Impulsan una ordenanza contra el uso político de los recursos públicos

Esta semana en el Concejo Deliberante de Río Gallegos se tratará un proyecto de ordenanza de la concejala Daniela D’Amico (UCR), que propone que se prohíba el uso nominal, nombres, símbolos o imágenes con carácter de promoción personal en bienes públicos. Asimismo, pide la incorporación del Capítulo XII, “Faltas contra la ética en el ejercicio de la Función Pública“, al Código Municipal de Faltas.

El proyecto de D’Amico tiene un antecedente muy cercano. Días atrás se presentó otro de similares características en el Congreso de la Nación. En ese caso, el proyecto amplía la prohibición de utilizar la publicidad oficial para la promoción personal de funcionarios, añadiendo ahora la restricción explícita contra la promoción político-partidaria.

Además, se incorpora un nuevo artículo 42 bis, que detalla una serie de actividades prohibidas para empleados y funcionarios públicos, como la utilización de recursos del Estado para fines de proselitismo, la participación en campañas políticas durante el horario laboral y el uso de bienes públicos con fines electorales.

El objetivo de esta propuesta es que responde, según su autora, la diputada nacional Roxana Reyes, a la necesidad de asegurar que los actos de gobierno se realicen con la única motivación de servir al interés público, evitando cualquier confusión entre la gestión de los recursos estatales y los intereses personales o partidarios de quienes los administran.

La iniciativa también apunta a fortalecer la transparencia y la integridad en la función pública, alineándose con los compromisos internacionales asumidos por Argentina, como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. En este sentido, se destacó que “una conducta ética y transparente es indispensable para mantener la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones y preservar los valores de nuestra democracia”.

El proyecto presentado en la Cámara de Diputados espera contar con el apoyo de otros legisladores para avanzar en su tratamiento. Además, la iniciativa se inscribe en un contexto de creciente demanda por parte de la sociedad de mayor transparencia y responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, y busca establecer un marco legal más riguroso que garantice que el manejo de los recursos del Estado se realice siempre en beneficio del conjunto de la población y no en favor de intereses particulares.

También se busca excluir la promoción político-partidaria o personal de las actividades que puedan llevar a cabo los empleados o funcionarios públicos en nombre o a cuenta del gobierno. Esto es, no poder utilizar redes sociales oficiales para su promoción personal o partidaria; no poder utilizar los recursos del Estado, sus instalaciones y sus bienes con ese fin; no colocar ni permitir la colocación de símbolos partidarios en instalaciones oficiales; no poder sustituir o confundir los símbolos o logos oficiales con los logotipos o diseños políticos partidarios, y eliminar la leyenda “gestión” seguida del nombre propio de algún funcionario.

A nivel local, es muy probable que el proyecto sea girado a comisiones.