A SIETE AÑOS DE LA CAUSA QUE MOSTRÓ LAS FALENCIAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN

Abigail, la muerte que nos dolió a todos

Con una casa atravesada por la violencia doméstica, operadoras precarizadas y un juez subrogando varios juzgados a falta de reemplazos se explica el fallo en proteger a la beba de siete meses. Abigail es la foto de un drama social que no se resuelve con el Código Penal, sino con una mejor sociedad.

Por La Opinión Austral


Este año hubiera cumplido 7, estaría en segundo grado, tendría amigos, amigas. Quién puede saberlo con certeza. Lo real es que a sus siete meses le arrebataron la vida, aunque ya antes de eso estaba condenada a sufrir las consecuencias de la violencia doméstica.

Abigail Tortello tenía siete meses cuando falleció, luego de agonizar durante cinco días en la Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital Regional de Río Gallegos. Su muerte fue declarada el 26 de abril de 2014 y ya en los días previos la comunidad había decidido mostrarle su apoyo con oraciones y abrazos fuera del nosocomio, pero también pidiendo una inmediata condena para sus padres.

Abigail fue declarada muerta el 26 de abril de 2014, luego de estar 5 días en coma

El 20 de agosto, Abigail ingresó al hospital en los brazos de su papá, Carlos Tortello, que les comunicó a los médicos de guardia que se le había caído mientras la bañaba sobre una mesada.

Lo curioso fue que eso pasó en el mismo instante en el que Karla Orellano, su pareja y mamá de la beba, estaba denunciándolo por violencia doméstica ante el área de Infancia municipal, para que la ayudaran a tramitar una exclusión del hogar.

La familia estaba judicializada debido a la sospecha de que la beba era víctima de golpes y descuidos. La causa de esa intervención la llevaba adelante el juez de Familia Antonio Andrade, que por entonces subrogaba dos juzgados y tenía un abultado volumen de causas en trámite.

Ni las operadoras que controlaban las 24 horas de la beba, ni los familiares más cercanos, ni la Defensoría de niñas, niños y adolescentes, ni el juez fueron capaces de advertir que la nena corría peligro de muerte. Por el contrario, en los registros que llevaban las trabajadoras sociales no había ningún indicador, llamada de atención, ni alarma y, si los hubo, no los tomaron en serio.

 Padre. Carlos fue acusado de haberla maltratado y su pareja, de no denunciar.
Padre. Carlos fue acusado de haberla maltratado y su pareja, de no denunciar.

Por eso su muerte provocó no sólo la consternación de una sociedad conmovida con el padecimiento de una inocente tan pequeña, sino que puso al desnudo que el sistema era defectuoso: dejó al descubierto que las operadoras de Niñez estaban precarizadas, que no tenían formación alguna y que muchas de ellas eran víctimas de situaciones de violencia en sus hogares.

También que era inverosímil que por el cúmulo de expedientes en los juzgados de Familia hubiera un solo juez a cargo, cuando el Ejecutivo únicamente debía elegir un nombre en una terna que ya había sido confeccionada.

El 2 de noviembre de 2015, la Cámara Criminal condenó a Karla y Carlos a prisión perpetua por el crimen, ya que se había probado que la bebé presentaba viejas fracturas y lesiones compatibles con el Síndrome de Niño Sacudido.

“El síndrome del niño maltratado puede presentarse con una sacudida de sólo cinco minutos y que responda a un estado anímico circunstancial de su padre, madre o cuidador, quien en un momento de enojo sacude al niño para castigarlo o calmarlo”, se lee en el fallo de la Cámara Criminal de la Primera Circunscripción, que entendió que la beba murió por el golpe de su cerebro, sin desarrollar todavía, contra las paredes del cráneo.

El tribunal llegó a la conclusión que la mató el “síndrome del niño sacudido”

Su papá fue condenado porque se probó que estaba con Abigail ese día y su mamá también, porque para la Justicia la suya fue una “omisión impropia”, es decir que calló el maltrato para proteger a su pareja sabiendo que la nena corría peligro.

Actualmente, la Corte revisa la condena de la mamá de Abigail, Karla Orellano

Este último argumento hoy está en disputa, nada más y nada menos que en la Corte Suprema, que en 2019 pidió a Recursos el expediente completo para revisar de condena de Karla y estudiar si acaso no faltó perspectiva de género para comprender que ella era víctima de la misma violencia.

“Se nos pasó”

Recientemente, en el marco de su aparición en el programa del Grupo La Opinión Austral, “La Mirada”, el juez del caso, Antonio Andrade, habló por primera vez de esta muerte.

 Antonio Andrade. El dolor del juez al recordar el caso que lo marcó. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL
Antonio Andrade. El dolor del juez al recordar el caso que lo marcó. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

“Tengo varias situaciones, pero ninguna se iguala a la situación de la beba que todos recuerdan. Más allá de las responsabilidades, porque son cuestiones del oficio, tanto con la secretaria, peritos, en ese momento lo que nos cuestionamos es cómo no pudimos ver. A veces puede pasar porque somos falibles, somos seres humanos, pero en la intervención de tantos profesionales con tanta experiencia, muy comprometidos, trabajadores sociales, dos psicólogos, una secretaria excelente, yo tratando de poner todo de mí, subrogando... y se nos pasó, se nos pasó ver algo ahí, y bueno, cuando empezamos a advertir, ya era tarde”, reflexionó.

Esta es una de las situaciones más tristes por el resultado

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El juez admitió que el caso “lo persigue” por el desenlace que tuvo y porque “tuve una intervención ahí y no pude verlo, no saltó de ningún lado. Esa es una de las situaciones más tristes por el resultado y todo lo que generó después”, finalizó.

A nivel país, la condena es similar a la que dejó el precedente Bachetti, un caso cordobés idéntico, pero en el cual un jurado popular hizo que se declarase la inconstitucionalidad del Art. 80 Inc. 1 del Código Penal Argentino.

Nunca, durante la instrucción ni en el juicio, se pudo determinar quién aplicó los golpes a Ludmila, la beba de cuatro meses, aunque existió un largo historial de lesiones que quedaron asentadas en atenciones de guardia durante los meses previos, tal como sucedió con Abigail.

La diferencia es que en el caso cordobés, un jurado popular entendió que no estaba obligado a aceptar los dos caminos que propusieron la defensa, la absolución, y la Fiscalía, la perpetua, sino que lo justo y razonable eran 18 años de prisión.

En 2010, tres años más tarde, el máximo tribunal de esa provincia revocó esta decisión y la llevó a perpetua para ambos.

Lo cierto es que hablar del caso “Abigail” no es sólo hablar de las falencias del Estado para prevenir la muerte o el abordaje de la conflictiva familiar, sino tener en cuenta que el fenómeno de la violencia doméstica es el que genera el ochenta por ciento del maltrato detectado en niños, niñas y adolescentes de nuestro país.

 Dolor. El funeral de la beba fue multitudinario. FOTO:JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL
Dolor. El funeral de la beba fue multitudinario. FOTO:JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Se trata de una población que claramente no puede denunciar ni visibilizar lo que le sucede, por eso es importante poder advertir y denunciar situaciones en las que se considera la posibilidad de que un niño o niña pueda estar siendo maltratado.

Según datos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, en 2020 se registró un aumento del 20 por ciento de los llamados a la línea 137 respecto al año anterior.

La línea gratuita brinda atención y acompañamiento a víctimas de violencia familiar y sexual, pero en el último tiempo se fortaleció otro dispositivo: el 102, que es un servicio gratuito y confidencial de atención especializada sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes al que se puede recurrir ante una situación de amenaza o vulneración de derechos.

Niñas, niños o adolescentes o familiares pueden denunciar maltrato en la línea 102

El número de atención funciona en todo el país y ante un llamado, se articula con todos los organismos del Sistema de Protección Integral de Derechos.

La idea es que niñas, niños y adolescentes conozcan la existencia de esta línea, al igual que familiares y otras personas adultas referentes (docentes, vecinos y vecinas, organismos gubernamentales y de la sociedad civil, etc.), para que avisen si acaso tienen conocimiento o sospecha sobre una situación de vulneración de derechos de las infancias

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