Lavado de dinero y narcotráfico: “Son dos causas extremadamente complejas y tenemos trabajo por delante”, indicó el Fiscal

La investigación federal por presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos en Santa Cruz sumó nuevos avances durante esta semana, luego de un megaoperativo que incluyó 27 allanamientos en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales de la provincia y distintos puntos de Buenos Aires. Los procedimientos, que comenzaron el lunes 9 de noviembre y venían de una investigación de once meses. Estos permitieron avanzar sobre dos investigaciones que, aunque tienen objetos diferentes, presentan conexiones entre sí.

Tal como informó La Opinión Austral, una de las causas busca establecer la existencia de una presunta organización dedicada al transporte y comercialización de estupefacientes, mientras que la segunda apunta a determinar si existió una estructura destinada a administrar, explotar y poner en circulación bienes que estarían vinculados con Lázaro Báez. Las pesquisas también alcanzaron a personas que tendrían participación en ambas estructuras.

El despliegue judicial incluyó allanamientos en domicilios particulares, establecimientos comerciales, propiedades vinculadas al empresario y el Servicio Penitenciario Federal de Ezeiza, donde permanece detenido Báez. Entre los elementos secuestrados hubo documentación, vehículos y sustancias que serán sometidos a los análisis correspondientes.

En ese contexto, las audiencias de formalización se extendieron durante toda la jornada del jueves 12 de noviembre. La Opinión Austral informó que fueron formalizadas doce personas en el marco de la investigación, entre ellas el propio Báez y Claudia Insaurralde, su pareja. La Justicia también dispuso medidas de prisión preventiva y otras restricciones de libertad para los involucrados.

Entrevistado por LU12 AM680, el fiscal federal de Río Gallegos, Julio César Zárate, explicó los alcances de las dos investigaciones, la situación procesal de los acusados y las pruebas reunidas. Además, se refirió a los audios que trascendieron públicamente y que contendrían instrucciones para administrar propiedades y realizar operaciones comerciales con bienes que estarían sujetos a medidas judiciales.

El funcionario sostuvo que todavía queda trabajo por delante y no descartó nuevas medidas en el marco de los expedientes.

La palabra del fiscal Zárate

LOA: ¿Ya se formularon cargos o existe algún grado de acusación contra las personas que fueron detenidas o aprehendidas durante los últimos procedimientos? ¿Cuál es su situación procesal?

Zárate: Se realizó una investigación y, para que se entienda cómo funciona el nuevo Código, esta es la instancia en la que se hace la acusación, se presenta la evidencia que se reunió durante la etapa de investigación y se individualizan las personas involucradas. También se solicitan las prisiones preventivas y se definen las cuestiones relacionadas con la libertad. Por la complejidad de los dos casos, las audiencias se extendieron durante toda la mañana y la tarde, prácticamente hasta las ocho de la noche.

LOA: ¿Cuántas personas quedaron con prisión preventiva y cuántas están sujetas a la causa, pero en libertad?

Zárate: Son nueve personas formalizadas en una causa y once en la otra. Lo que sucede es que algunos nombres se repiten. Hay personas con prisión preventiva, otras con arresto domiciliario y otras con libertad controlada. En estos últimos casos, por ejemplo, tienen prohibido salir del país y deben presentarse a firmar. Hay personas detenidas en ambas causas. En una tenemos siete personas con prisión preventiva por 180 días y en la otra, si no recuerdo mal, creo que eran cinco.

LOA: ¿Son todas personas de Río Gallegos?

Zárate: No. Tenemos personas detenidas en Buenos Aires y otras que están detenidas acá en Río Gallegos.

LOA: En las últimas horas aparecieron audios que fueron difundidos por distintos medios, en los que presuntamente Lázaro Báez daría instrucciones para administrar propiedades y realizar operaciones comerciales. ¿Qué puede decir al respecto?

Zárate: No hay que interpretar que se trata de información reservada. Durante la misma audiencia se exhibieron todas esas pruebas que después fueron reproducidas por la prensa. Son audiencias públicas, no reservadas. A diferencia del otro Código, que tenía un carácter secreto, ahora se puede presenciar lo que sucede en la sala de audiencias. Esos audios forman parte de las intervenciones telefónicas que se habían obtenido particularmente en la causa de narcotráfico.

LOA: ¿Están previstos nuevos allanamientos o consideran que con las detenciones y las pruebas recolectadas ya se puede avanzar en la investigación?

Zárate: No es mucho lo que puedo hablar sobre eso. Lo que sí puedo decir es que tenemos medidas y trabajo por delante. Son dos causas extremadamente complejas desde el punto de vista operativo y de la investigación. Nunca podemos descartar algo que eventualmente tengamos que hacer. Seguimos trabajando con lo que tenemos y con lo que logramos obtener de los allanamientos. Entre las dos causas se realizaron aproximadamente 27 allanamientos y también hubo una importante cantidad de pedidos de informes y requerimientos de documentación a determinadas personas que tenían vínculos con los investigados.

LOA: En el caso de Báez, ¿la acusación está relacionada exclusivamente con el lavado de dinero o también existen conexiones con las personas investigadas por narcotráfico?

Zárate: Para hablar de lavado de dinero hay que tener en cuenta que existe lo que se denomina un delito precedente. No necesitás acreditar que tenés una condena por ese delito, sino demostrar que existen indicios de una actividad delictiva, que puede ser evasión tributaria, narcotráfico, corrupción o lo que sea. Lo que se le imputó particularmente (a Báez) fue una maniobra de lavado de dinero. Dentro de esa imputación se indicó la utilización de toda una red de personas que también aparecen vinculadas con la investigación por narcotráfico. En la otra causa, las imputaciones fueron por asociación ilícita, comercio de estupefacientes y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

LOA: ¿Cristian Ibáñez, señalado como presunta mano derecha de Lázaro Báez, está imputado en las dos investigaciones?

Zárate: Sí, efectivamente. Está imputado en ambos casos, tanto en el de narcotráfico como en el de lavado de dinero.

LOA: ¿Va a ser trasladado a Río Gallegos o continuará detenido en Buenos Aires?

Zárate: No lo sé, porque no es una cuestión que manejemos nosotros. Es algo que queda a disposición del juez y de la defensa. Creo que se solicitaron algunos traslados, pero esa decisión no la tomamos nosotros. La manejan los organismos correspondientes del Servicio Penitenciario Federal, que determinan en qué lugar va a permanecer cada detenido.

LOA: ¿Y Claudia Insaurralde está imputada en una de las dos causas o en ambas?

Zárate: No, está imputada solamente en la causa que está vinculada con Báez.

LOA: ¿Los allanamientos también se realizaron en oficinas y otros lugares donde no necesariamente hubo personas detenidas, pero que podían aportar documentación o información para la investigación?

Zárate: Sí. Si se entiende el contexto de las denuncias, las escuchas y demás, hay mecanismos que se habrían establecido por fuera de los mecanismos oficiales o de los mecanismos comerciales normales. Para formular un contrato, por ejemplo, lo hacés con las partes que están habilitadas para hacerlo. En particular, cuando lo que se le está imputando al señor Báez es justamente algo que no puede hacer, porque tiene prohibida la disposición de determinados bienes. Eso está estipulado judicialmente. Fue algo que exhibí tanto a él como al juez y a los abogados. Tiene una determinación judicial por su condición. Como está condenado, no puede realizar ese tipo de maniobras. También sucedió algo similar con otro empresario local que está condenado. Nosotros solicitamos la prisión preventiva y el juez hizo lugar al pedido por 180 días. Esa persona tenía salidas laborales autorizadas. La condena tenía una prohibición específica de ejercer el comercio con ganado. Eso lo demostré durante la audiencia y los audios lo vinculan con operaciones de compra y venta de animales sin documentación, provenientes de determinadas estancias.

LOA: ¿Todas las personas que fueron detenidas quedaron vinculadas a la causa? ¿Hubo alguna situación en la que se determinara que alguien no tenía relación con los hechos investigados?

Zárate: Todas las personas que pedimos formalizar fueron formalizadas. Y todas las personas para las que solicitamos prisión preventiva tienen esa medida. Pero hay que aclarar algo: un allanamiento no significa necesariamente que una persona sea imputada en una causa. El allanamiento tiene otra finalidad. Como expliqué al principio, hubo personas a las que les pedí que me entregaran información porque estaba facultado para hacerlo por el Código. Esa persona tenía la obligación de entregar la documentación. Si no lo hacía, en determinado momento podía solicitar un allanamiento. Cuando uno pide directamente un allanamiento, tiene que fundamentarlo. El día anterior a los procedimientos tuve una audiencia de casi cuatro horas con el juez (Claudio Vázquez) para explicarle, caso por caso, por qué solicitaba cada medida, qué evidencia tenía y por qué necesitaba ingresar a determinado lugar. No es que uno solicita una orden de allanamiento y va directamente. Hay que fundamentarla, explicársela al juez y, si entiende que corresponde, la autoriza.

LOA: ¿Qué ocurrió con los vehículos y otros bienes que fueron secuestrados durante los procedimientos?

Zárate: Hay que distinguir entre las distintas medidas. Una cosa es un allanamiento y otra es el secuestro de elementos que pueden provenir de un delito. Cuando adquirís un vehículo, verificas que la persona que te lo vende esté habilitada para hacerlo, que figure a su nombre y que la documentación esté en regla. En este circuito de personas, en cambio, los vehículos no eran puestos a nombre de quienes los utilizaban. Se recurría a terceras personas y se realizaban transferencias de una manera irregular. Estamos hablando de vehículos de mucho valor, camionetas y automóviles de alta gama. Lo que tenemos que asegurar es que nada de lo que provenga de un delito siga circulando. Esa es la realidad.

LOA: En una entrevista anterior le habíamos consultado por una persona que falleció en Río Gallegos y que habría estado encargada de una de las estancias investigadas. ¿Formaba parte del listado de personas que estaban bajo investigación?

Zárate: Como vos mismo lo planteaste, no puedo hablar de la relación de una persona fallecida con esta causa. Una de las circunstancias por las cuales alguien no puede estar involucrado en una causa es precisamente estar fallecido.

LOA: ¿Se puede hablar de las posibles penas que podrían recibir las personas imputadas?

Zárate: Es muy temprano para hablar de penas. En términos generales, las personas imputadas tienen una acusación por asociación ilícita en los dos casos. Son delitos con penas graves que no permiten una condena en suspenso. Por eso, uno de los motivos que tenemos para solicitar la prisión preventiva, además de los riesgos de fuga y otras cuestiones, es que entendemos que son personas que podrían quedar detenidas ante una eventual sentencia. En el caso del narcotráfico, la pena mínima es de cuatro años de cumplimiento efectivo. Además, acá hay agravantes por la cantidad de personas, por la organización y también por la vinculación con el lavado de activos. Todo eso se analiza en relación con los hechos y las distintas imputaciones.

LOA: Muchos vecinos se preguntan cómo era posible que Báez siguiera manejando este tipo de negocios y operaciones estando detenido, y que además pudiera disponer de bienes que supuestamente estaban inmovilizados por la Justicia. ¿Cómo se explica esa situación?

Zárate: Entiendo la pregunta. Lo que expliqué durante la audiencia es que una cosa es que los bienes estén cautelados y otra es que eso signifique que cualquier persona conozca esa situación y, por lo tanto, no se meta con ellos, no los adquiera o no explote un negocio relacionado. Hay bienes que están para decomiso, lo que significa que todavía tiene que resolverse esa situación, pero que están inmovilizados y no pueden venderse. Hay otros que ya están decomisados y figuran a nombre de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. También existen bienes destinados a cubrir la multa, que es de muchos millones de dólares y a la que tiene que responder. Lo que se observa es que la organización no tuvo ningún tipo de consideración respecto de que él estuviera detenido ni de las restricciones judiciales. Por el contrario, habría buscado burlar los mecanismos existentes para continuar con las actividades. En la audiencia exhibimos contratos firmados por personas que figuraban como presidentes de sociedades que ni siquiera tenían número de CUIT. Eran situaciones completamente irregulares.

LOA: ¿Existe alguna reflexión desde la Justicia sobre el hecho de que Báez pudiera continuar manejando operaciones desde la cárcel?

Zárate: No puedo hacer una reflexión ni criticar algo que corresponde a otras instancias. Lo que sí puedo manifestar es que requerí una medida que entiendo que era necesaria. Los otros fiscales que estuvieron presentes en la audiencia, el doctor Luciani y el doctor Córdoba, también tomaron conocimiento de la situación. Entiendo que van a solicitar otro tipo de medidas, porque el cumplimiento de una pena también implica que no se puedan seguir ejerciendo o cometiendo delitos desde un lugar de detención. Eso será una cuestión que tendrán que resolver otros fiscales con otros jueces de las jurisdicciones correspondientes.