María José Román sobre las Huelgas Patagónicas: “Estamos en condiciones de llegar a un juicio como el de Napalpí”

En Santa Cruz, este 7 de diciembre es feriado provincial por Ley 3.668, en “conmemoración a los obreros fallecidos”, y por Ley 3.236, el 8 de diciembre es el Día de la Recordación de las Víctimas de las Huelgas de 1921.

En 2021, el Gobierno de Santa Cruz se presentó ante la Justicia Federal como querellante en la causa donde se solicita se declaren delitos de lesa humanidad los fusilamientos de los obreros.

Posteriormente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y familiares de víctimas, con el acompañamiento de la entonces senadora de Santa Cruz, Ana María Ianni, se sumaron como querellantes. María José Román es la única abogada que representa a la querella de familiares de las víctimas y este jueves dialogó con Radio LU12 AM680.

Las rondas de declaraciones que está tomando el fiscal federal de Caleta Olivia, Lucas Colla, comenzaron en julio de 2023 y tuvieron su continuidad este año, pero a diferencia de 2023, ahora la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y de Santa Cruz (NdR: a nivel provincial DDHH bajó al rango de subsecretaría) no se presentó.

Consultada sobre el aporte realizado por Esteban, hijo del historiador Osvaldo Bayer, tanto a través de su declaración como por documentación, señaló que es “prueba contundente, como los cinco cuerpos del historiador (Osvaldo) Topcic que Bayer comprueba que los tenía él”.

“Son los primeros cinco cuerpos que se trabajaron de las denuncias de las huelgas en Río Gallegos, son archivos históricos que un juez de la dictadura, Pinto Kramer, le cedió, era documentación oficial que no se podía compartir, pero se la cedió a este historiador. Bayer recolecta esta prueba cuando hace el video ‘El regreso de Bayer‘ en el 2006, donde rememoran el recorrido que hizo para recolectar las pruebas allá por los años 70 y recaba otros testimonios. Entre estos se encuentra con este historiador que reconoce tener estos cinco cuerpos que son vitales y que pudimos rastrear”.

En este sentido, adelantó que la documentación será aportada en la próxima rueda de testimonios, que contará con al menos seis testigos.

Recordó que se trata de un delito de lesa humanidad, dado que “es el propio Estado el que comete estos ilícitos contra un grupo poblacional, en este caso los trabajadores huelguistas y no cualquier trabajador, sino aquellos politizados, sobre todo había un ensañamiento con aquellos que eran identificados como anarquistas socialistas, que en aquella época era una ideología preponderante entre los trabajadores”.

“Al ya no estar la imputación directa sobre los posibles delincuentes identificados, pero que ya no están vivos, es el Estado el que asume esa responsabilidad”, acotó.

Román recordó que en un juicio por la verdad “hay una sentencia simbólica que determina ciertas pautas para que esto no vuelva a suceder. En principio, reconocer el hecho es importantísimo en materia de la reivindicación de los hechos y luego la jueza o jueces determinan, por lo general, una serie de pautas para que se visibilice“.

Recordó también que se continúa recibiendo y escuchando información y quienes deseen hacerlo, pueden hacerlo vía Instagram con María José Román o mediante el celular 1139330909.

Cerrando, la abogada manifestó: “Estoy segura de que hay gente que tiene mucho material y que no ha decidido todavía colaborar, pero con el que tenemos, hoy se lo decía al fiscal, estoy convencida de que estamos en condiciones con estos hechos que tenemos identificados de llegar a un juicio del estilo de Napalpí“.

Cabe recordar que en 2022, la Justicia Federal de Chaco consideró a la masacre ocurrida el 19 de julio de 1924 en Napalpí como crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un genocidio de los pueblos originarios y ordenó una serie de medidas de reparación para las comunidades de los pueblos qom y moqoit.

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