El año pasado, las exportaciones de carne totalizaron 620.000 toneladas (peso producto), lo que representó el 29 por ciento del total producido. Fue un récord histórico. Para encontrar otro registro similar habría que remontarse a 1924. Durante el primer trimestre del año, el país se encaminaba a vender al exterior el 28 por ciento del total de la carne producida.
Lo que puede parecer una buena noticia, quizás no lo era tanto. Es que desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se advirtió que dado el stock actual (53 millones cabezas), cuando se supera el umbral del 24 por ciento de exportaciones, no sólo corre riesgo el stock sino que los precios se disparan.
Esta perspectiva fue lo que llevó al Gobierno Nacional a tomar la decisión de administrar el comercio exterior de la carne. Entre enero y agosto de este año, se despachó al exterior el 85 por ciento de las toneladas vendidas el año pasado, cuando se batieron todos los récords. Es decir, las exportaciones nunca estuvieron cerradas, como pregonaron hasta el cansancio las entidades agropecuarias nucleadas en la vetusta Mesa de Enlace.
Tal como anticipó La Opinión Austral, el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, mantuvo una reunión con las patronales agropecuarias el martes pasado, y luego del cónclave anunció que a partir de mañana se permitirán las exportaciones de vaca vieja a China. El país asiático es la gran aspiradora de las materias primas y proteínas animales del país. Casi el 75 por ciento de la carne comercializada va hacia China.
La presentación, tapa de LOA.
En total, se liberarán 140.000 cabezas de ganado, que totalizan aproximadamente 24.000 toneladas de carne. Tal como publicó La Opinión Austral el pasado 1 de octubre, Santa Cruz participa con 5.000 cabezas anuales que son enviadas a este país, un negocio de 3 millones de dólares.
El ministro Domínguez, tras el anuncio de una mayor apertura, fue enfático al señalar que no habría motivos para que el precio de la carne aumentase, sobre todo porque en los frigoríficos se constató la existencia de un stock de 50.000 toneladas sin vender. Es decir, el sector venía jugando su carta especuladora, como suele suceder. “Los hombres son buenos pero si se los controla son mejores”, decía Perón. Con el sector agropecuario, habría que extremar la máxima del General.
Por eso desde Agricultura se instruyó al Senasa a controlar todos los frigoríficos para fiscalizar que no se exporten los cortes que deben tener privilegio para el mercado interno. Es que se encontraron algunos embarques en los que se trató de meter de prepo algunos cortes protegidos.
Otra de las medidas anunciadas por Domínguez tiene que ver con la posibilidad que tendrán ahora los pequeños ganaderos de acceder a créditos a tasa preferencial.
Casi el 75 por ciento de la carne comercializada va hacia China.
La Mesa de Enlace quiere la libre disponibilidad de las vacas, vaquillonas y terneros para exportar. Entre la tensión alimentos a precios accesibles y exportaciones, juegan un pleno a lo segundo. Sumada a la especulación, que no solamente es en terreno de la carne. Por eso, quizás, los grandes sojeros tenían sin vender – al 15 de septiembre- 26 millones de toneladas de soja, el 46 por ciento de la cosecha actual.
Poder a los exportadores
A los dos días de la reunión con la Mesa de Enlace, el presidente Alberto Fernández presentó en el Museo del Bicentenario un proyecto de ley elaborado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que no es más que la punta de un iceberg que abogará por la eliminación total de las retenciones según las intenciones de los sectores involucrados.
Lo que se anunció el jueves pasado fue una pequeña fracción del proyecto original elaborado por la CAA y promocionado en su momento por el tándem Felipe Solá y Jorge Neme desde la Cancillería. El primero ya está afuera del Gabinete pero Neme fue nombrado vicejefe de Gabinete.
La iniciativa que será enviada al Congreso incluye la amortización acelerada para inversiones, la devolución de IVA de inversiones, incentivos directos para la compra de semillas, fertilizantes y la mejora de la hacienda, y fideicomisos financieros.
Del total de 12.500 millones de dólares que invierte el complejo agroindustrial, aproximadamente un 60 por ciento estará alcanzado por la amortización acelerada. Esto implicará una reducción de la alícuota de Ganancias del 30 al 22,8 por ciento. Según el CAA, este esquema fiscal motorizaría 820 millones de dólares extra de inversión, con un potencial incremento de las exportaciones de 6.000 millones de dólares.
Los sectores beneficiados serían el de la soja (en un 34 por ciento), trigo (30 por ciento), maíz (28 por ciento) y girasol (7 por ciento).
Alberto y Cristina en la presentación del proyecto agroindustrial.
Pero también se apunta a mejorar la ecuación de las economías regionales. Justamente, el CAA está trabajando en otro proyecto de ley para eliminar las retenciones a las economías regionales. En la propuesta original, elaborada el año pasado e incluso avalada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, además se planteaba un horizonte de 10 años para eliminar los derechos de exportación a los grandes cultivos (soja) y sus derivados.
“La gente que tiene hambre, tiene hambre hoy. No puede esperar hasta que las exportaciones derramen. No puede ser que la gente no coma porque primero hay que garantizar inversiones”, reflexiona un excolaborador del Frente de Todos que estuvo detrás de la idea de crear YPF Agro sociedad anónima.
“El camino no es con los monopolios. Los que estuvieron sentados con el presidente y la vicepresidenta son los que aumentan los precios de los alimentos. Desde diciembre de 2019, el arroz aumentó el 200 por ciento, el aceite el 250 por ciento y la carne un 170 por ciento. Allí habría que buscar el porqué del resultado de las elecciones. No tenemos que hablarles a los petroleros o a los grupos mega concentrados. Fue interesante, a su vez, lo que dijo Alberto sobre los 500 millones de pesos que se destinarán a la Agricultura familiar. Las organizaciones del sector lo fueron a ver a Cafiero 12 veces para reglamentar la ley de reparación histórica de la AF. Y todavía sigue guardada. Es por ahí, tenemos que desmonopolizar la producción de alimentos”, agregó Pedro Peretti, dirigente federado.
Por ahora los derechos de exportación a la soja no se tocarán. Pero aparece en el radar de los exportadores una posibilidad para hacerlo. Si existe una única política redistributiva vigente, son las retenciones a la oleaginosa.
La esencia del proyecto YPF Agro sociedad anónima anunciado con la fallida expropiación de Vicentin- también buscaba convertirse en un instrumento para la redistribución de la riqueza. Algunos dirigentes del espacio oficial consideraban la iniciativa como un cruce virtuoso entre peronismo y ruralidad.
Los principales opositores de esta empresa testigo (además de algunas voluntades dentro de la petrolera que no querían desprenderse de esa unidad de negocios) fueron los integrantes del Consejo Agroindustrial, los mismos que ahora lograron meter su primer mojón con este proyecto de ley. Y preanuncian que van por más.
La idea detrás de YPF Agro era que el Estado contase con una empresa con capacidad de fijar precios de referencia, apostar al desarrollo de valor agregado de las materias primas (para convertirlas en proteína animal) y llevar adelante inversiones en riego para redistribuir las zonas de producción. Pero todo quedó en la nada. Se pasó de ese proyecto a la prevalencia de una mirada similar a la teoría del derrame vía exportaciones
Leé más notas de Sebastián Premici
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario