La jueza federal María Romilda Servini procesó al empresario Orlando “Orly” Terranova por tentativa de extorsión a los accionistas del Grupo Indalo. Se trata de la causa que investiga las supuestas maniobras desplegadas durante el gobierno de Mauricio Macri para presionar y asfixiar en términos financieros al conglomerado de firmas que opera la señal de noticias C5N y Radio 10.

Es el mismo expediente por el que se encuentra prófugo el diputado del Parlasur y exdirector de YPF, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien fue llamado a indagatoria por la jueza Servini pero nunca se presentó a declarar.

En tanto, la magistrada le trabó a Terranova un embargo por 5.100 millones de pesos y también procesó al directivo de empresas Gerardo Molinaro y al abogado Gustavo Casir, a quien le incautó una suma millonaria. A los tres se los acusa de haber intentado quedarse con las empresas del Grupo Indalo –principalmente con Oil Combustibles- bajo la amenaza del encarcelamiento de sus principales accionistas, Cristóbal López y Fabián de Sousa.

“Orlando Terranova, principalmente, junto con Gustavo Casir y Gerardo Molinaro tuvieron una activa participación en toda esta operación, se montaron en las amenazas que partieron desde los altos cargos del Gobierno que encabezaba Mauricio Macri, lo que denotaba su inminencia y verosimilitud, y se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad que estaban atravesando los querellantes, y en base a ello los conminaron a suscribir la Carta Oferta en cuestión, y tomaron a su cargo, principalmente Terranova, toda la operación”, puede leerse en el fallo.

En el comienzo de la investigación, Terranova había sido convocado como testigo. Sin embargo, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó un planteo luego de la declaración testimonial del empresario López, quien contó sobre la supuesta participación del corredor de autos en las presiones contra Indalo.

López relató ante la justicia que era conocida la relación de Terranova con Macri y que en un momento dado del 2017 le refirió que estaba dispuesto a vender su 70 por ciento del Grupo Indalo antes que ir preso, a lo que el empresario le dijo que consultaría con el entonces presidente y con su amigo Nicolás Caputo.

“Se firmaron convenios. El al día siguiente trajo a un abogado y a un ingeniero, éste iba a ser el CEO de la compañía, Gerardo Molinaro y el abogado Gustavo Casir“, afirmó López ante la justicia; pero esa posibilidad no prosperó porque –según supo más tarde el accionista de Indalo- desde el propio gobierno de Macri se decidió que la mejor opción era empujar al grupo empresario a la quiebra.

 

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