Casi 1 de cada 5 jubilados lleva más de 20 años en esa condición

Se conoce como sistema previsional a la estructura estatal que busca brindar amparo a las personas que, por diversos motivos, no están en condiciones de ganarse el sustento a través del trabajo.

De este modo, un sistema previsional plantea una entrega de dinero (haber jubilatorio) a las personas que, por cuestiones de edad, ya no pueden trabajar y, por lo tanto, se encuentran jubiladas. También afronta el pago de pensiones a personas que, por una discapacidad, no están en condiciones de integrarse al mercado laboral ya los viudos o viudas de una persona que haya trabajado o percibido una jubilación al momento de fallecer.

En teoría, el sistema provisional debería poder solventarse por sí mismo. Los individuos laboralmente activos aportan parte de sus ingresos al sistema para que los jubilados y los pensionados reciban sus haberes. En el futuro, el mismo trabajador que realiza dichos aportes, percibirá un haber durante la última etapa de su vida, ya sin trabajar.

En Santa Cruz eso no sucede. Por un lado, como ocurre en el país y el mundo, la tasa de sobrevida ha puesto en crisis el concepto de “vejez” y por el otro, la sumatoria de beneficios, devenidos de una provincia que tenía otras características y estaba en formación, lleva a que hoy la crisis sea más profunda.

Déficit

De acuerdo al informe realizado por la Caja de Previsión Social que será remitido a los integrantes de la Legislatura que se reunirán con el presidente del organismo, Marcial Cané para conocer la realidad del sistema, sólo en 2023, el déficit previsional acumulado superó los $37 mil millones. Y se proyecta para este año en no menos de $70.000 millones.

La Opinión Zona Norte tuvo acceso a dicho informe que arroja varios datos peculiares y que deberán ser examinados con cuidado por todos los actores del sistema.

Como señaló el propio titular de la Caja, la intención no es imponer cambios, sino convocar a todos los actores involucrados a “repensar” el sistema jubilatorio para volverlo “más sustentable”. Cabe recordar que la Caja cuenta con fondos “por fuera” de lo que son los aportes y contribuciones propiamente dicha, y aún así, el rojo del sistema se agrava con el correr del tiempo.

A la fecha de corte del informe (31/12/2023) la cantidad de jubilados era de 21.583 repartidos en seis regímenes diferentes. El más abultado es el Régimen General en el que concurren todos los poderes del Estado a la hora de jubilarse (68,88% del total).

El 31,2% restante se reparte entre el régimen Docente, el Policial, el Municipal y las pensiones no contributivas definidas por ley, como el caso de la otorgada a los Veteranos de Guerra de Malvinas (VGM) y las otorgadas por ley 3724 de Reparación Histórica.

Salvo el régimen municipal que en forma “nominal” es superavitario, los demás arrojan resultados negativos en la ecuación jubilaciones-aportes. En el caso de los municipios, decimos “nominal” porque en la práctica, la mayoría de las comunas no están, efectivamente, depositando los aportes declarados y por ende los fondos que vuelven positiva la ecuación no ingresan a las arcas del sistema jubilatorio en forma real.

Por regímenes

En 2023 el pago de los beneficios del régimen general demandaron $58.564,78 millones. Los aportes y contribuciones sumaron $31.378,91 millones, lo que llevó a que ese régimen tuviera un déficit a lo largo del año pasado de $27.185,86 millones, equivalente al 46% del total requerido.

En el caso de los Docentes, las jubilaciones pagadas totalizaron $33.629,17 millones y los aportes totalizaron $28.867,34 millones. Lo que el rojo de dicho régimen sumó $6.401,82 millones, es decir fue del 19%.

En el caso del régimen policial para cubrir los $19.868,12 millones que se pagaron en beneficios durante el 2023, se requirió $7.133,15 millones extras a los $12.734.97 millones que se generaron entre aportes y contribuciones del sector.

Finalmente en lo que hace al régimen municipal, que como ya se dijo es el único que, en forma nominal es superavitario, a lo largo de los 12 meses de 2023 se pagaron $18.058,23 millones en jubilaciones y los aportes deberían haber totalizado $18.380.65 millones, lo que, de haberse cumplido, dicho régimen hubiera terminado el 2023 con $322,42 millones de superávit.

En la práctica, el mismo informe indica que de los $18.380 millones de aportes y contribuciones en forma “efectiva” a la Caja ingresaron apenas $432,3 millones. Menos del 3% del total.

Edad

Otro punto débil y que profundiza el déficit del sistema es la edad de los jubilados, quizás el que más urticaria genera a la hora de plantear cambios. El criterio de existencia de cualquier sistema previsional de que una persona acceda al derecho de una jubilación cuando, “por cuestión de edad” ya no puede trabajar, claramente no se cumple.

En el sistema jubilatorio santacruceño hay personas que en el punto más extremo, llevan más de 50 años en esa condición. Por lo que llevan en retiro, como mínimo, cinco veces más años que los efectivamente trabajados dentro del sistema, ya que, originalmente, con sólo 10 años de aportes a la Caja, la misma se transformaba en otorgante.

Del informe se desprende que el 17% de los beneficios vigentes fueron otorgados hace más de 20 años. El 12% de los pasivos lleva entre 20 y 30 años de aportes y hay casi un 6% que está jubilado hace más de 30 años. En varios de los casos de una “sobreedad” como jubilados, está relacionado al acceso al beneficio a edades muy tempranas, como sucede tanto en el sistema policial como en el docente.

La edad económicamente activa es considerada en la Argentina hasta los 65 años, aunque la tendencia global es estirar ese concepto, por la tasa de sobrevida, hasta los 70 años. En Santa Cruz el régimen general de los trabajadores estatales marca que las mujeres se pueden jubilar al cumplir 50 años y los varones a los 54.

Es la única caja, de las 13 que no fueron transferidas al régimen previsional nacional, que tiene ese margen de edad, en todas las demás el acceso al beneficio es a una edad más elevada.

Sin aportes de Anses

Otro impacto negativo es el que marcó la decisión del Gobierno nacional de suspender los pagos previstos en la Ley de Reparación Histórica hacia las cajas no transferidas que el año pasado significaron unos $4.000 millones reales y que para este año se estimaron podrían llegar al doble.

Esto derivó en un reclamo formal ante la Anses, no sólo de Santa Cruz sino del conjunto de los organismos previsionales de las 13 provincias que retuvieron los sistemas bajo su jurisdicción. Sin resolución, por el momento, no se descarta que el reclamo terminen en la Justicia.

Sustentabilidad

“Nadie piensa ni quiere transferir la Caja de Previsión Social” afirmó en varias oportunidades el presidente del organismo, Marcial Cané. Al mismo tiempo reconoció que “para poder garantizar la intransferibilidad de la Caja, necesitamos hacer algunos retoques“.

Precisamente para que eso no suceda y sin referirse a cambios específicos, Cané reveló que, entre otros planteos, analizan “construir un fondo de sustentabilidad” el cual están viendo cómo hacerlo, “ya hay algunas ideas, de tener otros aportes para el financiamiento de la Caja”, una tarea que reconoció es “compleja” y aún en estadío de análisis.

En ese sentido sostuvo que hay que trabajar para lograr esta “sustentabilidad” e insistió: “Nadie quiere que la Caja se transfiera, pero va a llegar el momento en que el déficit del sistema represente el 50 o 60% de lo que ingresa a la Provincia” señaló.

El presidente de la CPS llevará su inquietud al conjunto de los diputados y también entregará el informe a los gremios estatales. La intención es buscar ideas que sean por consensos sobre las decisiones a tomar. “Para ello es necesario presentar la información lo más completa posible y en eso estamos” sostuvo cuando el presente informe aún estaba en proceso.

Reticencias

La última modificación a la ley jubilatoria provincial se realizó en la gobernación de Daniel Peralta, cuando se introdujo la figura, entre otros cambios, del aporte solidario y modificaciones sobre el cálculo del haber jubilatorio inicial. A fines de 2011 se buscó realizar una nueva modificación que incluía, entre otros puntos, la “armonización” con la Anses en las condiciones jubilatorias de manera gradual. Pero la iniciativa terminó en una sesión frustrada en la Legislatura provincial en medio de una furiosa manifestación gremial y marcó un quiebre dentro del propio Gobierno.

De ahí que hoy, el ex gobernador y actual presidente del bloque de diputados de Unión por la Patria, insista en que cualquier reforma debe tener el aval de los gremios. “No vamos a avalar ni a votar nada que no sea suficiente explicado y avalado por las organizaciones sindicales“, sostuvo días atrás al ser consultado, periodísticamente, por este tema.

Como una manera de hacerse eco del planteo de Cané de buscar un “fondo de sustentabilidad”, Peralta marcó que bien podrían salir dichos recursos de “los pasivos ambientales que deben las petroleras” o en su defecto, dijo “de la renta minera” aunque, “preservando la actividad y la mantención de los puestos de trabajo”.

Los números son contundentes y más allá de las ideologías, la realidad es que lo peor que le puede pasar a los propios jubilados, a los actuales activos y a toda la sociedad en general es “no hacer nada”. Lograr el consenso tampoco es sencillo, y demandará tiempo. Que se concrete dependerá de que cada involucrado esté a la altura de las circunstancias y permita que se de un debate comprometido, con ideas, buscando el bien común de todos los santacruceños.