La investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel, el hombre de 35 años que falleció luego de permanecer bajo custodia policial en Río Gallegos, sumó un avance judicial de relevancia. Juan Carlos Torres, Carlos Alberto Tejada y Carlos Alberto Coronel, tres efectivos que integraban el grupo de cinco policías alcanzados por medidas restrictivas, fueron detenidos y trasladados al Juzgado de Instrucción N° 3 para prestar declaración indagatoria. La causa está caratulada como homicidio agravado por la calidad de autor con abuso de sus funciones, una figura contemplada en el artículo 80, inciso 9, del Código Penal.
La causa por la muerte de Gilmar Claros Ferrel continúa avanzando y las medidas judiciales comienzan a alcanzar de manera directa a los policías que tuvieron intervención en el procedimiento que terminó con la vida del hombre de 35 años. Tal como lo informó La Opinión Austral, este domingo, durante la tarde-noche, fueron detenidos tres efectivos de la Policía de Santa Cruz, quienes se encuentran imputados en el expediente que busca determinar las circunstancias del fallecimiento ocurrido mientras la víctima permanecía bajo custodia policial.
Las detenciones realizadas en la jornada del domingo, representan un nuevo capítulo en una investigación que generó fuerte preocupación por las circunstancias en las que se produjo la muerte de Claros Ferrel, quien había sido detenido y trasladado a la Comisaría Séptima de Río Gallegos el viernes 16 de octubre.
De acuerdo con fuentes judiciales consultadas por La Opinión Austral, los tres policías ya estaban incluidos entre los cinco exintegrantes de la fuerza sobre quienes pesaba una prohibición de salir del país. Además, como parte de las primeras medidas adoptadas en el marco de la investigación, se había dispuesto el retiro de sus armas reglamentarias.
Sin embargo, el avance del expediente y los elementos incorporados durante las últimas semanas derivaron en una decisión de mayor alcance: la detención de tres de los efectivos investigados, quienes ahora deberán responder ante la Justicia por su presunta participación en el hecho.
El giro en la causa
Uno de los elementos centrales para el avance de la causa fue el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense, cuyos resultados aportaron información determinante para establecer cómo se produjo la muerte de Claros Ferrel.
Tal como lo informó La Opinión Austral, la autopsia concluyó que el hombre falleció por asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca por estrangulamiento. Se trata de un hallazgo de extrema gravedad, que permitió orientar la investigación hacia la posible existencia de un mecanismo de violencia física que provocó el desenlace fatal.
El examen forense también constató fracturas en los arcos costales de ambos lados del tórax, además de lesiones en distintas partes del cuerpo y marcas en las muñecas compatibles con el uso de esposas.
Estos resultados se convirtieron en piezas fundamentales para reconstruir lo sucedido durante el procedimiento policial y determinar las circunstancias en las que se encontraba Claros Ferrel al momento de su muerte.
Las lesiones descriptas en el informe médico obligaron a profundizar las medidas investigativas sobre los efectivos que participaron de la detención, el traslado y las actuaciones posteriores, así como sobre el personal que se encontraba en la dependencia policial cuando ocurrió el fallecimiento.
La investigación busca establecer qué sucedió desde el momento en que el hombre fue interceptado y trasladado hasta la Comisaría Séptima, cuáles fueron las circunstancias que rodearon su permanencia en el lugar y qué intervención tuvo cada uno de los policías involucrados.
En este tipo de casos, la reconstrucción de los últimos momentos de la víctima resulta fundamental para establecer responsabilidades individuales. La Justicia deberá analizar las pruebas médicas, los testimonios, las actuaciones policiales y los restantes elementos incorporados al expediente.
El traslado al Juzgado de Instrucción N° 3
Este lunes, cerca de las 15, los tres policías detenidos fueron trasladados en un móvil de Gendarmería Nacional hasta el edificio del Juzgado de Instrucción N° 3, ubicado en la esquina de Juan B. Justo y Fagnano, en Río Gallegos. Según pudo saber La Opinión Austral, los ex agentes se encuentran alojados en depedencias de las fuerzas de seguridad federales.
Allí, ante el juez Gerardo Giménez, debían prestar declaración indagatoria en el marco de la investigación por la muerte de Claros Ferrel.
La llegada de los efectivos estuvo acompañada por un importante movimiento judicial y la presencia de sus respectivos abogados defensores. La Opinión Austral estuvo en el lugar y buscó obtener declaraciones de los acusados sobre las detenciones y las imputaciones que pesan en su contra. Sin embargo, ninguno de los tres quiso realizar manifestaciones ante el medio.
La situación procesal de los policías quedó enmarcada en una calificación penal particularmente grave: homicidio agravado por la calidad de autor con abuso de sus funciones, prevista en el artículo 80, inciso 9, del Código Penal argentino.
Esta figura contempla una agravante cuando el hecho es cometido por un integrante de las fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias, abusando de su función o cargo. La calificación constituye, por el momento, el encuadre legal de la investigación y será la Justicia la que deberá determinar, a partir de las pruebas reunidas, la eventual responsabilidad penal de cada uno de los imputados.
Los defensores
Durante el procedimiento también estuvieron presentes los abogados que asumieron la defensa técnica de los tres efectivos.
Carlos Alberto Tejada y Juan Carlos Torres cuentan con el asesoramiento de los letrados Jesús María Moroso y Héctor Rippa. Por su parte, Carlos Alberto Coronel es asistido por los abogados Cristian Arel y Gabriel Bertorello.
La presencia de los defensores se produjo en el marco de las indagatorias, una instancia procesal en la que los imputados tienen la posibilidad de conocer formalmente los hechos que se les atribuyen, brindar su versión de lo ocurrido o abstenerse de declarar sin que ello pueda ser considerado una presunción de culpabilidad.
A partir de esta instancia, el juzgado deberá continuar con el análisis de las pruebas y resolver los próximos pasos procesales respecto de cada uno de los detenidos.
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