Los diputados del Frente de Todos realizaron su presentación en un acto que se realizó por videoconferencia, donde sus autores explicaron los ejes centrales de esta propuesta para combatir la violencia institucional.
La iniciativa fue impulsada por la presidenta de la Comisión de Seguridad Interior, Paula Penacca, el titular de la Comisión de Derechos Humanos, Hugo Yasky y el legislador y dirigente del Movimiento Evita (Frente de Todos), Leonardo Grosso.
De la videoconferencia participaron el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti y referentes de organismos de derechos humanos, familiares de víctimas de gatillo fácil y organizaciones de la sociedad.
“Se trata de un proyecto que brinda herramientas concretas para luchar contra esta problemática que genera muertes y dolor a muchas familias argentinas. Por eso esperamos que sea aprobada prontamente por unanimidad, para demostrar que, más allá de los discursos mediáticos, todo el arco político quiere erradicar este mal de nuestra democracia”, subrayó Pietragalla Corti.
El proyecto establece pautas de acción frente a las denuncias “con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz”.
Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad.
Uso de armas
La iniciativa también establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.
“Nuestro proyecto político es coherente con la defensa irrestricta de los derechos humanos. La ley que estamos presentando busca prevenir y erradicar la violencia institucional y responde directamente a la necesidad de construir una perspectiva democrática de la seguridad pública”, remarcó Penacca.
En ese sentido, la legisladora agregó: “También esperamos que Juntos por el Cambio, que ahora se embandera con los derechos humanos, acompañe el tratamiento del proyecto. Y que no se trate, una vez más, de una utilización política que responde a intereses electoralistas y desestabilizadores”
Yasky señaló que “como representantes del pueblo no podemos ser meros opinadores sobre la violencia institucional, ni banalizar un tema que es deuda de la democracia con oportunismo electoral, debemos dotar al Estado y a la sociedad de las herramientas necesarias para prevenirla, sancionarla y erradicarla”.
Por su parte, Grosso relevó que durante el gobierno de Mauricio Macri y de la mano de Patricia Bullrich (su ministra de Seguridad) se desarrolló “una política de criminalización y de represión social”.
“Es la misma dirigencia política que incentivó y que ahora fogonea que la policía con mano dura sea la que aplique la Justicia. Ya sabemos que los resultados son muerte, vejámenes y desapariciones”, puntualizó Grosso.
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