Finalmente fue absuelta por la Justicia. Las pruebas determinaron que fue una víctima más de trata de personas en el bar “Maragato”, de Puerto Deseado. La mujer dijo que “trabajaba haciendo copas” para sostener a su familia. Tenía cuatro hijos pequeños que mantener.

Una mujer imputada en calidad de coautora por el delito de “Trata de Personas agravado por su comisión en forma organizada y por la cantidad de víctimas” fue absuelta por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Santa Cruz.

Se trata de un caso que se remite al 2014 en la ciudad de
Puerto Deseado, año en el que se liberó de la explotación sexual a once mujeres
de un prostíbulo que tenía como fachada un local nocturno llamado “Maragato”.

En la misma causa, otro hombre ya había sido absuelto en
2018 por el TOF. Se trata de Alejandro Huenuqueo, quien era portero y así
sumaba algunos pesos a su trabajo como peón de campo en una estancia de la
localidad portuaria. La Justicia lo encontró inimputable por un retraso
madurativo mental. No era consciente de sus actos.

Ahora, Claudia P., una mujer oriunda de Rosario, Santa
Fe, que llegó acusada de ser una de las encargadas del bar, también fue
absuelta, dado que las pruebas acreditaron que fue una víctima más, “por sus
características de persona vulnerable, condición de migrante, situación cultural,
económica y familiar, dichas circunstancias la llevaron a ejercer la
prostitución para la manutención de su familia”, se desprende del fallo al que
tuvo acceso La Opinión Austral.

La Justicia absolvió por aplicación del artículo 5 de la
Ley 26.364 (Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas)
el cual habla de la no punibilidad de cualquier delito que sea resultado
directo de haber sido objeto de trata.

La imputada manifestó que ella nunca fue encargada de “Maragato”, sino que también “ofrecía” servicios sexuales por necesidad. Su esposo no trabajaba dado que había perdido una pierna y por ello en el año 2000, se fueron a vivir a Puerto Deseado. Dijo que una mujer (Erica R.) le dio trabajo en ese bar y ella aceptó, dado que no contaba con otras posibilidades para mantener a sus cuatro hijos que en ese momento eran menores de edad. En relación a los hechos, dijo que ella no cobraba nada, sólo lo hacía la dueña, que luego les daba un porcentaje a ellas.

Es de recordar que en la misma causa, Erica R. -quien
habría sido la encargada del prostíbulo- falleció en 2017 sin llegar a la
instancia del debate oral.

El allanamiento

El operativo de rescate fue en septiembre de 2014. Una
denuncia anónima de trata de personas alertó a las autoridades y la Policía
allanó el bar con la AFIP y otros organismos.

El local nocturno se ubicaba en calle Pueyrredón y
Gobernador Gregores. En ese momento, había once mujeres en el interior y 25
hombres que fueron identificados.

En el marco de la inspección ocular que llevaron adelante
los investigadores, se conoció que secuestraron una suma cercana a los 40 mil
pesos, preservativos usados y sin usar, como así también se detectaron piezas
anexas al bar en las que se realizaban los “pases”.

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