Audiencia por la basura en Punta Loyola: “El impacto cero no existe”, afirmó Jorge Cabeza y explicó las dificultades del tratamiento de residuos

La problemática ambiental por la dispersión de residuos del vaciadero municipal de Río Gallegos hacia campos de la estancia Punta Loyola tuvo un nuevo capítulo este miércoles 4 de noviembre, con una audiencia realizada en el Juzgado de Primera Instancia N.º 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería.

El encuentro fue encabezado por la jueza María Belén Aguiar y contó con la presencia de Javier Álvarez Bento, administrador de la estancia Punta Loyola; el doctor Leonardo Álvarez Bento; la abogada Gabriela Blaser, representante legal del establecimiento rural, quien participó mediante videollamada; el Dr. Jorge Cabeza, representante de Nueva Santa Cruz, empresa encargada de la gestión, operación y tratamiento de los residuos sólidos urbanos; y Karina Astudillo Gallardo, abogada de la Municipalidad de Río Gallegos.

La audiencia se desarrolló en el marco de un amparo ambiental presentado en junio de 2025 por los responsables del establecimiento rural, quienes denunciaron la dispersión de plásticos provenientes del relleno sanitario municipal sobre aproximadamente 5.000 hectáreas de campos productivos. La causa, identificada con el expediente N.º 22197/2025, está a cargo de la jueza María Belén Aguiar y busca que se detenga el desplazamiento de residuos hacia la estancia y que el predio funcione de acuerdo con las condiciones establecidas en el proyecto original y su Estudio de Impacto Ambiental.

Tras el encuentro, las partes tendrán un plazo de cinco días hábiles para presentar informes y propuestas que permitan avanzar en posibles soluciones. En diálogo con La Opinión Austral, el abogado de Nueva Santa Cruz, el Dr. Jorge Cabeza, explicó cómo funciona el actual repositorio, se refirió a las dificultades del tratamiento de residuos urbanos y patológicos y detalló las medidas que la empresa propuso para atender el reclamo ambiental.

“Yo creo que es importante para toda la sociedad de Río Gallegos empezar a conocer un poco más en profundidad lo que es el manejo de la basura, lo que es el nuevo repositorio. Eso es lo que se estuvo tratando en esta audiencia”, expresó.

Un conflicto ambiental con antecedentes de más de una década

Cabeza explicó que la problemática tiene una historia judicial que excede el amparo presentado por los responsables de Punta Loyola.

“El amparo, como bien dijo la doctora que representa a la estancia, tiene más de un año de tratamiento. Pero como historia también hay otro expediente que lleva ya 10 años, es del 2015, donde se planteó la problemática del manejo de la basura en forma integral”, señaló.

En ese sentido, recordó que durante la intervención del anterior juez, el Dr. Marinkovic, se dispuso dejar de operar en el antiguo vaciadero ubicado al final de la calle José Ingenieros. Según explicó, el predio se encontraba saturado, con niveles de enterramiento que superaban los 15 metros de altura y afectaban la zona de marisma.

A partir de esa situación se avanzó con la búsqueda de un nuevo emplazamiento, identificado como lote 113, un terreno perteneciente al Ejército Argentino que la Municipalidad utiliza mediante una concesión.

“Se consiguió ese predio que tiene unas dimensiones también importantes, creo que son alrededor de 50 hectáreas, donde se dispuso empezar a utilizarlo como vaciadero, como repositorio”, indicó.

El abogado detalló que el nuevo espacio comenzó a funcionar alrededor de 2022, con un sistema de cavas impermeabilizadas mediante membranas especiales para evitar filtraciones de líquidos. Cada una tiene dimensiones aproximadas de 100 por 200 metros y una profundidad de entre 8 y 12 metros.

Sin embargo, su capacidad es limitada. “Una cava de esas dura aproximadamente entre 10 y 12 meses de vida útil”, precisó.

Actualmente, el repositorio recibe alrededor de 130 toneladas diarias de residuos sólidos urbanos. A ese volumen se suman otras corrientes provenientes de frigoríficos, yacimientos petroleros de la zona de Güer Aike y establecimientos sanitarios de toda la provincia.

La situación de los residuos patológicos

Uno de los puntos más relevantes, está relacionado con el tratamiento de los residuos patológicos que llegan al predio desde hospitales públicos y establecimientos sanitarios privados de toda Santa Cruz.

Cabeza señaló que actualmente esa tarea está a cargo de COPESA S.A., que asumió de manera transitoria la recolección, el transporte y el tratamiento de los residuos patogénicos en la provincia, luego de que el Gobierno provincial rescindiera el contrato de la anterior prestadora, LAMCEF S.A.

Según el abogado, la capacidad operativa y el equipamiento disponible  no serían suficientes para garantizar el tratamiento que requieren estos materiales. “Los patológicos deben ser intervenidos por una empresa especializada que debe tener los hornos autoclave y los pirolíticos necesarios para secar todo el patológico y recién después trasladarlo”, explicó.

En ese contexto, advirtió sobre el volumen de residuos hospitalarios que ingresa semanalmente al repositorio y la capacidad limitada de procesamiento.

“El horno autoclave no da la capacidad. Estamos hablando de alrededor de 40 camiones semanales de 6 m³ de patológico solamente”, sostuvo.

En este sentido, destacó que solamente entre el 10% y el 20% de los residuos patológicos recibe el tratamiento correspondiente, mientras que el 80% restante ingresa al repositorio sin ese procesamiento previo y a granel, una modalidad que está prohibida.

“¿Qué se hace con esa basura? Se trata de recibirla y taparla de la forma más rápida posible”, expresó.

De acuerdo con lo expresado por el representante de Nueva Santa Cruz, esta situación representa una dificultad adicional para el funcionamiento del repositorio, que debe recibir distintas corrientes de residuos y afrontar limitaciones en su tratamiento.

A ese escenario se suman las condiciones climáticas de Río Gallegos, especialmente los fuertes vientos, que favorecen la dispersión de materiales livianos hacia los terrenos cercanos. “Cuando estamos en temporadas de viento, el impacto cero no existe“, reconoció.

Qué medidas propuso Nueva Santa Cruz para Punta Loyola

En relación con el reclamo de la estancia, Cabeza manifestó que la empresa comprende la situación planteada y aseguró que existe predisposición para colaborar en la remediación del sector afectado.

“Nosotros entendemos el planteo que hace Punta Loyola, lo comprendemos totalmente y estamos a disposición para tratar de remediar, en la medida de lo posible, el impacto que sabemos que está sufriendo”, afirmó.

Como antecedente, recordó que anteriormente la empresa ingresaba al establecimiento con cuadrillas para realizar tareas de recolección de los residuos dispersados por el viento, una actividad conocida como bolseo. Sin embargo, explicó que en determinado momento dejaron de poder ingresar al campo porque no se lograba levantar la totalidad de los materiales.

En esta nueva instancia judicial, propusieron retomar los trabajos mediante un operativo conjunto con participación de la empresa y del Municipio.

La iniciativa contempla disponer de una cuadrilla de entre 15 y 20 personas, que ingresaría una o dos veces por semana al sector para recoger los residuos que hayan sido arrastrados por el viento.

Además, Cabeza hizo una aclaración sobre el alcance territorial del reclamo: “No es toda la estancia que está impactada, es el potrero que está limítrofe con el vaciadero”.

Asimismo valoró la intervención de la Justicia en el caso. “Me parece muy beneficioso que esté interviniendo también el Poder Judicial, porque obliga a darle una mayor celeridad a las decisiones y a la actividad que se va desarrollando en el lugar”, señaló.

Finalmente, confirmó que las partes deberán presentar los informes solicitados por la jueza dentro de los próximos cinco días hábiles. Una vez cumplido ese plazo, el expediente quedará en condiciones de pasar a resolución.

“Seguramente se va a ordenar que se lleven adelante estas medidas para evitar que se siga impactando los alrededores de los campos privados que están cerca del vaciadero”, concluyó.

De esta manera, la causa avanza hacia una definición judicial que podría establecer medidas para contener la dispersión de residuos y atender el reclamo ambiental de Punta Loyola. Sin embargo, las declaraciones de Cabeza también volvieron a poner sobre la mesa una discusión de mayor alcance: las dificultades del sistema de disposición final de Río Gallegos y el tratamiento de los residuos que llegan desde distintos puntos de la provincia, incluidos los patológicos.