Ganancias: una reforma para que ganen les trabajadores

“Es ideológico plantear a quién se le sacará plata. Y una vez que queda plasmado en una ley, eso se llama transferencia de ingresos. En este caso, para beneficiar a grandes empresas”.

Quien hablaba en diciembre de 2017 era la por entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. La Cámara alta estaba a punto de votar la reforma tributaria del macrismo que desfinanciaba a la ANSeS y favorecía a las grandes empresas con una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias.

Momento en el que ingresaban Sergio Mazza y Máximo Kirchner al recinto de sesiones.

Previamente, la Alianza Cambiemos había impulsado un consenso fiscal que ponía en jaque los ingresos de las provincias dentro de una estrategia de ajuste que incluyó el endeudamiento en dólares de 12 jurisdicciones. Santa Cruz fue una de las pocas que no tomó préstamos en moneda norteamericana.
Cuatro años después, el Frente de Todos busca revertir la reforma fiscal cambiemita, que también llevó a que el 23 por ciento de les trabajadores y jubilades pagasen Ganancias en 2019.

La sesión en Diputados se había planificado para el jueves. Pero la oposición quiso colar el tratamiento de la prórroga de los beneficios para los biocombutibles, un tema ríspido que incluso genera discusiones internas dentro del Frente de Todos.

Por lo tanto, la sesión de Ganancias comenzó este sábado y está previsto que luego de casi 200 oradores, se vote este domingo por la madrugada. Se estima que al subir de manera excepcional el mínimo no imponible a los 150.000 pesos de sueldo neto, más de 1,2 millón de trabajadores dejarán de pagar Ganancias.

El costo fiscal de la iniciativa, según una estimación realizada por la Oficina de Presupuesto del Congreso, será de 47.000 millones de pesos durante este año.

El total de trabajadores santacruceños que paga este tributo asciende en la actualidad a 25.716. Desde enero, existen 3.000 empleados provinciales que dejaron de pagarlo. Cuando este proyecto sea sancionado finalmente, casi 8.000 santacruceños quedarán afuera de Ganancias, es decir un 35,5 por ciento menos que el año pasado. En el caso de Neuquén, quedarán afuera del tributo 26.800 empleades, seguido por Chubut (24.700) y Río Negro (22.200).

“Con esta medida lo que estamos haciendo es atacar el nivel de pérdida en el poder de compra de los trabajadores y la clase media. En enero de 2016, el 13 por ciento de los trabajadores pagaba el impuesto a las Ganancias, y terminamos el 2020 con un 25,5 por ciento que fueron alcanzados por este impuesto. Vamos a recuperar el poder de compra de los trabajadores y la clase media”, sostuvo Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, al inicio del debate.

Terminamos el 2020
con un 25,5% que
fue alcanzado por
este impuesto

“El objetivo es que los 47.600 millones de pesos que el Estado resigna se vuelquen al consumo para dinamizar nuestra economía. Esto implica más plata en el bolsillo de trabajadores, jubilados y pensionados para gastar en los comercios de nuestros barrios, con el efecto multiplicador que ello tendrá para el conjunto de la economía provincial”, agregó la cordobesa Gabriela Estévez.

Lo negociado

Durante el debate en comisiones, el proyecto de Ganancias recibió varias modificaciones en función de las propuestas del arco sindical y la propia oposición. Algunos de los cambios fueron los siguientes:

*La suba del mínimo no imponible será retroactiva al primero de enero y el aguinaldo quedará exento del pago del tributo.

*Fue incorporada la deducción del concubino, actualmente se permite sólo el cónyuge.

* Se mantendrá el diferencial del 22 por ciento que perciben los trabajadores de la Patagonia en concepto de zona desfavorable.

* Se les permitirá a los jubilados que perciban ingresos distintos al haber jubilatorio, como por ejemplo una renta de alquiler o intereses de un plazo fijo, acceder igualmente al beneficio de la deducción de Ganancias, que pasa de seis a ocho haberes mínimos.

* A su vez, se eximirá del impuesto al reintegro por gastos de guardería para los hijos de hasta tres años, con un tope de hasta el equivalente al 40 por ciento de la ganancia no imponible, 67.000 pesos al año, es decir 5.590 pesos mensuales.

* También se aumentará la deducción por hijo con discapacidad hasta los 18 años y se prorrogará hasta el 30 de septiembre de este año la exención de las horas extra y guardias -activas o pasivas- del personal de salud, debido a la pandemia del Covid-19.

Ganancias S.A.

En paralelo, el Gobierno Nacional envió otro proyecto que propone aumentar las alícuotas de Ganancias para empresas, desde el actual 25 por ciento al que lo había reducido Macri al histórico 35 por ciento. De esta manera, el fisco prevé recaudar unos 120.000 millones de pesos extra entre 2021 y 2022.

Argentina es uno de los países de la región donde la recaudación de Ganancias sobre el PBI registra uno de los valores más bajos: apenas un 2,7 por ciento frente al 4,7 por ciento de Chile, país modelo para los neoliberales.

La Unión Industrial Argentina dará a conocer en los próximos días un informe con sus “críticas” a los cambios propuestos, mientras que Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) volvió a propalar la falaz idea de que el Estado (nacional, provincial y municipal) se queda con el 77 por ciento de la renta de los productores.

“Las empresas crecen inversamente proporcional a los retiros (Impuestos en este caso) que se hagan de la misma, la alta carga impositiva reduce beneficios y deja menor capital para reinversión productiva”, difundió Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

Para ellos, los niveles de informalidad laboral del 60 por ciento en el sector rural y la gran cantidad de casos de trata laboral en el campo también son consecuencia de la “presión tributaria”.

Así como para la UIA, dicha presión es lo que explicaría los niveles de evasión en el país. “Yo señor, no señor”, dirían los expertos en el juego del Gran Bonete.

El reacomodamiento también supone que aquellas sociedades que tengan ganancias netas hasta 1,3 millón de pesos pagarán la alícuota del 25 por ciento, mientras que habrá un universo de empresas medianas que pagarán el 30 por ciento.

Según un informe del Poder Ejecutivo, analizado durante la última reunión del Gabinete Económico, el 75 por ciento de las entidades comerciales del país pagará una alícuota de Ganancias más baja que la actual. Es decir que habrá una búsqueda de una mayor progresividad tributaria y promoción de las pymes.

Argentina exhibe un nivel de recaudación menor que otros países en relación al Impuesto a las Ganancias de sociedades como consecuencia “de la evasión fiscal y de la reducción de alícuotas del 2017”, según la apreciación que hacen desde el Ministerio de Economía.

En 2018, Argentina recaudó un 2,7 por ciento del PBI por el concepto de Ganancias Sociedades, mientras que Chile lo hizo en un 4,7 por ciento, Colombia en un 5 por ciento, México en un 3,4 y Uruguay en un 3,1 por ciento.

El Gobierno pretende recaudar durante este año 41.000 millones de pesos extra, mientras que para 2022, ingresarían al fisco 80.000 millones de pesos más. Es decir, 120.000 millones de pesos en los próximos dos años.

¿Y el Poder Judicial?

En su carta de renuncia a percibir su salario como vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner deslizó un tópico que siempre regresa: los jueces y juezas del país no pagan Ganancias.

Recientemente se presentaron dos iniciativas para que les magistrades empiecen a pagar este tributo. Uno corresponde a Marcelo Casaretto. “Se agita el avispero, no es un proyecto que pueda aprobarse de un día para el otro pero hay que abrir el camino. Los jueces recién entienden algo cuando se les toca el bolsillo. Este es un proyecto mío, no comprometo a nadie, pero ya se sumaron 35 adhesiones de otros legisladores”, sostuvo el entrerriano.

Otra iniciativa fue presentada por Rodolfo Taihlade. Su percepción es que será muy difícil que pueda aprobarse un cambio rotundo en el régimen de privilegio del que goza el Poder Judicial. Sin embargo, su proyecto también propone que los magistrados jubilados empiecen a pagar ganancias.

El año pasado, el Congreso reformó la ley de jubilaciones para el Poder Judicial al quitar el concepto de “estado judicial”. Esto significa que jueces y juezas jubiladxs no pueden ser convocados para subrogar. Entonces, como ya no existe más esa definición de la cual les jubilades de esta casta se amparaban para no pagar Ganancias podrían pasar a pagar el tributo. Es la apuesta.

La ANSeS cubre aproximadamente 5.000 jubilaciones de jueces y juezas que rondan, en promedio, los 350.000 pesos.

Agenda energética

En su discurso del 1° de marzo, Fernández adelantó que se enviaría al Congreso una ley de fomento a los hidrocarburos. Según indicaron desde YPF, podría ingresar en los próximos diez días.

El titular de la empresa, Pablo González, sostuvo durante una charla con les gobernadores de las provincias productoras que la norma favorecerá tanto a los recursos convencionales como los no convencionales. Y aseguró que uno de los beneficios que se incluiría es la posibilidad de que las operadoras accedan al mercado único de cambio con cierta flexibilidad.

La charla de González era seguida por Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo y por Darío Martínez, secretario de Energía.

Otro tema de la agenda energética será la prórroga de los beneficios para la producción de biocombustibles. El legislador Máximo Kirchner está preparando una iniciativa que apuntará a beneficiar a las pymes productoras de biocombustibles. Pero también reduce los niveles de corte para complementar con las naftas tradicionales, una decisión que beneficia al sector petrolero.

“La nueva ley acompaña el esfuerzo de las pymes que invirtieron con la ley de promoción de biocombustibles, estableciendo que el 100 por ciento del corte mínimo obligatorio sea distribuido por la autoridad de aplicación entre las pymes de biodiesel y bioetanol, garantizando a los mismos cuota, precio y tiempo”, puede leerse en un documento de trabajo.

El objetivo es que las petroleras adquieran la totalidad del insumo de las pymes productoras de biocombustibles y, en caso de algún faltante, podrían solicitar autorización a Energía para comprar el biocombustible a empresas que tengan stock, ya sean grandes o medianas.

En el país existe un total de 55 plantas biodiesel y bioetanol, de las cuales sólo 15 tienen un peso importante. Son las mismas sociedades que tienen peso de lobby en el Consejo Agroindustrial Argentino. El resto serían las Pymes que se incorporarían.

El lobby entre petroleras y cerealeras es cruzado. El proyecto que se intenta consensuar dentro del Frente de Todos es equidistante: beneficia a los pequeños productores de biocombustibles y a la vez, reduce los niveles de corte. La oposición muy cercana al agronegocio- intentó sancionar una prórroga del régimen actual (sin beneficios a las pymes) durante una sesión especial que careció de quórum.

Hay un dato que es relevante para pensar la incidencia territorial de esta discusión. En el sector de los hidrocarburos, hay 47.000 puestos de trabajo directos en todo el país, desagregados de la siguiente manera: Neuquén (19.712), Chubut (13.156), Santa Cruz (6.900), Mendoza (4.100), Río Negro (2.500), Tierra del Fuego (700) y Salta (560).

Mientras que en el segmento del biodiesel habría 3.000 empleos directos y en bioetanol de maíz 1.500, aproximadamente.

Es decir que la incidencia territorial de la industria de los hidrocarburos es mucho más trascendental que la de los biocombustibles, sector además mucho más propenso a la precarización laboral.

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