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En la madrugada fría y silenciosa de Río Gallegos, un peligroso incidente eléctrico puso en vilo al barrio Bicentenario. La División Cuartel 24 de Bomberos de la Policía de Santa Cruz actuó con precisión ante un tendido clandestino que generaba chispas en la intersección de calles 33 y 50, un punto neurálgico de una zona residencial. La rápida intervención no solo evitó una posible tragedia, sino que dejó al descubierto una práctica ilegal y riesgosa que podría haber terminado en desastre.

El operativo

De acuerdo a la información a la que tuvo acceso La Opinión Austral, a través de fuentes consultadas, se pudo saber que todo comenzó cuando los vecinos reportaron destellos intermitentes en la esquina. Al llegar, los bomberos confirmaron que se trataba de un cableado subterráneo de alta tensión manipulado de manera irregular, una conexión clandestina que comprometía la seguridad de todo el sector. “Era cuestión de tiempo para que ocurriera una desgracia”, explicó un vocero del cuerpo de bomberos, destacando la gravedad de estas instalaciones improvisadas, comunes en zonas donde el acceso a servicios formales es limitado o costoso.

Inmediatamente, se dio aviso a Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), cuyos técnicos se hicieron cargo de la situación para normalizar el suministro y evitar mayores riesgos. Afortunadamente, no hubo que lamentar heridos, pero el episodio dejó en evidencia un problema recurrente: las conexiones irregulares, que en Argentina suelen multiplicarse en contextos de crisis económica y tarifazos.

Un problema nacional 

Este caso no es aislado. En los últimos años, las intervenciones por instalaciones eléctricas peligrosas han aumentado en barrios populares de todo el país, desde el Conurbano hasta el interior profundo. En Santa Cruz, donde el invierno obliga a un mayor consumo energético, las conexiones clandestinas son un desafío constante para las autoridades y un riesgo latente para las familias.

Expertos en seguridad eléctrica advierten que estas prácticas no solo son ilegales, sino que pueden derivar en incendios, electrocuciones o cortes masivos. “La gente recurre a esto por necesidad, pero el precio puede ser fatal”, señaló un ingeniero especializado, quien recordó que, solo en 2023, hubo al menos quince casos graves vinculados a fraudes energéticos en la Patagonia.

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