“Nosotros resolvimos entre todos no recibir a nadie, no queremos que pase nada, después de estas dos semanas vamos a ver qué hacemos, pero por ahora no vamos a tener visitas”, le dijo un preso -que está alojado en la Unidad Penitenciaria N° 2– a La Opinión Austral el 23 de marzo.
Lo resuelto por los presos tenía como fundamento cuidarse entre ellos. “Acá tenemos compañeros que son grandes, ya sabemos que son grupos de riesgo” dijo el mismo detenido a LOA sobre la conciencia de las consecuencias que podía traer el coronavirus.
Se espera el resultado del hisopado de un hombre que fue detenido el jueves pasado.
El temor era grande desde antes que Río Gallegos fuera declarado como zona de transmisión comunitaria. De igual manera, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) buscó medidas “paliativas” para que los internos tengan cierto contacto con sus seres queridos: a quien le pudieran hacer llegar un smartphone, tendría la oportunidad de hacer videollamadas con sus allegados durante 10 minutos entre el sábado y el domingo.
La situación parecía controlada. En paralelo, el SPP intensificó las medidas de bioseguridad para ingresar a los pabellones. “Parecen astronautas” llegó a decir Víctor Ramos, inspector general a cargo del ente que vela por las resoluciones privativas de la libertad que ordena la Justicia de Santa Cruz.
Al igual que en otras provincias, hubo solicitudes. Por ejemplo, en la Alcaidía N° 1 los internos solicitaron prisiones domiciliarias para descomprimir la cárcel.
Esto motivó una reunión de emergencia que se hizo en las instalaciones de la Cámara Oral. Los jueces Jorge Yance y Joaquín Cabral, junto al ministro de Seguridad Lisandro de la Torre; el fiscal de Cámara Iván Saldivia y el antes nombrado Víctor Ramos participaron de la reunión en la que el último explicó que “en las cárceles de Santa Cruz, no hay hacinamiento”. Tras la audiencia, “no se liberaron presos de manera masiva, sólo pocos casos puntuales” indicó el juez Joaquín Cabral a LOA.
Lo tan temido tuvo lugar el 30 de agosto en el Anexo 5, cuando Jonathan Álvarez y Braian Barría, dos jóvenes detenidos, dieron positivo a COVID. Ellos indicaron que se contagiaron tras una redada que se realizó días antes en un pabellón luego de una pelea entre presos y “donde los policías no usaban barbijo”, dijo uno de ellos.
“Parecen astronautas” dijo el jefe de Penitenciaría sobre las medidas de seguridad de los efectivos
Además de Álvarez y Barría, se sumó otro detenido más diagnosticado y el rezo por estos días es que nadie más tenga coronavirus. “Acá el problema es que si nos contagiamos nos morimos, a nadie le importamos”, dijo Álvarez en declaraciones a LOA. Tras cartón, hace unos días, Rodrigo Donaire, el hombre procesado con preventiva por “robo calificado” tras golpear a una abuela para robarle, también dio positivo y fue alojado en la Comisaría Quinta y está aislado del resto de la población.
Lo mismo sucedió en la Unidad Penitenciaria Federal N° 15. El 2 de septiembre, dos internos dieron positivo y, al día de hoy, son diez detenidos infectados.
A seis meses del inicio de la cuarentena en Argentina, el reclamo de las personas privadas de su libertad sigue siendo el mismo. Todos quieren salir con una domiciliaria, y todos padecen no ver a sus familiares.
Es la “otra realidad”. Estar encerrado no es para nada fácil y ellos lo saben mejor que nadie. Mientras una parte de la sociedad reclama y hace marchas “anticuarentena”, el verdadero “aislamiento” es el que padecen ellos y ahora, con un enemigo invisible entre rejas.
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