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Bajo la sombra de un flagelo que en Argentina cobra una vida cada 23 horas (según datos del Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven”), la provincia de Santa Cruz avanza en la formación de sus equipos sanitarios para detectar y actuar ante casos de violencia de género. La jornada, organizada por la Oficina de Género del Poder Judicial y la Oficina de Violencia Doméstica, reunió a médicos, enfermeros y trabajadores sociales en un auditorio colmado, evidenciando la demanda de herramientas concretas en un territorio donde las distancias geográficas suelen agravar la vulnerabilidad.
Las disertaciones, a cargo de especialistas como Sabrina Granero y Luciana Rovera, profundizaron en un dilema frecuente: cómo balancear el secreto profesional —pilar de la confianza médico-paciente— con la obligación de denunciar impuesta por la ley nacional 26.485. “No se trata solo de derivar, sino de acompañar sin juzgar. Una pregunta mal formulada o un gesto de descreimiento pueden silenciar para siempre a una víctima”, advirtió Granero, en alusión a prácticas que, pese a los avances legales, aún persisten en algunos ámbitos.
El rol de las fuerzas de seguridad fue otro eje clave. La subcomisaria Natalia Navarrete y la sargento Laura Opazo, de la Comisaría de la Mujer y la Familia, detallaron los pasos que siguen al recibir una denuncia: desde la evaluación del riesgo hasta las medidas de protección inmediata. “En Santa Cruz, muchas mujeres rurales o de barrios periféricos llegan con miedo a represalias. Por eso es vital que el personal de salud sepa contenerlas y guiarlas sin exponerlas a más trauma”, remarcó Opazo.
El cierre de la capacitación resaltó los recursos disponibles en la provincia: desde asesoramiento legal gratuito en la Oficina de Asistencia Letrada a la Víctima (OALV) hasta albergues temporarios y ayudas económicas gestionadas por municipios. También se insistió en evitar la revictimización secundaria —un fenómeno que, según organizaciones como La Casa del Encuentro, disuade a muchas de formalizar sus denuncias—. “El sistema no puede ser un laberinto. Cada eslabón, desde el que toma la presión en un hospital hasta el que firma una restricción, debe trabajar en sincronía”, concluyó el abogado Ricardo Silvi.
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