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El interventor de YCRT, Pablo Gordillo Arriagada, aclaró este martes que no se trata de una transformación o conversión, sino de la creación de un marco legal para YCRT, que durante mucho tiempo operó sin el mismo. “La empresa estuvo 23 años sin figura jurídica porque navegaba en un limbo de Hacienda Productiva más parecido a un organismo público que una compañía“, explicó.

El interventor del yacimiento aseguró que en lo concerniente a cifras, el 51% de las acciones quedará en manos del Estado nacional, garantizando su control. Además, con ello se abre la posibilidad de que trabajadores y gremios adquieran acciones clase C, que son un tipo de activos financieros de fondos mutuos que se caracterizan por una tarifa fija y son adecuadas para inversores que buscan liquidez y flexibilidad en sus carteras. “El control lo va a seguir manteniendo el Estado en la mitad de su porcentual, tal cual lo que se pidió en su momento, por Ley Bases, en el Congreso de la Nación”, afirmó.

El funcionario destacó -en una entrevista en LU14- el papel del Gobierno provincial en la defensa de los intereses de los trabajadores y la transferencia de bienes a la nueva sociedad anónima. “Logramos que en el decreto aparezca esta situación que es la posibilidad de que todos los bienes inmuebles, bienes de usopatentes, marcastodo lo que tenga registrado la empresa desde la histórica YCF, se transfiera a la sociedad anónima“, aseguró.

Sin obviar la preocupación de los gremios, Gordillo Arriagada envió un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, asegurando que los sueldos están garantizados y que se abrirá un espacio de diálogo para abordar las inquietudes. “Hay una apertura según el decreto que contempla 180 días de trabajo para revisar los convenios con el IUF (Unidad de Información Financiera) y en ese aspecto vamos a trabajar”, expresó el interventor.

 

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