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Una red de contrabando de objetos ilegales dentro de la prisión federal de Río Gallegos, salió a la luz cuando uno de los detenidos dio a conocerlo. A raíz de esto, un hombre condenado por el asesinato de su padrastro fue uno de los que lideró la “represalia” contra el preso.
El caso tiene como principal protagonista a José Maximiliano Maillo, sentenciado a reclusión perpetua -junto a su hermano Luis, su madre Susana Reina y el sicario Cristian Etchebarne– por pergeñar un plan para terminar con la vida de Vicente Maillo y quedarse con su fortuna.
De un tiempo a esta parte, José y Luis están alojados en la Unidad Penitenciaria Federal N°15, de nuestra ciudad capital. Allí, han encontrado una “amistad” junto a otra pareja de hermanos: los Espíndola, detenidos por delitos de drogas cometidos en Santa Cruz.


Por otro lado está un interno de apellido Navarro. El denunció una red involucraba tanto a agentes del Servicio Penitenciario Federal como a otros internos, facilitando el ingreso y la comercialización de sustancias estupefacientes, teléfonos celulares y hasta bebidas alcohólicas, ocultos en insumos como bolsas de pan o bidones que ingresan al penal. El denunciante aseguró que el negocio estaba organizado con precios fijos, repartidores dentro del penal y hasta transferencias por la aplicación de Mercado Pago.
A raíz de esta situación, en abril del 2023, Navarro fue brutalmente por José Maillo y los hermanos Espíndola. Le provocaron la fractura de la nariz. Según indicó el hombre ante la Justicia es que ese ataque le pasaba “por hablar” en palabras de los agentes del Servicio Penitenciario Federal.
Incluso, uno de los Espíndola, relató en su indagatoria que un inspector les había dicho a los internos que “sáquenlo ustedes a su manera” y “hagan lo que tengan que hacer” con Navarro, versión que coincidió con la declaración de Maillo, quien citó al mismo agentes del Servicio Penitenciario diciendo “la basura la tenían que sacar ellos“.
De igual manera, pese al testimonio de la víctima de lesiones graves, como de los acusados, la Justicia Federal se declaró incompetente, al decir que este se trataría de un delito común y no uno federal. En consecuencia, el expediente quedará en manos de la Justicia Provincial.
Cabe recordar que también existe un litigio en el fuero civil solicitado por la familia Maillo para que, finalmente, los hijastros del comerciante asesinado no tengan más su apellido
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