Todo comenzó el jueves pasado, cuando el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz ordenó el cese de actividades en la sucursal de la cadena de panaderías Zapiola, ubicada en calle Estrada al 100.
Tras confirmar que en el interior trabajaba una empleada que había tenido contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19, las autoridades ordenaron a los dueños del comercio aislarla, interrumpir la atención al público y desinfectar el local.
Además, por expreso pedido de la PYME, la Cartera laboral accedió a darles tiempo para terminar de cocinar la panificación que había pendiente y mover la mercadería a otras sucursales.
Sin embargo, en una acción insólita en los tiempos de pandemia que corren, la empresa hizo caso omiso a la advertencia y al pedido que ellos mismos hicieron.
Menos de dos horas más tarde, al regresar al lugar para constatar el cumplimiento, las autoridades de Trabajo se toparon con un escenario totalmente irresponsable.
Encontraron clientes acompañados de menores de edad que no llevaban puesto tapaboca, motivo por el cual determinaron la clausura temporal, ya que no cumplieron con lo pautado pese al aviso.

Luis León, secretario general del Sindicato de Panaderos, señaló a La Opinión Austral que las irregularidades de la empresa ya datan de tiempo atrás.
“El problema es que esa persona positiva no tenía que estar trabajando, se les dio el tiempo para cocinar todo y que se lleven la mercadería a las sucursales, pero no cumplieron, así que se tuvo que clausurar”, contó.
Detalló que la empresa cuenta con deudas a 15 trabajadores, a quienes no les paga los sueldos hace dos meses.
“Hoy estamos hablando de una multa de 200 mil pesos a una persona con COVID que circula libremente, entonces vos ponés a una persona positiva a trabajar en un lugar donde una factura dura 24 horas en el paquete, imaginate vos la gente que se puede llegar a contagiar”, exclamó León.
Indicó que las autoridades accionaron correctamente: “El pedido del Ministerio y del Sindicato fue claro, que terminen de cocinar y se lleven todo, pero pasaron dos horas después y la panadería seguía abierta”, manifestó el secretario del sindicato.
Sostuvo que a los dueños “no les interesa nada” y, molesto por la situación, recordó: “Hay que tomar acciones, porque si no la gente que está cumpliendo con todo, con lo que sabemos que cuesta, se enoja con justa razón”.
Ante el peligro a la salud pública que significó el accionar de los propietarios, la Cartera laboral solicitó la presencia de la Policía para que -en caso de ser necesario- por la fuerza se acaten las facultades que posee el Ministerio de Trabajo.
Finalmente, las autoridades autorizaron ayer la reapertura tras corroborar que el negocio cumplió con las normas de desinfección e higiene.
La subsecretaria de Trabajo, Guadalupe Novas, recordó a los trabajadores que, ante el contacto estrecho de un caso positivo, están habilitados “a aislarse de modo preventivo, no sólo para salvaguardar la salud personal, sino la de sus compañeros de trabajo y de la comunidad”.
Asimismo, resaltó que el Estado argentino prohibió a los empleadores descontar los días de aislamiento, ni reemplazarlo por las licencias anuales.
“Ningún trabajador tendrá represalias de ningún tipo ante la obligación de aislarse. Las ART cubren esos días de aislamiento y deben ser abonados como si se tratara de cualquier otra licencia por enfermedad”, concluyó.
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