El Riesgo País superó los 3.500 puntos y los títulos públicos registraron pérdidas de hasta un 12%. Las acciones de YPF ya registran una caída del 52%. En el medio, la crisis por el coronavirus. El Gobierno nacional planifica medidas contracíclicas.

Por Sebastián Premici
@spremici

La
Argentina sigue inserta en su propia encrucijada. Los bonos locales pierden
valor, las cotizaciones bursátiles de las principales empresas del país se
desploman; el precio del barril de crudo (Brent) sigue en picada; y la acción
de YPF roza los 4 dólares. Bajo este escenario, donde el país debe renegociar
una deuda externa por 68.000 millones de dólares (como una primera etapa y
con un Riesgo País que llegó a los 3.500 puntos, los Fondos Buitres volvieron a
ser una amenaza. Con la declaración de pandemia por el COVID-19, el sueño de la
salida exportadora para el país quedó en un segundo plano. Las consecuencias
económicas globales y locales por tamaña crisis epidemiológica, son aún inciertas,
aunque surge una certeza: es el Estado quien salva vidas y no el mercado. La
aplicación de políticas anticíclicas (vía aumento del gasto público) serán
parte de la solución de esta encrucijada.

El
precio del barril (Brent) cerró ayer a 29,78 dólares; el viernes lo había hecho
en 34,97. Desde el pasado 2 de marzo, su cotización cayó un 43 %. Esto
repercutirá en las regalías que las operadoras liquidarán en las próximas horas,
pero el impacto será mucho más fuerte el próximo mes, cuando pegará de lleno la
merma en la cotización del crudo.

Las
empresas energéticas son las que están perdiendo más terreno. El caso de YPF es
emblemático porque habla del desfalco producido durante la administración de la
Alianza Cambiemos ?con una reducción de la inversión en la Patagonia del 50%- y
de la actual situación internacional.

En
2019, la petrolera perdió 33.000 millones de pesos, según el balance presentado
ante la Comisión Nacional de Valores. Durante la primera semana de marzo de
este año, la acción de esta empresa cotizaba en Nueva York a 7,30 dólares. Ayer
cerró en 3,8 dólares, es decir una pérdida del 52% de su valor. Este no es un
buen horizonte para las necesidades energéticas, productivas ni financieras del
país.

El
panel completo de las acciones que cotizan en la Bolsa de Buenos Aires registró
este lunes una caída promedio del 9,7 %. 

Mientras
se dilata la presentación formal para la renegociación de la deuda externa, el
Gobierno presentó ante la Comisión de Valores de Estados Unidos la autorización
para emitir nuevos títulos de deuda, que serán utilizados como parte de la
reestructuración.

Según
el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO el stock
de la deuda pública asciende a 320.000 millones de dólares, de los cuáles
125.000 millones se encuentran en poder de organismo públicos (principalmente ANSeS
y BCRA) sin presentar dificultades para el Tesoro. Dentro de los 200.000
millones de dólares restantes, 73.000 millones son los que tienen otros
tenedores institucionales como el FMI y el Club de París, mientras que 126.000
están en manos de tenedores privados.

Es
decir, la primera etapa de la reestructuración sólo abarca un 22 % del stock
total de deuda; luego vendrán otros capítulos (FMI).

Pero
hay otro dato de contexto que no puede obviarse: los títulos públicos siguen en
caída. Los bonos bajo ley extranjera perdieron ayer hasta un 12 % de su valor.
En el acumulado del mes, el Global 2021 perdió un 39 % y el Global 2022 un 35%.

El
otro dato a tener en cuenta es el incremento del Riesgo País ?la sobretasa que
pagan los títulos públicos locales- que ayer superó los 3.500 puntos. ¿Cuál es
el verdadero riesgo? Al caer el valor de los títulos públicos, los Fondos
Buitres afilan sus garras.

“Es
muy probable que exista un pasaje de inversores de nuestros bonos a colocaciones
más seguras, generando un golpe a la deuda argentina y al Riesgo País. Esto
tiene en preocupación a las autoridades económicas, porque aumenta la probabilidad
de que Fondos Buitres empiecen a comprar nuestros bonos si siguen cayendo”,
puede leerse en el último informe del Observatorio de Políticas Públicas de la
Universidad Nacional de Avellaneda (Undav).

Por
estas horas, el Gobierno nacional está delineando nuevas medidas económicas,
como la ampliación de los recursos para los beneficiarios de la Asignación
Universal por Hijo (AUH y políticas de alivio fiscal. Es decir, un menú de
políticas anticíclicas, tal como se vienen llevando adelante y que fueron la
clave para sobrellevar la crisis económica de 2009.

“El
BCRA se encuentra llevando adelante medidas contracíclicas para salir de la
recesión y reactivar el mercado interno. En este sentido, la tasa de interés de
referencia pasó de 63% en diciembre a un 38% a principios del mes de marzo. La
lógica de la baja de tasas se explica por la búsqueda de quitarle costos a las
empresas y familias altamente endeudadas, además de promover crédito productivo
barato”, agregó el informe de la Undav.

La
crisis por el COVID-19 servirá, en el largo plazo, para desterrar algunas
zonceras que suelen denostar el rol del gasto público. De crisis como estas se
salen con más inversión por parte de los Estados.

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