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Como entidad que nuclea a cerca del 90% de las oficinas del sector en Santa Cruz, la Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas solicita frenar el avance del Proyecto de Ley N.º 367/2024 en Comisiones y reclama la apertura inmediata de una instancia de diálogo participativo e inclusivo.
La Asociación Civil Inmobiliarias Santacruceñas (ACIS) expresa públicamente su firme postura respecto del Proyecto de Ley N.º 367/2024, sobre la creación del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Santa Cruz. La institución advierte que la iniciativa carece del consenso del sector y señala sus graves consecuencias jurídicas, económicas y territoriales.
Al agrupar a cerca del 90% de las inmobiliarias en funcionamiento en la provincia, la ACIS se consolida como la voz genuina y representativa de quienes desarrollan diariamente la actividad comercial e institucional del rubro en el territorio santacruceño.
La Asociación participó de manera proactiva en las instancias previas de trabajo vinculadas a esta propuesta. Durante dicho proceso formuló observaciones, acercó propuestas concretas y mostró su voluntad de construir una regulación equilibrada y representativa.
Sin embargo, la ACIS aclara que no existió ningún acuerdo institucional que autorice a presentar la iniciativa como un proyecto consensuado por el sector. La entidad impulsora —la Asociación Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Santa Cruz— representa legítimamente a sus colegiados, pero carece de la representatividad necesaria para tomar decisiones que afecten a la totalidad de las oficinas inmobiliarias que operan en la provincia.
Si bien la creación de un Colegio Profesional puede atender a las necesidades específicas de los martilleros y corredores públicos matriculados, su regulación no debe extenderse de forma
automática al rubro inmobiliario ni pretender que la actividad comercial sea ejercida únicamente por quienes poseen titulación profesional, fijando cargas o restricciones a establecimientos y trabajadores que no están representados por sus impulsores.
Preocupaciones jurídicas
Desde el ámbito legal, la ACIS sostiene que disponer una colegiación obligatoria sobre toda la actividad inmobiliaria, pretendiendo condicionar el ejercicio del rubro a una titulación
específica, vulnera la libertad de trabajar y asociarse contemplada en el artículo 14 de la Constitución Nacional, además del principio de razonabilidad del artículo 28.
A su vez, la pretensión de aplicar nuevas exigencias de titulación o matriculación a locales comerciales legalmente constituidos desconoce el principio de irretroactividad de la norma
(artículo 7 del Código Civil y Comercial de la Nación) y vulnera los derechos adquiridos de quienes vienen ejerciendo lícitamente la actividad dentro del marco legal vigente.
Impacto económico y territorial
Asimismo, la entidad manifiesta su profunda preocupación por las secuelas socioeconómicas que acarrearía la aprobación del proyecto en sus términos actuales.
La matriculación obligatoria con exigencia de título, sumada a los costos de aranceles y nuevas cargas administrativas, afectaría directamente a las pymes y emprendimientos familiares del
interior provincial, cuya escala operativa y capacidad financiera dista de la que poseen los comercios de los principales centros urbanos.
Una legislación de alcance provincial debe contemplar la heterogeneidad social y territorial de Santa Cruz. De lo contrario, imponer exigencias de titulación uniformes derivará en el cierre de inmuebles comerciales, la pérdida de puestos de trabajo y la concentración de la oferta en unas pocas ciudades.
Una propuesta amplia, inclusiva y participativa
La ACIS ha elaborado un proyecto propio basado en el conocimiento operativo y territorial del rubro, orientado a integrar a todas las inmobiliarias de Santa Cruz sin exclusiones ni privilegios sectoriales.
La Asociación remarca que promueve la capacitación continua, la transparencia del mercado y el resguardo de la comunidad, pero enfatiza que la jerarquización del sector no puede pasar por restringir la actividad de manera neta a profesionales titulados, sino por un proceso legislativo plural, con representatividad real y respeto por la trayectoria y las dinámicas locales.
En este marco, la ACIS solicitará formalmente a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia:
1. Suspensión inmediata: Que se suspenda el tratamiento del Proyecto de Ley N.º 367/2024 en las comisiones asesoras hasta tanto se cumplan las instancias de diálogo requeridas.
2. Convocatoria a diálogo participativo: Que se convoque a una mesa de trabajo formal, pública y participativa con los actores representativos del sector inmobiliario.
3. Exclusión del rubro inmobiliario: Que la actividad comercial inmobiliaria sea excluida expresamente del articulado del proyecto, limitando sus disposiciones exclusivamente al ejercicio profesional específico de los martilleros y corredores públicos según su titulación.
4. Resguardo de derechos adquiridos: Que se garantice que ninguna norma altere, condicione o restrinja el funcionamiento de las inmobiliarias actualmente establecidas en Santa Cruz ni desconozca el ejercicio de quienes desarrollan lícitamente la actividad.
5. Inclusión de la propuesta de la ACIS: Que se incorpore al expediente legislativo la postura institucional y la propuesta alternativa elaborada por la Asociación.
6. Uso de la palabra en Comisiones: Que se otorgue espacio a los representantes de la ACIS para exponer la posición del sector ante la Comisión de Legislación General y los bloques parlamentarios.
7. Creación por ley de dos colegios profesionales, uno de Martilleros y Corredores Públicos sin injerencia alguna en el rubro inmobiliario; y el Colegio de Corredores Inmobiliarios, tal como se viene dando en todo el país. Existen ya catorce (14) jurisdicciones donde los Colegios están separados, entre ellas, CABA y Córdoba.
Desde la ACIS sostienen que una norma destinada a regular a todo un sector comercial no puede ser dictada sin la participación de la entidad que nuclea a la amplia mayoría de sus referentes.
La consolidación de un mercado transparente requiere consenso, razonabilidad y representatividad efectiva. Por ello, la Asociación confía en que el Poder Legislativo escuchará su planteo antes de avanzar en la tramitación de la norma, dejando formulada la reserva de recurrir a las vías institucionales y judiciales de inconstitucionalidad en caso de que la ley sea sancionada ignorando la realidad de la actividad inmobiliaria santacruceña.
Comisión Directiva ACIS
Graciela Martínez, Tesorera
Graciela Sancho, Secretaria
Pedro Uribe, Presidente
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