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El conflicto entre el Gobierno de Santa Cruz y Newmont por la situación del yacimiento Cerro Negro, ubicado en cercanías de Perito Moreno, abrió una nueva etapa luego de las inspecciones realizadas durante el fin de semana, la reunión entre las autoridades provinciales y la minera y el progresivo reinicio de las actividades. En el centro de la discusión quedaron las condiciones de trabajo, el cumplimiento de la Ley 90/10 y el reclamo por una mayor participación de trabajadores santacruceños.
Este martes, Newmont informó que comenzó a levantar gradualmente las suspensiones temporales que habían alcanzado sectores específicos del yacimiento, luego del diálogo mantenido con la Provincia. La empresa se comprometió a corregir las observaciones detectadas durante los controles y aseguró que continuará trabajando junto al Gobierno y los sindicatos para fortalecer la seguridad, las condiciones ambientales y el cumplimiento de las normas.
En ese contexto, en rueda de prensa este lunes y tras un acto en Río Gallegos, el gobernador Claudio Vidal volvió a defender la intervención de la Provincia y explicó que el conflicto no surgió de manera repentina, sino como consecuencia de reclamos acumulados durante meses por parte de los trabajadores y de los distintos gremios vinculados a la actividad minera.
“Es importante el trabajo que estamos haciendo con los distintos sindicatos vinculados a la actividad minera. Esto no se dio de un día para otro: escuchamos los reclamos de los trabajadores a través de los distintos gremios del sector. Hay algunos lógicos y preocupantes, por la falta de respuestas de operadoras”, sostuvo el mandatario en respuesta a la consulta del periodista de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680, Matías Fenelli, sobre lo que dejó la reunión del lunes con autoridades empresariales.
El eje puesto en la Ley 90/10
Uno de los principales puntos planteados por Vidal es la Ley 90/10, normativa que establece una proporción de trabajadores locales en las actividades productivas desarrolladas en Santa Cruz. La discusión sobre su cumplimiento ya había aparecido en los encuentros entre el Gobierno y Newmont, y ahora volvió a ubicarse como uno de los temas centrales de la negociación.
“Hay una ley que todas las operadoras tienen que respetar, que es la 90/10, en beneficio de los trabajadores que viven en la provincia de Santa Cruz. Es algo clave y fundamental, sabemos que hay desempleo en todo el país y no somos una provincia aislada”, afirmó Vidal ampliando su respuesta a La Opinión Austral y LU12.
El gobernador sostuvo que esa obligación alcanza a todas las compañías mineras que operan en territorio santacruceño y cuestionó que su cumplimiento no se haya dado como esperaba la administración provincial.
“Todas las mineras tendrían que obedecer lo que indica esta ley y darle cumplimiento, pero esto no venia sucediendo. Hicimos lo que teníamos que hacer después de varios meses de reclamo y de no escucha por parte de la operadora“, enfatizó el gobernador.
La posición del Ejecutivo santacruceño combina así dos objetivos: sostener el desarrollo de la minería y, al mismo tiempo, garantizar que parte de los beneficios de esa actividad permanezcan en la provincia a través del empleo y del cumplimiento de las reglas vigentes.
Una reunión extensa y varios temas por resolver
Luego de la escalada registrada durante el fin de semana, Vidal mantuvo una reunión con las máximas autoridades de Newmont. Según informó la Provincia, el encuentro permitió avanzar sobre las observaciones realizadas durante las inspecciones y derivó en el compromiso de la compañía de corregir las situaciones detectadas. También quedó planteada una nueva instancia de diálogo con participación de los distintos sindicatos con presencia en Cerro Negro.
El mandatario calificó la reunión como positiva, aunque dejó claro que todavía quedan cuestiones pendientes y que varias de ellas demandarán trabajo durante los próximos días.
“Por suerte ayer (NdR: por el lunes) fue una reunión extensa, en donde las partes expusieron distintos temas que tendremos que resolver en los próximos días. No son fáciles… pero también creo que se dieron cuenta que hay un gobierno que trabaja con los sindicatos y que, por sobre todas las cosas, defiende los derechos de los trabajadores y trabajará siempre para mejorar las condiciones donde estos cumplen sus funciones. Pero que además hay leyes vigentes en la provincia que se tienen que respetar”.
El planteo marca el tono que pretende imprimir la gestión provincial en la relación con la gran minería: acompañamiento a las inversiones, pero con presencia estatal y exigencias concretas en materia laboral y normativa.
“Nosotros estamos a favor de la actividad, somos pro actividad y entendemos que si está el recurso lo tenemos que explotar, pero en beneficio también de nuestra comunidad”, remarcó Vidal.
La tensión y el anuncio de inversiones
La posición del Gobierno se produce luego de un fin de semana de fuerte tensión, en el que las inspecciones provinciales derivaron en observaciones vinculadas con seguridad, higiene y documentación y en distintos ceses de tareas. La situación también provocó una interrupción temporal de actividades y la desmovilización de trabajadores, antes de que se avanzara hacia una salida negociada.
En paralelo, Newmont ratificó su continuidad en Santa Cruz y vinculó el reinicio de las operaciones con un escenario de diálogo con las autoridades. La empresa sostuvo que la previsibilidad resulta necesaria para sostener la inversión de largo plazo, el empleo y las oportunidades económicas vinculadas al proyecto.
Consultado sobre la postura de la compañía y si le había sorprendido la situación luego del anuncio de inversiones para Santa Cruz (en febrero, Newmont anunció una inversión de USD 800 millones para extender la vida útil de Cerro Negro, y a fines de agosto anunció USD 60 millones para la iniciativa Open Pit) Vidal relativizó la novedad y sostuvo que el vínculo entre los gobiernos y las operadoras requiere un seguimiento permanente.
“No es una práctica común en distintas operadoras, siempre tenés que estar muy de cerca marcando la cancha para que no se desvíen, lo ideal es que fluya con normalidad y que cada uno cumpla con su función con responsabilidad. Esto no sucede a veces, y el gobierno tiene que marcar postura”, concluyó el gobernador.
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