El gobierno de Santa Cruz quiere normalizar la situación de los fondos que deben pagar los municipios y comisiones de fomento, que a su vez retienen de sus empleados, en concepto de aportes a las cajas provinciales, en este caso puntual, a la obra social provincial.

Para esto labró un decreto que lleva el número 235 del 2024, que establece -en síntesis- reforma un artículo del decreto de la Ley de Reglamentación de la Caja de Servicios Sociales, donde establece que el ministerio de EconomíaFinanzas e Infraestructura tendrá la facultad de retener de la coparticipación que corresponda a las comunas y las comisiones de fomento, el monto de la deuda que estos mantengan con la obra social provincial.

Qué dice el artículo en cuestión, que “…la Tesorería General de la Provincia, a requerimiento de la Caja de Servicios Sociales y bajo apercibimiento de adquirir responsabilidad personal por la falta del pago, deberá retener de las liquidaciones que deba efectuar a las Municipalidades y Comisiones de Fomento sujetos a esta Ley en concepto de coparticipación de impuestos, recursos propios o cualquier otro rubro, los importes que los mismos adeuden como aportes y retenciones”.

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Asimismo, se aclara que, a tal fin, la comunicación oficial de la Caja servirá de recaudo suficiente y que, desde el momento de recibir la misma, “las sumas de que se trate quedarán afectadas para el cumplimiento de la deuda… “. Cabe destacar que el decreto lleva la firma del gobernador Claudio Vidal y del ministro de Salud y Ambiente, Ariel Varela, de quien depende orgánicamente la Caja de Servicios Sociales.

En el texto, la provincia argumentó que la medida que se dispuso deberá ser efectuada “a requerimiento fundado de la Caja Servicios Sociales” y que “resulta imprescindible para sanear el estado deficitario de la Obra Social provincial a raíz de la falta de cumplimiento de las obligaciones impuestas en la normativa vigente por parte de la mayoría de Municipios y Comisiones de Fomento”.

Las deudas de estos últimos a las cajas, tanto la de Servicios Sociales como la de Previsión Social es un tema de larga data que hace décadas no se ha conseguido solucionar. De hecho, la última vez que se puso en discusión el tema de la posible modificación de la coparticipación provincial, a mediados de la gestión anterior, uno de los principales temas a resolver era el de los aportes a ambas cajas.

Para tener una idea, en el caso del principal municipio, Río Gallegos, el aporte mensual que debería efectuar sólo en concepto de obra social asciende a unos 400 millones de pesos.

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