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La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura de Santa Cruz trató los pliegos para cumplir con las cuatro vacantes en el Tribunal Superior de Justicia.
El tratamiento se dio en el marco de la disputa legal con la Justicia, luego de que el juez Marcelo Bersanelli diera curso a un amparo del gremio de los Judiciales Provinciales, para evaluar la posible “inconstitucionalidad” de la ley que amplió al máximo órgano judicial de la provincia, de cinco a nueve miembros.
Luego de un fuerte cruce con la oposición, el bloque “Por Santa Cruz” decidió iniciar el análisis de los pliegos para elegir vocales.
En principio, se dejaron en comisiones los pedidos para nombrar a la nueva fiscal de Estado, Natalia Linardi. El mismo tratamiento fue para proponer al nuevo vocal del Tribunal de Cuentas, David Guizzardi, que seguirá en comisiones. Sin embargo, sí se le dio despacho al pedido de acuerdo para una de los vocales del Tribunal de Cuentas, Luciana María Villafañe.
En cuanto a las cuatro ternas para el TSJ, el diputado Luxen pidió los currículms para analizar en cada caso. Allí, Muñoz insistió que iba a votar en contra de cualquier tipo de tratamiento hasta tanto se resuelva la cuestión judicial, ya que “hay una cautelar que tenemos que respetar”.
Luego de un cuarto intermedio, tomó la palabra nuevamente Luxen y dijo que tras revisar los currículums de los postulados al cargo de vocales del TSJ, manifestó que tres de las ternas “cumplen con todos los requisitos constitucionales”, a saber:
Terna: Acevedo, Sergio Edgardo; Castello, Norberto Miguel, y Quintero, Marcelo Urbano.
Terna: De la Vega, Juan Lucio Ramón; Linardi Natalia, y Michavila, Julián.
Terna: Castillo, Ramiro Esteban; González Nora, José Antonio, y Ghizzardi, David Ezequiel.
En una de las ternas analizadas, compuesta por los abogados Castro, Gabriela; Contreras, Agüero Gabriel, y Kustich, Fernando, “uno de los abogados que conforman la terna detectamos que no reúne los requisitos constitucionales, que es la doctora Castro, que no contempla la antigüedad como abogada, así que va a estar observada la terna entera”, expresó Luxen.
En diálogo con La Opinión Austral, Luxen dijo que él mismo le dijo a Gabriela Castro -su cuñada- que no reunía las condiciones. “Como está en el Tribunal de Cuentas, ese tiempo no computa. Además, por ese cargo, se le bloquea la matrícula. El gobernador Claudio Vidal estuvo de acuerdo con la decisión”.
De esa forma, terminó el análisis de las ternas y ahora ya podrán ser tratadas en el recinto, aunque se verá qué decisión toma la Justicia, que había pedido no avanzar en este tema hasta tanto se dirima la cuestión de fondo, que es determinar si la ley de ampliación del TSJ es o no constitucional.
Cómo fue el debate
Al comienzo de la comisión, la oposición, conformada por los legisladores Eloy Echazú y Lorena Ponce (Unión por la Patria), pidió al oficialismo que confirmara si iba a tratar los pliegos, anticipando que en caso que el bloque de “Por Santa Cruz” avanzara sobre los mismos, se iban a retirar para no avalar la comisión de un posible delito penal.
En ese sentido, los diputados citaron que el artículo 131 de la Constitución de la provincia de Santa Cruz es claro y establece que es función del Poder Judicial conocer y decidir las controversias que surjan sobre puntos regidos por la Constitución provincial, los tratados y demás leyes de la provincia, así como aquellos en que deba intervenir de acuerdo con las leyes nacionales.
La diputada Adriana Nieto tomó otro artículo, el 98 de la Constitución de Santa Cruz, que establece que los diputados están exentos de ser acusados, interrogados judicialmente o molestados por sus opiniones, discursos o votos emitidos en el ejercicio de su mandato. Cualquier ofensa dirigida a un diputado por tales motivos se considera una ofensa al Cuerpo Legislativo y su autor será sancionado por el cuerpo.
También argumentó el diputado Pedro Luxen, quien manifestó: “Vinimos hoy a ejercer nuestro derecho constitucional de estar en esta comisión” y añadió: “A mí la constitución me da el derecho de hoy estar en esta comisión, pero al Dr. Bersanelli no le da el derecho de impedirme a mí que esté sentado para tratar los diferentes puntos que ingresaron”, por lo que “sí vamos a continuar con la comisión, sí vamos a analizar los pliegos de los jueces, los currículums, si tienen las condiciones constitucionales; nosotros acá no vinimos a elegir jueces como elegían ustedes“, afirmó, hablándoles a los diputados Echazú y Ponce. Más adelante, Luxen subrayó: “Faltaba más que un juez incompetente frene toda una labor legislativa”.
El debate fue escalando en temperatura y el diputado Echazú respondió que la manda que hizo la Justicia estaba basada en el artículo 131, no es una intromisión, son las facultades que tiene un juez de poder dirimir en controversias constitucionales. Asimismo, le respondió a Nieto respecto al artículo 98, al recordar otro artículo, el N° 96, que dice establece la inmunidad de arresto para los diputados, que no pueden ser detenidos desde el día de su elección hasta el de su cese, a menos que sean sorprendidos cometiendo un delito flagrante.
Pero también tomó la palabra el diputado Pedro Muñoz (ARI-CC), quien luego de señalar que no creía que por estar sentado en comisiones estaba cometiendo un delito, no dejó pasar por alto que según su opinión, la ley que amplía el TSJ tiene un objetivo netamente político. “Nadie planteó, en el momento del debate de la ley, que era inconstitucional, porque, nos guste o no nos guste, y a mí no me gusta, la ley cumplió con todos los requisitos establecidos”, dijo.
Más adelante, Muñoz afirmó que independientemente de la apreciación personal que tiene del Dr. Bersanelli, “eso no significa que nosotros demos más caldo de cultivo a esta situación, que alimentemos otras herramientas” y sostuvo: “Cuando se trate este punto, claramente, más allá de la intervención política, de la intencionalidad política que tienen en esta designación, yo esperaba que el sistema de selección fuera distinto al que cuestionábamos” e insistió: “Tampoco quiero que pasemos de una Justicia kirchnerista a una Justicia vidalista” y “este Gobierno tenía una posibilidad histórica de hacer un formato distinto” en la elección de los jueces.
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