La última semana se concretaron las tres jornadas de la Audiencia Pública N° 101 convocada por el Ente Regulador del Gas (ENARGAS).
Intervinieron 226 oradores que representaron a las empresas distribuidoras; transportistas; defensores de usuarios; además de instituciones intermedias que expusieron sus experiencias al momento de enfrentar los exorbitantes costos de la tarifa que se dio en la era de Cambiemos.
De acuerdo con lo previsto en este proceso, inició un período de 30 días hasta que el ente regulador se expida sobre un nuevo esquema tarifario de transición. Mientras tanto, las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas.
Antecedentes
La revisión surgió a partir del Decreto 1020/20 en el que el presidente estableció el proceso de la renegociación y revisión integral de la tarifaria de 2016 y 2017 del servicio del gas por redes, suspendiendo los acuerdos vigentes (otorgados por el macrismo) con la misión de establecer un régimen tarifario de transición.
En la apertura de la audiencia, el interventor de ENARGAS, Federico Bernal, había observado que el nuevo cuadro tarifario fue el eje medular de las audiencias, transformándose en acto de participación ciudadano y democrático, participación y debate.
De esta manera, el Gobierno Nacional busca poner en el centro de la escena los derechos de los usuarios en la prestación del servicio. Se trata de una filosofía que va más allá de cualquier estadística, pretende que el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos consagrados por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional.
“La tarifa del servicio público de gas por redes -de alcance federal- puede contribuir o afectar la salud macroeconómica de la Nación, la cual se haya indisolublemente ligada a seguridad nacional, y no por su impacto en la política de subsidios (enfoque fiscalista), sino por el efecto que el servicio público de gas por redes tiene para el mercado interno y el desempeño productivo e industrial del país”, señaló el Gobierno mientras se llevaba adelante la audiencia.
Devolución
Leonardo Fuhr, concejal de Río Gallegos (FDT), participó del proceso democrático convocado por el ENARGAS. En su intervención recordó que fue uno de los argentinos que interpuso un Recurso de Amparo ante la Justicia Federal en rechazo a la “nefasta resolución del 2016 del ministro Juan José Aranguren (Cambiemos), que autorizó el incremento de hasta un 1.000 % las tarifas”, detalló a La Opinión Austral.
Producto del golpe que significó aquella decisión política, “en poco tiempo se acumularon los amparos” y la Corte Suprema de Justicia jugó un rol clave al frenar las subas bajo una sentencia inapelable y definitiva.
Fuhr: “Solicité que se renueven los subsidios para la Patagonia”.
Con este antecedente, Fuhr no abandonó la problemática que significa para las familias argentinas el pago de las tarifas de los servicios. Así fue que el pasado año, avanzó en una campaña que finalizó con un “reclamo Administrativo Colectivo contra la distribuidora Camuzzi Gas por mala facturación”, perjudicando el derecho de los usuarios.
En una recorrida de “casa por casa” recolectó alrededor de 1.000 reclamos de usuarios residenciales. Sin embargo, la distribuidora “respondió que los incrementos algunos duplicaron los valores entre marzo y abril del 2020- no eran irregulares. Obedecían al mayor consumo producto de la permanencia de las personas en sus hogares ante el aislamiento”, señaló a La Opinión Austral.
En paralelo, la problemática se agravaba porque las pymes regionales entraban en un escenario de serias dificultades ante el esfuerzo que demandaba la tarifa del gas, sumado a la devaluación e inflación.
Los puestos de trabajo peligraban y el desempleo crecía. De hecho, un estudio realizado por AFIP, aseguró que en la era de Cambiemos bajaron sus persianas unas 25 mil pymes.
“Ante la liviana respuesta de Camuzzi, concurrimos a la delegación regional de ENARGAS para que tome intervención”, buscando la restitución de los derechos de los usuarios, recordó Fuhr. Idéntico proceso se dio en la comunidad de Puerto Santa Cruz.
Mientras, los habitantes de la ciudad capital aguardan una respuesta a los reclamos por malas facturaciones, Fuhr valoró que la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia (Poder Judicial de la Nación) declaró (agosto de 2020) la nulidad de la Resolución 14/2018 para todos los usuarios residenciales del servicio de gas de Perito Moreno y Gobernador Gregores categorizados como “R-1”.
El gas significó más del 40% de una jubilación mínima
Asimismo, aquella Cámara ordenó a Camuzzi Gas del Sur S.A “revisar la facturación emitida desde septiembre de 2018 hasta el 23 de diciembre de 2019 y en todos aquellos periodos en que las subas hubieran superado el límite del 300%”.
El concejal precisó a La Opinión Austral que la actuación de la Justicia representa un costo de alrededor de $ 90 millones para la distribuidora.
Razonabilidad
El abogado Diego Lerena, en representación de la Asociación Civil Academia de Derecho y Ciencias Sociales, fue otro de los actores santacruceños que participó de las audiencias públicas.
“Celebramos este ámbito de escucha a la ciudadanía como presupuesto constitucional en un tema sensible en el que intervienen aspectos técnicos y económicos que el ciudadano de a pie no entiende”, observó en primera instancia.
La tarifa es un tema de soberanía energética
Seguidamente se centró en los “principios de justicia y razonabilidad” como “marco teórico para el ajuste de las tarifas del servicio público”.
Al igual que sus antecesores, recordó que en el 2016 la Corte Suprema de Justicia tomó intervención efectiva en el reajuste de tarifas e hizo dos pedidos: la reorganización de los procesos judiciales y solicitó al ente regulador un seguimiento en la “evolución de los aranaceles, inversión y todo lo relativo al ajuste”.
Diego Lerena: “La vida por encima de la economía”.
Observó que el rol del Estado en este tema sensible está fundado en la “incompetencia imperfecta”, apostando al interés público. “Entendiendo la tarifa que es el precio que el usuario paga por el servicio que recibe, y es el Estado quien debe vigilar que no exista un enriquecimiento de un sector y se privilegie a un grupo por encima de otro”, analizó el letrado.
En esta línea de pensamiento, precisó que en el derecho argentino el concepto de un precio justo y razonable data de 1890, “son locuciones viejas que costaron llevarlas a las prácticas. El Estado tiene que nivelar los intereses en juego ya que el asunto interesa al concedente, al concesionario y beneficiario”.
De esta manera, pidió que en la definición del nuevo esquema se alcance “el equilibrio entre la economía de los usuarios y de la gestión empresarial”; “no resultaría prudente un aumento de tarifas sin previa consideración de la realidad social y económica de la Nación. Esto es fundamental”. Aseguró que se trata de un conflicto ético: “La vida por encima de la economía”.
Empresas
En el turno de las distribuidoras, la gerente de Asuntos Legales de Camuzzi Gas Pampeana, Juliana Reggi, destacó que la tarifa que reciben sus usuarios tiene un peso de sólo el 17% en la factura final, quienes “pagan más de impuestos que por el servicio brindado”.
En las dos áreas regionales que atiende Camuzzi, entre ellas Santa Cruz, la empresa estimó que el incremento de los valores de distribución propuesto en carácter de transitoria implica una variación en la factura final de entre $50 y $150 pesos mensuales.
La resolución de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
En este escenario y con valores éticos y siguiendo los principios que rigen los derechos humanos regionales e internacionales, el Estado argentino tiene ante sí la responsabilidad de definir el nuevo régimen tarifario para el servicio del gas. El veredicto se dará a conocer en los próximos 30 días.
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