La puja distributiva y el control de precios para evitar una disparada de los alimentos parecen ser los temas que dominan la agenda del Gobierno Nacional. Por un lado, existe un escenario donde los precios de los commodities vienen en aumento.

De esta manera, se encarece el precio de ciertos insumos claves para el mercado interno, como por ejemplo el maíz que sirve de forraje para la generación de proteína animal, sobre todo del pollo.

Pero también existe un contexto complejo en cada una de las regiones productoras de alimentos, marcadas por las emergencias agropecuarias del año pasado.

Corrientes, Chubut, Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Córdoba, Salta, Misiones, Mendoza y Santiago Del Estero, debieron declarar el año pasado su emergencia agropecuaria.

Con distintos grados de participación en el total de alimentos que se producen, lo concreto es que el escenario 2021 arranca con una menor capacidad de producción. Por ende, también se tensiona con los sectores exportadores que quieren vender al exterior la mayor cantidad de toneladas posibles.

 

 

El único que podría terciar en esta puja sería el Estado Nacional. Los 500 millones de pesos destinados al Fondo de Emergencia Agropecuaria se vuelven insuficientes frente a este escenario.

El Gobierno viene sosteniendo diferentes mesas de negociación con productores y formadores de precios para evitar la escalada de precios. Pero ante una inflación del 4 por ciento en diciembre del año pasado, y del 36 por ciento en todo 2020, donde los alimentos fueron los precios que más subieron, las perspectivas para el primer bimestre de 2021 marca una inflación caliente, donde enero podría estar cerca del 4 por ciento también.

En la Patagonia, el año pasado cerró con un 32,3 por ciento de inflación, una de las más bajas del país, aunque la variación de los alimentos fue mayor al promedio de la región (36,3 por ciento), mientras que las carnes aumentaron en la región un 45 por ciento, según el último informe del Indec, veinte puntos porcentuales menos que el incremento registrado en el noroeste del país.

 

Fiscalizadora de la Secretaría de Comercio Interior en Buenos Aires.

El acuerdo de precios para ciertos cortes de carne fue una respuesta por parte del Estado, las mesas de diálogo en el Ministerio de Agricultura otro de los instrumentos utilizados.

Sin embargo, tampoco se descarta el aumento de las retenciones, un instrumento de política económica que sirve para desacoplar el precio externo del interno.

El Gobierno Nacional sabe que no existen miles de instrumentos para tal desacople. Es decir, los derechos de exportación entendidos como un instrumento de política económica podrían jugar nuevamente un rol importante en la puja distributiva.

Así lo dejó trascender la vicejefa de Gabinete, la economista Cecilia Todesca Bocco.
La semana que viene habrá una reunión del Gabinete económico con sindicatos y empresarios para encauzar esta discusión.

El objetivo del Gobierno es que los precios no suban más del 29 por ciento, que es la pauta fijada en el Presupuesto Nacional, con un incremento de salario que no debería superar el 35 por ciento.

En la carrera precios salarios, está claro que el poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras se ha deteriorado en los últimos años debido a la doble pandemia del macrismo y el coronavirus.

 

Alimentar

La variación del precio de los alimentos es una de las principales preocupaciones del Gobierno Nacional, donde la contención de los sectores populares seguirá siendo clave para mantener la paz social.

 

El Gobierno tiene mesas de negociación con productores para evitar la escalada de precios

Desde abril de 2018, luego del camino devaluatorio iniciado por la Alianza Cambiemos, el precio de los alimentos se convirtió en una fuente de preocupación por mostrar subas superiores al promedio general de precios de la economía.

Para el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), “el impacto de los alimentos se vuelve más preocupante en la medida que se da en simultáneo con destrucción de empleo producto de la crisis iniciada hace casi 3 años y la posterior pandemia que agravó la situación.”

En este contexto, el Gobierno Nacional diseñó diferentes estrategias de abordaje territorial, entre ellas la Tarjeta Alimentar, destinadas a personas que cobren la AUH con hijas o hijos de hasta 6 años de edad (o sin límite de edad si es persona discapacitada) y embarazadas a partir de los tres meses que cobren la AUE.

El beneficio era de 4.000 pesos para quienes tuvieran un hijo o hija y de 6.000 pesos para quienes tuvieran más de una persona a cargo.

Tras el aumento del 42,1 por ciento de los alimentos en los últimos doce meses, el monto del programa se había reducido en términos reales, hasta que el Gobierno anunció un incremento del 50 por ciento en los montos a transferir mensualmente en la Tarjeta Alimentar.

El programa, con los aumentos anunciados, implicará una transferencia mensual de 10.604 millones de pesos por lo que el monto presupuestado por 90.000 millones de pesos para 2021 podría estar por debajo de las necesidades durante este año, analizó el CESO.

El total de beneficiarios alcanza a 1,6 millones de personas y un promedio de 2,3 millones de niñxs estarán cubiertxs por este instrumento. El 94,2 por ciento de las beneficiarias son mujeres.

La inversión total está concentrada en las provincias del NEA y NOA, con el 16,87 por ciento y 11,88 por ciento de los fondos del programa mientras que en términos de población representan el 13,68 por ciento y el 10,15 por ciento, respectivamente.

 

El 94,2 por ciento de las beneficiarias de la Tarjeta Alimentar son mujeres

 

Por el contrario, las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y C.A.B.A. representan el 63,68 por ciento de la población y contienen el 58,9 por ciento de las transferencias.

En el caso de Santa Cruz, el total de beneficiaries de la Tarjeta Alimentar es de 7.909 personas, con una inversión estimada de 52,7 millones de pesos (0,5% del monto total del programa).

La provincia patagónica que más beficiarixs de la Tarjeta Alimentar posee es Río Negro, con 20.713 personas y una erogación de 138 millones de pesos.

Le sigue Neuquén, con 17.676 personas y una inversión de 118 millones y Chubut, con 13.239 beneficiarxs y una erogación de 87,8 millones de pesos. En el caso de Tierra del Fuego, el total de alcanzadxs asciende a 3559 personas, con una inversión de 23,4 millones de pesos.

Para Nación, este tema es clave. Pero se sabe que no se resuelve solamente con la inyección directa de recursos.

Hay que “domar” a los formadores de precios. Se sabe que algunos productos de la canasta básica, por el solo hecho de estar exhibidos en las góndolas de un supermercado, deben pagar un 20 por ciento en concepto de parking.

Esa es la tasa de rentabilidad vía remarcación de los grandes supermercados, donde La Anónima no es la excepción.

 

Recaudación

La recaudación tributaria alcanzó en enero los 772.860 millones de pesos, un incremento interanual de 46,6 por ciento.

Las proyecciones sobre la inflación permiten estimar que los ingresos tributarios de enero arrojaron por quinto mes consecutivo una variación real positiva en la comparación interanual.

Esto quiere decir que el rebote heterogéneo de la economía, como lo denomina el ministro de Economía Martín Guzmán, empieza a verse reflejado en los indicadores vinculados al consumo (IVA impositivo).

Los ingresos correspondientes al IVA Impositivo alcanzaron a 157.595 millones de pesos, un incremento del 28,8 por ciento en relación con los valores observados en enero de 2020.

Entre los principales incrementos mensuales continúan destacándose los impuestos sobre los Bienes Personales y a las Ganancias, que crecieron 550,2 por ciento y 55,6 por ciento respectivamente.

El impuesto PAIS, por su parte, ofrece su primera comparación interanual: un aumento del 162,4 por ciento en relación con el mismo mes del año pasado. Este tributo surge de las compras sobre el dólar ahorro.

Por otro lado, el viernes pasado la AFIP reglamentó el mecanismo de percepción del régimen de Aporte Solidario, que tendrá una incidencia sobre las principales 12.000 fortunas del país. Parte de lo que se recaude por este aporte extraordinario será destinado a financiar proyectos energéticos.

Los ingresos por Derechos de exportación también registraron un comportamiento destacado, sostuvo la AFIP en su informe. El aumento interanual del 231,2 por ciento estuvo asociado a un incremento en los volúmenes declarados, particularmente los asociados al complejo sojero, y una mejora de los precios internacionales.

Es decir, los exportadores liquidaron las divisas que se habían guardado entre octubre y diciembre del año pasado.

 

No se descarta una suba de las retenciones al campo.

El sector agroindustrial es clave dentro de la puja inflacionaria y son uno de los actores económicos cuyas prácticas deben ser controladas por el Gobierno Nacional.

El Ministerio de Agricultura sigue trabajando en la conformación de un Fideicomiso que permita aplicar una especie subsidio cruzado desde la industria aceitera para desacoplar el costo de ciertas materias primas claves para la creación de proteína animal. Y, por ende, intentar bajar el precio de la carne en las góndolas.

De los 772.860 millones de pesos recaudados, 233.263 millones fueron para las provincias, un incremento del 40,3 por ciento en comparación con enero de 2020. En relación a diciembre del año pasado, los ingresos que llegaron a las provincias tuvieron una reducción del 5,3 por ciento, según indicó el último informe de la AFIP.

 

Coparticipación

Ante este escenario de una recaudación que volvió a crecer por encima de los niveles de inflación, calculados en un 4 por ciento para enero, también hubo una suba positiva de la coparticipación.

Las transferencias hacia las provincias arrojan resultados reales en alza desde hace seis meses. Por caso, en agosto fue del 1,7 por ciento, seguido por un 4,2 por ciento (septiembre), 13,7 (octubre), 12,9 (noviembre), 19,2 (diciembre) y 4,1 (enero).

“Al considerar la situación provincia por provincia, es posible distinguir que la pérdida en términos reales de las transferencias por coparticipación tiene en sus extremos a la Ciudad de Buenos Aires, con una caída de 56,0 por ciento interanual, como resultado de la reducción de las transferencias vinculadas al costo de la policía y bomberos, mientras que en el otro extremo se ubica Río Negro, que recuperó un 12,1 por ciento.

 

Santa Cruz y nueve provincias más declararon la emergencia agropecuaria en 2020

En el caso de Santa Cruz, el incremento de las transferencias de recursos nacionales tuvo un alza real del 11,3 por ciento, seguido por Chubut (11,3), Tierra del Fuego (11,9) y Neuquén (11,6).

 

Las transferencias de recursos nacionales a Santa Cruz tuvieron un alza del 11,3 por ciento

 

Estos datos dan cuenta de una fuerte recuperación de las provincias patagónicas dentro de la masa total de recurso coparticipados, ya que el promedio nacional de esta suba fue de tan solo el 3 por ciento.

 

Leé más notas de Sebastián Premici