Río Gallegos: Absolvieron a seis policías federales acusados de falsificar viáticos por una cifra millonaria

El juez Mario Gabriel Reynaldi resolvió absolver por la duda razonable a seis efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA), incluyendo a un comisario retirado, acusados de fraude reiterado contra la Administración Pública por la supuesta percepción indebida de viáticos durante comisiones de servicio entre 2009 y 2015.
La causa se originó a partir de una denuncia anónima por correo electrónico enviada al Juzgado Federal de Caleta Olivia. Esta “noticia criminis“, validada por la Cámara de Apelaciones y la propia Fiscalía, alertaba sobre supuestas maniobras delictivas donde personal de la Delegación Río Gallegos de la PFA informaba falsamente haber cumplido tareas de inteligencia en el interior de la provincia para cobrar viáticos, mientras en realidad permanecían en Río Gallegos, e incluso superponían estas “comisiones” con servicios adicionales en la capital de la provincia de Santa Cruz. La denuncia, que incluso sugería una proporción del 70% de los viáticos para los jefes y el resto para el personal subalterno, pintaba un cuadro de enriquecimiento indebido con fondos públicos.
Los imputados, entre ellos Adrián Martín Lotocki (Comisario retirado), Marcelo Jorge Medina (Cabo Primero), Pablo Fernando Torres (Principal), David Alejandro Masini (Inspector), René Francisco Marshall (Sargento Primero retirado), y Roberto Gabriel Maxzud (Cabo), enfrentaban acusaciones por perjuicios económicos que, si bien sumaban montos considerables en su conjunto (por ejemplo, Lotocki por $27.242 (que al día de hoy, teniendo en cuenta el índice de precios al Consumidor serían 10 millones de pesos) y Marshall por $125.940 (que hoy serían 71 millones de pesos), fueron defendidos como “irrisorios” e “insignificantes” por las defensas en relación con los supuestos días de incumplimiento.
Durante el juicio, que se desarrolló entre el 26 y 28 de mayo de 2025, la Fiscal General Subrogante,  Patricia Kloster, detalló las inconsistencias encontradas mediante informes de causas judiciales, gastos con tarjetas de crédito, planillas de adicionales, y el “Libro de Jefe de Servicio” de la Policía Federal. La fiscalía argumentó que los acusados se encontraban en Río Gallegos mientras cobraban viáticos destinados a comisiones fuera de la ciudad, constituyendo un fraude contra la administración pública con “dolo directo”. Resaltó que el “Libro de Jefe de Servicio”, aunque no sea un registro obligatorio formalmente, mantenía su validez como prueba documental. Además, la fiscalía recordó las normas que regulan los viáticos, que especifican que son para gastos de alojamiento, comida u otros indispensables, cuando el personal se desempeña en comisiones a más de 50 km de su residencia habitual y no puede regresar diariamente a su domicilio.

Las defensas cuestionaron la existencia del “ardid” o engaño necesario para configurar el delito de defraudación.

Sin embargo, las defensas, encabezadas por Gabriel Giordano y la Leticia Diez, cuestionaron la existencia del “ardid” o engaño necesario para configurar el delito de defraudación. Los imputados, en sus descargos, ofrecieron una visión de la realidad operativa de la Policía Federal en la región. Lotocki, por ejemplo, afirmó que no hubo ardid ni enriquecimiento, y que los errores en los libros eran “involuntarios”. Explicó que las investigaciones, especialmente las encubiertas, a menudo requerían regresar a la delegación en Río Gallegos para realizar trabajo de oficina (como investigación en redes o informes), para luego volver a la localidad de comisión. Torres ratificó que las comisiones eran por orden de la Jefatura y que la metodología era distinta según cada investigación. Masini, por su parte, señaló que las inconsistencias se referían a solo dos días de una comisión mucho más larga, cuestionando que se le reclamara el monto total de la comisión por una irregularidad parcial.
Un punto central de la defensa fue la estructura jerárquica de la PFA y el papel de los superiores. Maxzud relató que la policía no siempre les pagaba los viáticos con anticipación, obligándolos a pagar de su propio bolsillo para ser reembolsados meses después. Subrayó que el Comisario Ruiz era quien gestionaba los viáticos adelantados y distribuía el dinero en efectivo, y que él, como cabo con pocos años en la fuerza, solo cumplía órdenes sin tener “dominio de los hechos” ni responsabilidad administrativa. Este punto fue clave: la defensa argumentó que los jefes de la delegación (los Comisarios Carlos Aníbal Ruiz y Fermín Díaz) eran quienes decidían el inicio y duración de las comisiones, el personal asignado, y si debían regresar o no. La ausencia de estos comisarios en el juicio fue señalada como una “falencia de la investigación”.

Para el juez, no se pudo acreditar que no hubo mala fe o intención de quedarse con ese dinero.

La sentencia ahondó en la “duda razonable” que impidió alcanzar la certeza necesaria para una condena. El juez Reynaldi señaló que no se pudo probar la “mala fe” o el “ánimo de defraudar” por parte de los acusados. Las comisiones, según el Tribunal, sí se realizaron, “quizás en menor número de días, pero ello no dependía de la decisión de los enjuiciados”. La acusación fiscal al atribuir el valor integral de los viáticos como perjuicio, a pesar de que las inconsistencias eran por algunos días, fue calificada de “error” por el juez