Los poderes Ejecutivo y Judicial con una agenda urgente

En la semana del 8M, que volvió a dejar marcas urgentes en la agenda para frenar las violencias contra las mujeres, los poderes Ejecutivo y Judicial de Santa Cruz se reunieron para intercambiar información que permita políticas públicas inmediatas de prevención.

La reunión sucedió en el Salón Blanco. Ahí estuvieron la gobernadora Alicia Kirchner; la presidenta del Tribunal Superior, Paula Ludueña, quien concurrió junto a las vocalas María de los Ángeles Mercau y Reneé Fernández; además de la titular de la Oficina de Género de ese poder y coordinadora de las OVD, Sabrina Granero.

También fueron de la partida la ministra de Desarrollo Social, Bárbara Weinzettel –de quien depende el área de las mujeres-; el ministro de Seguridad, Lisandro De La Torre, y el jefe de Gabinete, Leonardo Álvarez.

La muerte de una mujer como consecuencia de la violencia machista cada 29 horas y el reclamo porque se sancione una ley de emergencia, sumados a los compromisos recientemente asumidos por Santa Cruz en un Consejo Federal planteado por el Gobierno Nacional, fueron la antesala de la reunión en la que ambos poderes pusieron sobre la mesa sus propias estadísticas.

En el caso del Poder Judicial, hay una recopilación sistemática a través de las OVD, mientras que por parte del Gobierno, se trata de datos que surgen del Observatorio Provincial que todavía no se hicieron públicos.

Botones antipánico, URGE, Ley Micaela y estadísticas en la mesa de la Justicia y el Gobierno

Sin embargo, hace falta pulir varios asuntos, entre ellos profundizar en las capacitaciones de la Ley Micaela, el fortalecimiento de los dispositivos territoriales o que se conozcan cuáles son los programas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad que se bajaron al distrito.

La Opinión Austral pudo saber que existieron discrepancias en torno a los programas del MyNGEN para dar apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género, ya que se accede por ingresos y en el sur son lo suficientemente altos como para que se rechazaran algunos pedidos. Este no es un dato menor, ya que cuando hablamos de federalismo, se trata de comprender también que cada región tiene su costo de vida y eso no debiera ser un impedimento.

URGE

Otro punto sobre el cual se dialogó fue la necesidad de que Santa Cruz adhiera prontamente al Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género (URGE), que unifica las denuncias que se hacen en las comisarías, lo que facilitará la coordinación de la atención policial y judicial.

Hoy, saber si una persona que está haciendo una denuncia tiene causas iniciadas y dónde es una tarea de averiguación casi artesanal, lo mismo sucede con la situación de aquellos varones denunciados por ejercer violencia.

La falta de casas abrigo en muchos municipios (hay menos de 6 en 14 jurisdicciones) y los escollos a la hora de frenar las violaciones sistemáticas a las medidas de protección son asuntos que también se charlaron y bien podrían significar la participación del otro poder, el Legislativo.

Perspectiva

En declaraciones a La Opinión Austral, el ministro de Seguridad indicó que “hemos comenzado a trabajar fuertemente todos los organismos estatales para abordar integralmente todo tipo de política pública bajo una matriz de perspectiva de género”.

Transversalidad de la perspectiva de género en Seguridad

En este camino, “todas las áreas que comprenden el sistema de seguridad pública han trabajado en diferentes acciones. Durante el 2020 se aprobó el programa provincial de integración y fortalecimiento para la transversalidad de la perspectiva de género en Seguridad”, recordó De La Torre sobre un plan de capacitaciones e integración de la currícula de la Escuela Superior de Oficiales y Suboficiales.

Botones antipánico

El Ministerio de Salud abrió el año pasado dos áreas de monitoreo de los dispositivos duales que tanto víctimas como victimarios tienen colocados en el marco de causas judiciales. En una primera tanda, Santa Cruz recibió 50 equipos, de los cuales ya se colocaron 22, en su mayoría por pedidos que se realizaron en las últimas semanas.

Sabrina Granero y Lisandro De La Torre.

Los botones antipánico funcionan con la entrega de un aparato similar a un celular que les entregan a las mujeres, mientras que sus agresores llevan una tobillera que emite una señal si acaso se acercan a ellas. Que haya aumentado la demanda de su colocación habla de que los magistrados y magistradas internalizaron el dispositivo como una medida de protección concreta, aunque, se sabe, no es la solución.

Una prioridad

Para Sabrina Granero, responsable de las Oficinas de Violencia Doméstica que el Tribunal tiene en Río Gallegos y Caleta Olivia, “la respuesta llega con una cuestión de fondo, que es lograr una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades. Pero mientras tanto, resolver sobre las urgencias que demanda la violencia por cuestiones de género es una prioridad”, marcó.

La respuesta de fondo es lograr una sociedad más equitativa

Asimismo, la funcionaria judicial sostuvo que “es muy importante que podamos tener este tipo de encuentros de trabajo. Ya el año pasado establecimos una Mesa de Armonización de la Legislación, que sirve para poner blanco sobre negro, avanzar con las leyes y dispositivos que funcionan bien y pensar, entre los tres poderes, mecanismos para mejorar y dar respuestas más rápidas”.