El Juzgado de Puerto Deseado, a cargo de Oldemar Villa, y la Fiscalía, a cargo de Ariel Quinteros, llevan adelante el caso de Millaray Cattani, la adolescente de 15 años que se suicidó el pasado 14 de abril en dicha localidad del norte de Santa Cruz. Su familia presentó una denuncia relacionando su muerte con un abuso sexual que habría sufrido dos años antes, causada por un joven de 18 años en ese entonces.
En ese marco, en la investigación se aplicó el “Protocolo para la Investigación y Litigio de casos de Muertes Violentas de Mujeres (Femicidios)“, elaborado por la Unidad Fiscal especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, al que el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz adhirió en noviembre del 2020.
Millaray Cattani.
Al respecto habló el fiscal Quinteros, y explicó que “para no generar dos causas con testimonios que se repitan y una doble instrucción, se unificaron”, sobre todo, teniendo en cuenta que hay testigos “que son menores de edad y no van a venir dos veces”. Cabe destacar que los indicios de un abuso sexual contra Millaray surgen luego de una investigación que hizo la familia entre sus pertenencias y comentarios de amigas.
Una de las medidas más importantes que se solicitaron en la causa fue la realización de una “autopsia psicológica” para conocer cómo se encontraba la adolescente al momento del suicidio, pero también porque, “en las testimoniales se habla, por un lado, de una situación de abuso, y por el otro, de una situación de violencia física en su entorno”, indicó Quinteros.
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Sobre la hipótesis del abuso como desencadenante del suicidio, el fiscal dijo que “se está construyendo, no se descarta”, y que de hecho “la persona sindicada está imputada y a derecho”, agregó sobre el joven que hoy tiene más de 20 años.
Por otro lado, confirmó que este lunes lograron avanzar en la remisión de los oficios correspondientes a Facebook e Instagram para abrir las los perfiles de Millaray, material importante para la autopsia psicológica. “Hasta el momento tenemos en Fiscalía mensajes que fueron recuperados del celular, pero no con la persona imputada. Se trata de mensajes de SMS, que sabemos que no es la plataforma más utilizada por los jóvenes”, dijo luego el fiscal.
El acusado de abuso cerró todas sus redes sociales.
Por estas horas, se habla de la existencia de manuscritos que habría dejado la adolescente, en los que se daría cuenta del abuso sufrido, aunque esto todavía no está en poder del fiscal sino del equipo de peritos.
Las medidas judiciales se conocieron luego de que la directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, abogada Graciana Peñafort, se expresara en relación del Caso Millaray.
En su cuenta de Twitter recordó que hace poco dio una charla sobre reforma judicial con perspectiva de género, junto a la senadora Nacional por la Provincia de Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun, y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.
Allí señalaron temas que son “deficiencias del Poder Judicial y suceden con una crueldad espantosa”, escribió. Peñafort compartió la noticia sobre el caso que para ella ponía en evidencia “el horror de ciertos funcionarios del Poder Judicial cuando se trata de investigar delitos que involucran violencia de género”.
En sus siguientes tweets resumió el caso Millaray y se refirió a la falta de lugar a las medidas de prueba que solicitó la familia Cattani, como así también a las declaraciones del fiscal Ariel Quinteros, que tomó como “indignantes”: “Es un desparramo de prejuicios, deficiencias técnicas e indiferencia brutal frente a la situación. Indiferencia al dolor de la familia de Millaray, indiferencia al infierno que debe haber pasado la nena antes de decidir suicidarse, e indiferencia ante las otras chicas que no se animan a denunciar y menos aún lo van a hacer con este fiscal”.
Aclaraciones
En las publicaciones periodísticas de portales de Buenos Aires, que surgieron durante el fin de semana, la Fiscalía aparece como la responsable de ordenar medidas. Sin embargo, en Santa Cruz todavía no existe un sistema acusatorio, sino mixto, y por lo tanto, las decisiones de la investigación están en cabeza de jueces y juezas.
“Yo no tomo las decisiones ni las testimoniales”, aclaró Quinteros y desmintió las declaraciones que le atribuyen haber convalidado la idea de una relación consentida entre la joven y el imputado, o que descartaran que pudiera tratarse de un suicidio instigado.
Finalmente, Quinteros celebró que la querella sea autónoma, y reiteró que llevan adelante “una tarea compartida porque ambos queremos descubrir la verdad de lo que pasó con Millaray”, aunque aclaró que, a diferencia de juez de instrucción, no recibió pedidos de audiencia de la familia de la joven.
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