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El Gobierno nacional dispuso un cambio estructural en la gestión de las represas sobre el río Santa Cruz y las apartó del proceso de privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA). A través del Decreto 238/2026, el presidente Javier Milei delegó el control y la ejecución del proyecto en la Subsecretaría de Recursos Hídricos, organismo que depende del Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo.
La decisión estableció un “blindaje” legal, operativo y financiero sobre una de las obras hidroeléctricas más importantes del país, con el objetivo de garantizar su continuidad en medio del proceso de venta de la empresa estatal.
Traspaso de control: Economía asume el mando
El decreto oficializó la salida de ENARSA como comitente de la obra y trasladó todas las funciones, derechos y obligaciones a la Subsecretaría de Recursos Hídricos, a cargo de Bartolomé Heredia, quien fue administrador del disuelto Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) entre diciembre de 2023 y febrero de 2025, también bajo el control del ministro Caputo. Desde ahora, Heredia se encargará de administrar los contratos, aprobar desembolsos y coordinar la ejecución del complejo.
El Gobierno argumentó que la centralización en un área técnica permitirá mejorar la eficiencia, acelerar la toma de decisiones y evitar demoras asociadas al proceso de privatización de la empresa energética.
Además, instruyó a la Secretaría de Energía y a ENARSA a garantizar una transición ordenada para no interrumpir los trabajos en territorio santacruceño.
La decisión se conoció semanas después de que La Opinión Austral informara en exclusiva sobre la firma de un acuerdo entre ENARSA y la UTE que permitió planificar el reinicio de la obra. Ese entendimiento fijó condiciones técnicas y económicas clave para retomar el ritmo de construcción.
En Santa Cruz, la reactivación del proyecto genera expectativa por su impacto en el empleo y la economía regional, especialmente en localidades como Comandante Luis Piedra Buena, donde la obra resulta un motor clave.
A principio de marzo el propio Gobierno nacional anunció la reactivación de la represa hidroeléctrica Gobernador Jorge Cepernic en Santa Cruz, paralizada durante años al igual que la represa “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” con menor porcentaje avance de obra.
El proyecto permitirá sumar 1.860 GWh anuales de energía al sistema interconectado argentino.
Blindaje ante la privatización de ENARSA
El principal objetivo de la medida radica en separar la obra del proceso de privatización autorizado por el Decreto 286/2025. Con este esquema, las represas dejan de formar parte del paquete de activos que el Estado busca vender.
De esta manera, el Ejecutivo asegura que la infraestructura seguirá bajo control estatal durante su construcción, independientemente del futuro de ENARSA.
El decreto fue publicado este lunes, antes de que se conozcan los interesados para quedarse con las acciones que ENARSA tiene en Citelec, que controla Transener y de Transba, las redes de transporte de alta tensión más importantes del país. Energía Argentina S.A. tiene el 50% de Citelec y el resto lo tiene Pampa Energía, del grupo de Marcelo Midlin. El martes se conocerán de manera oficial los interesados en la compra.
El “blindaje” de la Represas implica que el Estado nacional asume de forma directa el rol de garante y financiador del proyecto, lo que reduce la incertidumbre sobre su continuidad en medio de los procesos de venta de las firmas que controla ENARSA.
Financiamiento privado chino
Uno de los aspectos centrales del decreto apunta a preservar el flujo de fondos provenientes de bancos chinos, principales financistas del proyecto. El complejo cuenta con líneas de crédito otorgadas por el China Development Bank, el ICBC y el Bank of China.
El cambio de jurisdicción busca ofrecer mayor seguridad jurídica y evitar eventuales incumplimientos contractuales que puedan frenar los desembolsos.
Con el Ministerio de Economía como interlocutor directo, el Gobierno intenta reforzar la confianza de los acreedores internacionales y sostener el ingreso de divisas necesarias para avanzar con la obra. Siempre con “Toto” Caputo al frente de las negociaciones.
Sin cambios en la UTE
El decreto mantuvo sin modificaciones el vínculo contractual con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por China Gezhouba Group, Electroingeniería (ahora Eling Energía S.A) e Hidrocuyo.
Las compañías continúan a cargo de la construcción, aunque ahora reportarán a Caputo a través de la nueva autoridad estatal a cargo de Bartolomé Heredia, es decir directamente de la administración central.
En paralelo, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, deberá reasignar las partidas presupuestarias para garantizar el financiamiento bajo la nueva estructura administrativa.
Cambio de nombres y señal política
La normativa también dispuso la eliminación de las denominaciones “Presidente Dr. Néstor Carlos Kirchner” y “Gobernador Jorge Cepernic”. Las represas retomaron sus nombres originales: Cóndor Cliff y La Barrancosa.
El Gobierno justificó la medida en la potestad del Estado nacional para definir la denominación de las obras públicas. Sin embargo, el cambio también implica una señal política orientada a desvincular el proyecto de gestiones anteriores.
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