A diez meses de la asunción de Alberto Fernández y a casi siete del inicio de las medidas de aislamiento social y preventivo por la pandemia de Covid-19, desde el Gobierno Nacional y las provincias comenzaron a activar señales de pretender un rumbo unificado para el sector minero.

Una semana después de los anuncios del Gabinete Nacional de medidas económicas, entre las que se incluyó la adecuación de los derechos de exportación de metales -que pasaron del 12% al 8%, tal como se había establecido en diciembre con la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva-, el Consejo Federal de Minería (Cofemin) se reunió y proclamó como nuevo presidente al ministro de Hidrocarburos de la provincia de Chubut, Martín Cerdá.

Además de los desafíos de orden macroeconómico y los vinculados con la demanda del sector de reglas claras y a largo plazo para poder captar la inversión para desarrollar proyectos, otro de los desafíos se vincula con la necesidad de generar consensos para avanzar sobre las fronteras legislativas que imponen algunas provincias.

Sin minería

En efecto, hoy son siete las provincias que en el país prohíben la minería y una de ellas es Chubut. Como Mendoza, otra de las integrantes del selecto grupo antiminero, el distrito patagónico, se encuentra en pleno proceso de debate sobre su matriz productiva.

 

Son siete las provincias que prohíben la explotación minera en su territorio

 

Es por eso que la elección de Cerdá para que esté al frente del Cofemin, que es un organismo integrado por las provincias y el Estado Nacional (tal como lo dispone la Ley 24.224 en el artículo 11) cuya misión principal es participar activamente en el diseño, ejecución y seguimiento de la política minera nacional, puede quizás anticipar un desenlace.

“Fue un buen gesto para con mi provincia”, expresó el funcionario chubutense en una entrevista concedida a La Opinión Zona Norte.

Elegido por sus pares del resto de las 23 jurisdicciones, Cerdá se posiciona hoy en un lugar central del mapa minero nacional, al tiempo que ofrece garantías de que avanzará al menos con la discusión sobre una ampliación de la matriz productiva chubutense que incluya a la actividad.

El salto de casilleros que implica para Chubut es abismal: en el anterior gobierno nacional de Mauricio Macri, el Cofemin debatió y dejó plasmado en papel un documento que se llamó Nuevo Acuerdo Federal Minero, que luego, por falta de concepción y de acción, el Ejecutivo Nacional ni siquiera mandó al Congreso.

Llevaba la firma de casi todas las provincias. Una de las ausentes fue Chubut. Hoy, de la mano de una acción conjunta, el distrito que prefería mantenerse al margen de los asuntos mineros estará sentado en la cabecera de la mesa federal de todas las autoridades en la materia del país.

 

La posibilidad de que se encienda el efecto Mendoza en Chubut está latente

Para el resto de las provincias, que como Santa Cruz tienen en su territorio yacimientos mineros desarrollados y muchos potenciales por desarrollar, contar con Chubut entre sus filas es fundamental al momento de ofrecer una señal al inversor extranjero.

 

Si bien Argentina es un país federal y cada provincia es dueña de sus recursos, cuenta con la Ley 24.196 de inversiones mineras, que inevitablemente choca con normas provinciales, como la Ley 5.001, que prohíbe la minería a cielo abierto y el uso de cianuro. Este tipo de situaciones genera contradicciones difíciles de explicar y amplifican la incertidumbre.

Al respecto, el secretario de Minería de la Nación, Alberto Hensel, aseguró a Santa Cruz Produce que “lo importante es generar los consensos que te lleven a resolver los problemas que tenemos, que no son problemas de la minería; hoy Chubut tiene inconvenientes de solvencia para poder atender la necesidad de sus poblaciones, de salud, educación, seguridad, vivienda” y es por eso que debe dar el debate “que viene encabezando el Gobierno de Mariano Arcioni” sobre el perfil productivo de la provincia.

Venimos acompañando a todo el equipo de Gobierno de Arcioni desde el minuto uno con este plan que piensa lanzar de desarrollo productivo de la meseta central, en donde uno de los aspectos a tener en cuenta es la minería”, afirmó el funcionario nacional.

“Me parece que lo importante de la visión del gobernador es plantear la discusión de todo el modelo productivo de Chubut, entonces él da lugar a conversar sobre la diversificación de la matriz y no centraliza toda la discusión en la 5.001; ese es el proceso que desde nuestra experiencia nosotros estamos acompañando, y me parece que está muy bien orientado”, puntualizó Hensel.

Efecto Mendoza

Al inicio de su mandato, Alberto Fernández se topó con una sorpresa ingrata. En Mendoza, a partir de la sanción de la Ley 9.209 -aprobada por amplia mayoría en Parlamento cuyano para modificar la 7.722 que prohíbe el uso de elementos que se precisan para la minería metalífera-, una parte importante de la sociedad mendocina se manifestó en contra de los cambios y encabezó una fuerte campaña antiminera que en pocas horas logró amplio eco en redes sociales, en algunos medios de comunicación y también la adhesión de personalidades del ambiente artístico, incluso a nivel internacional.

Los hechos desplegaron tal notoriedad que hasta obligaron al gobernador Rodolfo Suárez a dar marcha atrás y pedir la derogación de la ley sancionada. El procedimiento de anulación ya se aprobó rápidamente en el Parlamento local.

La posibilidad de que se encienda el efecto Mendoza en Chubut está latente. Tanto en una como en otra, las leyes se discutieron en 2018 en las legislaturas provinciales con la intención de modificarlas o perfeccionarlas.

Luego las definiciones quedaron congeladas en medio de la inminente agenda electoral que se impuso en 2019 en todo el país y hoy vuelven a la escena. No se trató en ninguno de los casos de decisiones apresuradas.

 

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