Otro de los ejes del planteo es la presunta afectación de la autonomía de los municipios. Según Heredia, el acuerdo dispone el destino de fondos y contraprestaciones económicas sin participación de los gobiernos locales.

“No puede hacerse existiendo municipios autónomos. No fueron consultados ni participaron de la decisión”, cuestionó.

También objetó la incorporación dentro del convenio del caso Restinga Alí, al considerar que ya existía una legislación específica sobre ese tema. “Hemos hablado de un verdadero contrabando normativo. Se introduce mediante este acuerdo una situación que ya había sido regulada por otra ley”, expresó.

Heredia remarcó que la acción judicial no pertenece exclusivamente al grupo de firmantes. Explicó que la Constitución Provincial reconoce legitimación amplia para la defensa de los intereses colectivos y del ambiente.

“Todo habitante de la provincia puede accionar. Lo dicen claramente los artículos 57 y 111 de la Constitución de Chubut. Cualquier ciudadano puede adherir a nuestra presentación o iniciar una propia”.

Precisó además que quienes impulsan la iniciativa, lo hacen en carácter de ciudadanos y no en representación profesional.

“No venimos como abogados. Venimos como habitantes de Chubut. Muchos de nosotros participamos durante décadas en la construcción de las instituciones provinciales, de la Constitución y de las cartas orgánicas municipales. Consideramos que tenemos el deber cívico de defender aquello que ayudamos a construir”, afirmó.

Consultado sobre cuál debería ser el monto de una eventual reparación ambiental, Heredia evitó hablar de cifras. “No queremos una estimación hecha a la marchanta. Queremos estudios científicos, técnicos y objetivos que determinen cuál es el verdadero costo de la remediación”.

Mientras esperan una respuesta de la Fiscalía de Estado y de la Defensoría del Pueblo, el grupo ya anticipó que si no existe una revisión administrativa del acuerdo, el conflicto se trasladará a los tribunales.

La discusión ya no girará únicamente sobre la transferencia de áreas petroleras, sino sobre un interrogante de fondo: quién debe hacerse cargo del pasivo ambiental acumulado durante más de un siglo de actividad hidrocarburífera en Comodoro Rivadavia y el resto de la cuenca del Golfo San Jorge.

En la presentación, los denunciantes remarcaron -en el punto 15 del escrito elevado a la Fiscalía de Estado- que “Santa Cruz obtuvo un resarcimiento integral de USD 335 millones junto con un plan de remediación obligatoria. Hay, de este modo, un trato inequitativo que perjudica el patrimonio local y soslaya el riesgo ambiental perpetuo”.

Los diputados de Comodoro y la votación final

La Legislatura aprobó, con 17 votos positivos y 9 en contra, la ley que ratifica el acuerdo firmado entre YPF y el Gobierno provincial para concretar la salida de la empresa de las áreas convencionales de la Cuenca del Golfo San Jorge.

Los legisladores de Comodoro que votaron a favor del acuerdo fueron  María Andrea Aguilera, Emanuel Fernández, Daniel Casal, Leticia Magaldi y Paula Hogalde. Y también tuvo el respaldo de  Luis Juncos, de Rada Tilly.

Y entre los votos en contra, los comodorenses Vanesa Abril, Gustavo Fita, Juan Pais y Emanuel Coliñir.

En definitiva, acá están los nombres de los diputados que fueron protagonistas de la votación del jueves 2 de julio:

A favor:  María Andrea Aguilera, Daniel Hollmann, Karina Elizabeth Otero, Mariela Alejandra Tamame, Sergio Daniel González, Sergio Ongarato, Paulina Hogalde, Leticia Giordano, Luis Juncos, Sonia Cavagnini, Emanuel Fernández, Leonardo Browman, Sixto Osvaldo Bermejo, Sandra Willatowski, Fabián Gandon, Daniel Casal, Mariela Williams y Leticia Magaldi.

En contra: Juan Pais, Vanesa Abril, Emanuel Coliñir, Gustavo Fita, Norma Arbilla, Andrea Toro, Antonio Rubia y Juan Aquino.

La diputada Tatiana Goic, ausente.

Se estableció que los USD 25 millones que abonará la petrolera deberán destinarse exclusivamente a obras de infraestructura, servicios públicos, salud, seguridad, saneamiento y otras inversiones de interés público dentro de Comodoro Rivadavia.

La ley también reconoce expresamente las competencias del municipio sobre planificación urbana, uso del suelo, habilitaciones, cuestiones ambientales y poder de policía respecto a los inmuebles alcanzados por el convenio.

Se amplió la integración del Consejo Consultivo, que intervendrá en el análisis del destino de los inmuebles transferidos.

Ese organismo estará integrado por representantes del Gobierno provincial, del Municipio de Comodoro Rivadavia y de organizaciones de la sociedad civil, con funciones de carácter consultivo.

La ley establece que los bienes transferidos por YPF pasarán al Estado provincial, aunque deberán destinarse exclusivamente a la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Entre ellos se incluyen vehículos, inmuebles, edificios y terrenos.

Destacaron que Santa Cruz logró un mejor acuerdo que Chubut

Mientras siguen las disputas, según la presentación de un grupo de abogados ante el fiscal de Estado Andrés Meiszner destacaron que Santa Cruz logró un mejor acuerdo que Chubut.

Recordaron que el gobernador Ignacio Torres aceptó una compensación de 25 millones de dólares para áreas con entre 2.000 y 3.000 pozos inactivos, mientras que el gobernador Claudio Vidal, de Santa Cruz, logró un acuerdo por 335 millones de dólares para alrededor de 1.200 pozos.

El proceso de cesión de YPF a Santa Cruz también fue destacado por otras administraciones provinciales que se encuentran en el Plan Andes.

En la presentación, fortalecen la denuncia con un argumento clave entre las dos operaciones: la consideran de una gran diferencia y desproporción económica incompatible con la magnitud del pasivo ambiental.

La administración del gobernador Claudio Vidal acordó con el presidente de la petrolera, Horacio Marín, la participación activa de FOMICRUZ en los procesos licitatorios de las concesiones; remediación del pasivo ambiental por parte de la empresa en un plazo no mayor a 5 años con auditorías de la UBA; la recuperación de bienes patrimoniales; la compensación por los compromisos de inversiones pendientes de ejecución, y un resarcimiento económico a la provincia por 335 millones de dólares.

“Ellos buscaban el mejor acuerdo para YPF y nuestros técnicos defendieron lo que más favorecía a Santa Cruz. Fue un trabajo serio, profesional, con mucho debate, y terminamos con un acuerdo que hoy puedo decir que está entre los mejores del país”, declaró a La Opinión Austral el ministro de Energía y Minería de Santa Cruz, Jaime Álvarez.

Cómo sigue

“Chubut nos necesita juntos, sin mezquindades ni miserias políticas. A mí me van a encontrar trabajando para que las cosas se hagan como corresponde, para recuperar la confianza en las instituciones”, manifestó oportunamente el gobernador Ignacio Torres en un encuentro con entidades deportivas para garantizarles que trabajará para que los bienes de YPF tengan como destino esas entidades.

El intendente Othar Othar Macharashvili mantiene firme su reclamo: “Yo defiendo a los comodorenses”, ratificó.

Este martes el gobernador y el intendente se reunieron en Rawson por el tema del derrumbe del Cerro Hermitte, por el que tuvieron fuertes cruces verbales la semana pasada a través de las redes y comunicados. Se dijeron de todo. Ahora, como resultado de este encuentro, acordaron una respuesta integral: se comprometieron a dar una solución definitiva a las familias afectadas. La Provincia construirá 50 viviendas adicionales a las 52 actualmente en ejecución y entregará 124 lotes con servicios. Por su parte, el Municipio ejecutará otras 50 viviendas y aportará 30 lotes en las mismas condiciones.

Mientras tanto genera expectativa sobre qué pasará con las decisiones de la Fiscal de Estado y la Defensora del Pueblo por el pedido de impugnación: ¿Darán lugar? ¿Se puede dar marcha atrás al acuerdo que hasta fue avalado con su aprobación por la Legislatura chubutense?